El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa), Mario Rodríguez, afirmó que los trabajadores de AyA siguieron órdenes de la gerencia general para cobrar facturas con estimaciones de consumo, y que, por la vía de una subcomisión institucional, los jerarcas de la institución fueron informados el 2 de abril del 2020 “del problema que se avecinaba con la facturación”.
Rodríguez afirmó que las advertencias fueron realizadas por las funcionarias Peggy Porras White y Adriana Zamora (a quien no llamó por su nombre), ambas fueron “enviadas a su casa”, sancionadas por el caso.
“A los únicos que no se les aplicaron tarifas estimadas o no se les dejó de hacer lecturas fueron a los grandes clientes del AyA. Pero a todos los ciudadanos de este pueblo, de Costa Rica, que estuvieron y tienen en estos momentos serios problemas de facturación, se les trabajó un tema de estimación”, afirmó Rodríguez frente a la Comisión de Ingreso y Gasto, de la Asamblea Legislativa.
“Cuando el gerente general emite una directriz es de acatamiento obligatorio. (La orden fue) estimar las facturas a partir de marzo del 2020. Se tuvo que tomar la misma decisión que se tuvo con grandes clientes, de no hacer estimaciones de tantos meses. Una cosa es estimar un mes, en medio de la pandemia, donde hay que proteger a los trabajadores por medio de protocolos del Ministerio de Salud, y otra cosa es dejar tres o cuatro meses de estimaciones que tienen esta gran afectación”, respondió Rodríguez a la diputada Yorleni León, quien pidió aclarar cuál fue la orden que dio la gerencia de AyA.
Rodríguez dio cuenta de “los fondos públicos de la institución no están siendo bien administrados, en relación al servicio público que se debe dar”. Responsabilizó a “la gerencia general, presidencia ejecutiva y directores”, en estos últimos también dijo que incluye a los directores regionales.
Aresep ordena al AyA resolver definitivamente problemas de facturación de miles de usuarios
La Aresep ordenó al ente resolver los problemas de facturación en 30 días, a partir del 19 de noviembre, fecha en que el AyA recibió el informe.
El secretario de Sitraa dijo a los diputados que existe una estrategia de “desestabilizar para privatizar” los servicios públicos del AyA.
Enumeró que, el año pasado, la institución giró al Ministerio de Hacienda un total de ¢688 millones por impuesto de valor agregado (un IVA que se calculó precisamente con las facturas estimadas); ¢543 millones millones para publicidad y ¢84 millones para servicios profesionales de salud ocupacional que “no son utilizados por los trabajadores (…) se contrataron servicios, a terceros, durante la pandemia, que no estaban siendo usados por los trabajadores”.
“Cuando los trabajadores de campo no tienen para cambiar una tubería, los implementos necesarios, pero si hay recursos para llevarse $325 mil para publicidad (en un contrato que el sindicato consiguió frenar), es cuando decimos que está mal administrada la institución”, apunto el secretario general de Sitraa.
La diputada Yorleni León pidió especificar las compras innecesarias que realizó el AyA.
Rodríguez señaló que varias se pararon por las denuncias que realizó el sindicato en comunicados de prensa y medios de comunicación ( bolitas antiestrés, publicidad en medios, consultorías).
“Denunciamos que se estaban trasladando 1500 millones del AyA hacia el Gobierno Central. Fue una solicitud directa del Ministro de Hacienda a las instituciones públicas. Nos parecía que el AyA, siendo vital, y con fondos de la recolección de facturación (mal calculada), no podía darle esos millones al Ministerio de Hacienda, aunque el gerente general solicitó que se dieran los ¢1.500 millones para el Gobierno”, dijo Rodríguez.
La diputada socialcristiana Shirley Díaz preguntó si el sindicato tiene medidas sugeridas sobre los cobros excesivos. Díaz afirmó que los problemas de facturación en el 2020 sumaron cobros extra por ¢2.537 millones que afectaron a ¢38.000 usuarios del país.
El secretario general de Sitraa afirmó que los diputados pueden eliminar el IVA del cobro del agua potable “para ayudar en la facturación”; cuestionó que la gerencia del AyaA continúa “acomodada” en sus cargos y que prevén que la institución vuelva a solicitar un nuevo contrato por cientos de millones para “propaganda”.
Los diputados continuarán investigando este expediente.
