Los cinco sindicatos que conforman la denominada Alianza Sindical del Poder Judicial anunciaron que estarán vigilantes sobre el caso de la solicitud que la magistrada Patricia Solano hizo para que se eliminaran varias resoluciones de la base de datos de archivo institucional.
Si bien para consolidar una posición definitiva están a la espera de que se les remita el acta de la sesión de Corte Plena en que se conoció una consulta que al respecto les hizo la jefa del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, la dirigencia consultada por UNIVERSIDAD no dejó de manifestar su preocupación.
Esa Alianza está constituida por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), el Sndicato de la Judicatura (Sindjud), el Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu) y el Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi).
El caso en cuestión trata de una petición que por escrito realizado Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal o Sala III, para que se eliminasen siete resoluciones específicas de ese tribunal del archivo digital, todas relacionadas con desestimaciones de casos en que personas de los llamados supremos poderes de la República se vieron vinculadas.
Magistrada solicitó eliminación de resoluciones penales referidas a casos de supremos poderes
Álvaro Rodríguez, secretario general de la ANIC, hizo la salvedad de que requieren conocer la mencionada acta para entender mejor cómo se dieron los hechos y el planteamiento que ante ese Consejo Superior hizo la jefa del Centro de Información Jurisprudencia, Patricia Bonilla, en el que llamó la atención a que existen más de 300 resoluciones “de esa misma naturaleza en la base de datos”.
Sin embargo, manifestó que al haber sido ANIC quienes “acusamos lo del Cementazo, llama la atención que una vez más la Sala III se expone a criterios negativos y a cuestiones que pareciera que no se tiene vergüenza o no se tiene temor de ser acusado por hacer así las cosas así”.
Añadió que “no estoy acusando a la susodicha (Magistrada), pero se piden cinco casos puntuales que tienen que ver con desestimaciones y no el grueso (de 300 resoluciones similares), y llama la atención que son políticos que han colocado magistrados”.
Dijo que el caso “no agrada en el conglomerado judicial” y reiteró su preocupación que sea casualmente la Sala III en el tapete una vez más y de manera lamentable.
Tras recordar que el Presidente de la Corte, Fernando Cruz, puso el tema en conocimiento de Ministerio Público, Rodríguez aseveró que “le vamos a dar seguimiento, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas”.
María Victoria Salas, secretaria general de Sindijud, expresó en primer lugar que esa organización “desde que se enteró por supuesto que se alertó”, y subrayó que “tenemos un deber con la ciudadanía y la población judicial de ser no solo fiscalizadores y fiscalizadoras de probidad y transparencia y que se actúe de forma correcta, también tenemos que ser lo más prudentes y mesurados en cuanto a determinadas posiciones”.
Así, informó que esta misma semana la junta directiva del Sindicato se reunirá para analizar el tema, revisar la documentación aportada tanto por Patricia Bonilla como por la magistrada Solano y a partir de allí “analizar las normas que existen y que pueden llevar a una conclusión” sobre el caso.
Salas llamó a respetar la investigación abierta, la cual debe llegar “hasta donde sea posible, aclarando (el caso) por un tema de transparencia y honestidad, por la propia imagen del Poder Judicial”.
Añadió que una vez que como Sindicato “tengamos conclusión de qué debemos o no gestionar, lo comunicaremos al colectivo judicial del que formamos parte. Adicionalmente tomaremos una posición con base en análisis correcto y adecuado, como tiene que ser de sindicato de la judicatura”.
Por su parte Jorge Cartín, de Sitrajud, de igual manera dijo que están a la espera de conocer la mencionada acta del Consejo Superior, pero llamó la atención al hecho citado por Bonilla de que hay “300 situaciones similares con personas que no alcanzan la categoría de políticos conocidos”, por lo que resaltó la importancia de conocer por qué se pidió la eliminación de un puñado de resoluciones específicas.
“La información que manejo es la que ha salido en medios -ponderó-, pero está (mencionado en las resoluciones) Carlos Chinchilla, Doris Arias, y gente envuelta en casos importantes de falta a probidad incluso corrupción”.
Por ello, dijo que el caso “nos tiene sumamente preocupados que vaya más allá de un hecho concreto de sacar resoluciones que no llegaron a etapa de juicio, pero ¿por qué estas personas?”, cuestionó, en lugar de haber hecho una solicitud que abarcara todos los casos similares que existen en la base de datos.
“Podríamos estar ante un supuesto uso de poder para favorecer ciertas personas”, dijo, pero destacó la pertinencia de “esperar el criterio de la Dirección Jurídica” del Poder Judicial.
Cartín además mencionó que hace unos dos años el Sitrajud levantó una alerta en base al Informe del Estado de la Justicia, donde “se decía claramente que parecía existir una desmedida concentración de poder en los magistrados y magistradas”.
Recordó que en ese momento e Sitrajud envió un oficio a Corte Plena en que alertaba respecto de esa situación y a hecho de que en ese momento precisamente la magistrada Solano acababa de ser electa como presidenta de la Sala III, con lo cual quedaba una triple posición de relevancia, pues ya para entonces era vicepresidenta de Corte Plena y también preside las sesiones semanales del Consejo Superior.
“Es muy peligroso que el poder se concentre en una sola persona y esa es precisamente Patricia Solano”, aseveró.
