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Soluciones constitucionales para Empleo Público devolverán proyecto a su primer debate

Al resolver las 35 inconstitucionalidades encontradas por Sala IV, texto deberá ser votado en primer y debate, posteriormente, solamente nuevos temas podrán ser consultadas a Sala IV

El proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) volverá a recibir su primer debate, tras resolverse los 35 hallazgos de inconstitucionalidades que señaló la Sala Constitucional.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa, el plenario primero debe conocer la resolución completa de los magistrados de Sala IV, una etapa que aún debe ocurrir.

Las conclusiones de los magistrados fueron incluidas en un comunicado de prensa preliminar que se envió a medios la noche del sábado 31 de julio.

La Sala declaró que existen inconstitucionalidades dentro del proyecto de empleo público sobre violaciones a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las autonomías de las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.

Por reglamento, el trámite de estos artículos que causan roces a la aplicación constitucional del plan de Empleo Público debe conocerse dentro de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

Este órgano legislativo decidirá si acoge o no las observaciones del tribunal constitucional.

El artículo 146 del reglamento de la Asamblea legislativa establece, en su quinto inciso, que si “El proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo de Primeros Debates, si se hubiere modificado su texto; en caso contrario, el primer lugar en el Capítulo de Segundos Debates del orden del día”.

“En concreto, si se acogen cambios, se debe votar en primer debate”, escribió a UNIVERSIDAD la diputada presidenta del congreso, Silvia Hernández.

De acuerdo con el reglamento, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad trabajará el nuevo texto del proyecto de Empleo Público “por el plazo que el Presidente de la Asamblea (la diputada Hernández) le fije razonablemente, el cual podrá ser prorrogado”.

La Comisión de Constitucionalidad puede solicitar aclaraciones a los magistrados de la Sala IV si “tuviere dudas sobre los alcances de la opinión consultiva” que se tramitó sobre el plan de ley que trabajó el congreso con acompañamiento del Poder Ejecutivo.

“En todo caso, la Comisión podrá dictaminar sin que la Sala Constitucional se haya pronunciado sobre la aclaración o adición solicitadas”, dice también el reglamento.

Tras el dictamen afirmativo de la Comisión, este informe deberá ser conocido y discutido en el plenario de las 57 personas legisladoras. “Cada diputado y diputada tendrá hasta diez minutos para hablar por el fondo”, dice el reglamento.

Si la discusión se alarga antes del cierre del plenario (a las 6 p. m.), la presidenta del congreso puede dar el informe “por discutido y procederá a su votación de forma inmediata”.

Durante el primer debate, si los diputados aún no han procedido a modificar los 35 señalamientos de inconstitucionalidades, el proyecto también podría ser archivado por orden de la presidenta Hernández.

“El proyecto en discusión será enviado al archivo por el Presidente de la Asamblea en aquellos casos en que el Plenario decida que los trámites considerados inconstitucionales por la Sala, no puedan ser jurídicamente subsanados”, dice el reglamento legislativo.

Al modificar el proyecto para cumplir con la opinión previa de Sala IV, los diputados deben repetir este trámite y, nuevamente, podrían consultarle a los magistrados sobre otras dudas que no fueron evacuadas en el proceso anterior.

Avanzadas las etapas anteriores, incluyendo un nuevo primer debate afirmativo, el proyecto procederá a recibir su segundo debate y quedar en firme por el congreso, antes de la firma del Presidente y su publicación en el diario La Gaceta, como trámite final.

Hasta la fecha, la Asamblea Legislativa espera la resolución completa del tribunal constitucional para avanzar al trámite dentro de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

En el previo primer debate, el proyecto de Empleo Público consiguió 32 votos afirmativos del plenario.

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