A principios de junio el Gobierno firmó un decreto impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de los migrantes que demuestren tener arraigo el país.
Sin embargo, este enfrenta cuestionamientos, pues desde al año pasado existe en el país un mecanismo para regularizar a los trabajadores extranjeros que se dedican a recolectar las cosechas agrícolas y hasta la fecha sólo 22 personas han solicitado regularizarse, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería.
En el marco de la emergencia por el COVID-19, las cámaras agrícolas afirmaron que se necesitaban unas 70 mil personas para las labores de recolección de café, naranja, caña de azúcar, sandía y melón, pero que no hay suficientes trabajadores costarricenses para hacerse cargo de estas tareas. Por este motivo presionaron para que el Gobierno emitiera un decreto para permitir la regularización de migrantes que entraron al país antes de enero de 2020.
La época de recolección de café empieza en agosto; las cosechas de melón, sandía, caña de azúcar comienzan a fines de noviembre; la de naranja va de diciembre a abril; y la de la piña es una actividad permanente.
De esta manera el 16 de junio el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en los sectores agropecuario, agroexportador o agroindustrial con arraigo en el país.
Sin embargo, Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), explicó que si bien este decreto crea un marco para regularizar la situación migratoria de migrantes que son mano de obra del sector empresarial, la forma en que lo hace deja en desventaja a los trabajadores respecto a las empresas. Asimismo, Adilia Solís, presidenta de la organización Cenderos, criticó que “se inventen ahora nuevas figuras y nuevas disposiciones, cuando se ha demostrado que no funcionan y se pretende depositar en las personas migrantes los altísimos costos de la regularización”.
Ya se hizo un decreto similar
En setiembre del año pasado, el Gobierno emitió el decreto 41969-MAG-MGP, para regularizar a los migrantes que trabajan en el sector agro y que ingresaron al país entre enero del 2016 y mayo del 2019.
Para aplicar había que presentar la certificación de antecedentes penales, un contrato de trabajo firmado por el patrono, una declaración jurada si es trabajador por cuenta propia, y un documento que acredite que está registrado ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Si le aprobaban la solicitud, tenía que pagar $60 y estar asegurado ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Según datos provistos a UNIVERSIDAD por la Dirección de Migración y Extranjería, únicamente se presentaron 22 solicitudes de regularización bajo ese decreto, de las cuales 17 fueron de migrantes nicaragüenses.
Sin embargo, el decreto 42406-MAG-MGP emitido el pasado 16 de junio es casi igual, solo que está dirigido a quienes comprueben que ingresaron al país entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020. Para aplicar se debe presentar una declaración jurada del patrono que demuestre que tienen un contrato o una oferta de trabajo; los trabajadores por cuenta propia deben tener una certificación del MAG; no tener antecedentes penales en su país de origen ni en Costa Rica; y pagar $60. El plazo para hacer el trámite empezó el 22 de junio y se extenderá hasta el 22 de setiembre del 2020.
El artículo 9 del decreto establece que la persona debe presentar -en caso de ser asalariado-, una declaración jurada de que va a trabajar con determinado empleador, y al indicarse una relación laboral, un requisito implícito es el aseguramiento ante la CCSS, explicó el investigador Gustavo Gatica.
El aseguramiento ante la CCSS
Gatica señaló que ya el decreto del año pasado pretendía la regularización de 40.000 personas del sector agro y era bastante similar al decreto actual; pero no tuvo el impacto deseado porque sugería que el trabajador asumiera la responsabilidad de asegurarse ante la CCSS.
“Ningún patrono tiene estímulos para contratar directamente a los trabajadores, sino que procuran que el trabajador se asegure por su propia cuenta”, dijo Gatica durante el conversatorio “Frontera, migración y pandemia”, organizado por el Programa Kioscos Socioambientales y el Centro de Investigación y Estudios en Política (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Suponiendo que la empresa está pagando el salario mínimo al trabajador agropecuario, de ¢10.620 colones diarios, o ¢318.000 al mes, el aporte del patrono a la CCSS tendría que ser de ¢45.600, que incluye seguro de maternidad y enfermedad, y de invalidez, vejez y muerte (IVM).
Por eso, con respecto al impacto de la entrada en vigencia del reciente decreto 42406-MAG-MGP, Gatica indicó que, por la forma en que está planteado, “difícilmente vaya a tener un impacto positivo en la cantidad de personas que se vayan a regularizar porque estos costos de aseguramiento, que son un requisito para obtener la categoría migratoria, en la práctica impedirán que las personas migrantes sigan la ruta de la regularización”.
Para Adilia Solís, docente de la UCR y ex integrante del Consejo Nacional de Migración, la voluntad de la regularización pasa por el bolsillo de estas empresas y sus ganancias. “La competitividad de Costa Rica en el mercado internacional es porque estas agroindustrias se basan en la explotación de mano de obra migrante”, declaró Solís.
Con respecto al decreto del año pasado, Solís apuntó que, en primer lugar, dice que el patrono tiene que dar un respaldo laboral al trabajador, pero los patronos no quisieron dar esa carta ni tampoco asegurarlos, ambos requisitos.
“Nunca hubo interés de las autoridades en implementar y regularizar a esta población o de negociar con las empresas y ahora quieren hacer esta nueva categoría que tampoco va a ser viable. ¿Por qué insisten en hacer lo que se sabe que no funciona?”, expresó Solís.
Se le consultó al MAG si conocían las razones por las que no hubo más solicitudes de regularización bajo el Decreto 41969-MAG-MGP y por qué las empresas agrícolas no han regularizado más de estos trabajadores si ya existía un mecanismo para hacerlo.
De acuerdo con la viceministra Ana Cristina Quirós Soto, consideran que “aún es pronto para esta valoración, porque estamos comenzando y aún hay plazo suficiente”. “Sabemos que hay mucho interés y las empresas están haciendo las gestiones para acompañar a sus trabajadores en el proceso”, afirmó.
