La diputada Sofía Guillén defendió este jueves que la presión de las mismas personas usuarias de transporte público ha conseguido paralizar momentáneamente el trámite del proyecto que extiende la vida útil de los autobuses, “por una única vez y por un plazo de tres años”.
La Comisión tendría que haber comenzado a ver las mociones del plenario legislativo, durante este miércoles 11 de enero. No obstante, el tema fue pospuesto.
“Es la señal de que la presión de la gente, de la sociedad civil, de los colectivos con personas con discapacidad, de los usuarios de bus, ha hecho efecto en la Comisión y la Asamblea Legislativa (…) No aflojen, no aflojemos”, afirmó Guillen en la Asamblea Legislativa, durante el control político de la sesión plenaria.
Guillén también acusó al Consejo de Transporte Público (CTP) de entregar información falsa sobre la cantidad de buses que, actualmente, tienen más de 15 años de funcionamiento.
La diputada explicó que en junio del 2022, la institución entregó un oficio a la Comisión de Económicos que decía que existían 234 unidades inscritas fuera del rango de la vida útil legal.
No obstante, para octubre, el monto disminuyó a 146 en un correo oficial. Y, por último, en diciembre, en la Comisión de Infraestructura, la presidenta del CTP, Sidia Cerdas, aseguró que eran 342 los autobuses que superan los 15 años de inscripción.
La diputada afirmó que existe intención de “asustar a la gente”.
“¿Alguien en el CTP sabe cuántas unidades están inscritas con más de 15 años o no? O nos están dando datos falsos o nos están mintiendo”, acusó Guillén.
La frenteamplista señaló sobre las declaraciones de Cerdas que mentir en su comparecencia legislativa, “es un delito”.
El proyecto de “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19” (expediente 22.530), fue propuesto por el exdiputado socialcristiano Erwen Masís, quien ahora es directivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Hasta ahora, la vida útil de los autobuses es de 15 años, según lo establece la Ley 7.600. Esta ley garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, usuarios que han mantenido férrea oposición a la circulación de vehículos públicos que no cuentan con debido acceso para personas que utilizan sillas de ruedas y otros aparatos para su movilidad asistida.
Originalmente, el proyecto planteaba permitir la circulación de autobuses con hasta 20 años de fabricación. El pasado 6 de diciembre, los diputados de la Comisión de Económicos aprobaron un transitorio para que la medida de extender ese plazo únicamente llegue a los 18 años.
Aún así, el proyecto deja en manos del CTP la autorización de circulación de los autobuses que superen los 15 años de antigüedad. Según esta disposición, la empresa encargada de la revisión técnica vehicular (la alemana Dekra) deberá certificar cada seis meses que los autobuses cumplen con las condiciones de circulación.
Plan que extiende vida útil a autobuses fue propuesto por nuevo director del BCIE, Erwen Masís
En julio, Masís dejó su nombramiento como asesor del PUSC en Asamblea Legislativa para convertirse en asesor del BCIE. En setiembre, un acuerdo multipartidista permitió aprobar el proyecto 22.530 en la Comisión de Asuntos Económicos, órgano que ahora estudia el plan de eurobonos.
PUSC, PLN, Nueva República y PLP acuerdan ampliar vida útil de los buses por tres años “una única vez”
Diputadas de los dos partidos defendieron el proyecto afirmando incluso que “no toca temas de discapacidad” aunque el proyecto consta de un artículo único que reforma justamente la ley 7600
