Las mujeres migrantes representaron el 27,8% del total de personas ocupadas en el empleo doméstico durante el 2020, según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec); sin embargo, solo una de cada seis de ellas están aseguradas ante la Caja Costarricense del Seguro Social.
A esto se suma que en plena pandemia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió una recomendación técnica para que no se dieran permisos de trabajo a mujeres extranjeras para esta rama de actividad, aumentando la posibilidad de que trabajen de manera irregular y en condiciones precarias.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), durante el año 2020, las mujeres migrantes representaron el 27,8% del total de personas ocupadas en el empleo doméstico. A pesar de ello, solo una de cada seis de ellas, están aseguradas.
Así lo detalla el análisis “Boletín de Coyuntura Migratoria en Costa Rica No. 1”, iniciativa de los investigadores Koen Voorend del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Gustavo Gatica López, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (Uned).
El 22 de julio de 2020 el Ministerio de Trabajo emitió la Recomendación Técnica DNE-DML-OF-139-2020 de “no otorgar permisos de trabajo a mujeres extranjeras para esta rama de actividad”.
En noviembre de 2020, la Dirección de Migración informó mediante sus redes sociales que siguiendo esta recomendación “no aprobará solicitudes nuevas para la categoría especial de trabajo como empleada doméstica y que “esta medida se mantendrá hasta que las condiciones económicas y laborales lo permitan”.
Según los investigadores, esta recomendación, adoptada por la Dirección General de Migración y Extranjería “aumenta la probabilidad de que muchas de ellas se incorporen a esta ocupación de manera irregular y estén expuestas a que sus condiciones laborales sean precarias”.
Por ejemplo, en el país, el salario mínimo que establece el Ministerio de Trabajo para el trabajo doméstico ¢205,048, al mes) es el más bajo de todas las ocupaciones, afirman, de acuerdo con cifras del MTSS.
“Muchas mujeres reciben salarios inferiores al salario mínimo y frecuentemente se les priva del derecho a la seguridad social, vacaciones y horas extras”, recordaron.
La recomendación de no aprobar permisos de trabajo para la rama de actividad del trabajo doméstico no es realista, y fomenta la irregularidad y la desprotección.
En el texto muestran que a partir de 2017 aumentó la cantidad de mujeres nacidas en el extranjero que laboran en el servicio doméstico; pero el contexto de la pandemia por el Covid-19, esta participación aumentó en poco más de dos puntos porcentuales hasta ser la más alta registrada en los últimos años.
Asimismo, según registros administrativos de la Caja, muy pocas personas que laboran en el empleo doméstico están aseguradas. Este porcentaje pasó de 9,6% en 2015 a 17,1 en 2020 (de esta población en general).
A partir de estos datos y los provistos por la Encuesta Continua de Empleo, los investigadores estimaron que solo una de cada seis trabajadoras domésticas migrantes están aseguradas.
Los investigadores sí mencionaron que este análisis combina datos de la CCSS con los de la encuesta del Inec, por lo que deben observarse con cautela, al no ser estrictamente comparables.
