Los pasos de miles de personas allanaron este martes 16 de agosto el camino hacia mantener el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sin el recorte pretendido por el Gobierno.
Los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) agradecen a la multitudinaria manifestación por la veloz respuesta que ofreció la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, para mantener “el mismo presupuesto del 2022” para este próximo 2023, según dijo.
De esta manera, se “garantiza que becas y apoyos para la población estudiantil jamás se van a tocar”, según dijo el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, al finalizar la tarde de este martes.
“El papel líder que tiene la ministra de Educación marca una posición muy clara en que ellos no pueden darnos esa diferencia por el costo de vida. Nos dan el presupuesto del año anterior, pero parece que no pueden pagar el adicional. En esto va a radicar la negociación”. (Gustavo Gutiérrez, rector UCR)
“Me inclino a que la inconstitucionalidad fue un aspecto importante, pero el otro, muy importante, fue la reducción del presupuesto universitario en un 23%. Si el recorte no hubiera sido tan drástico, no hubiéramos tenido la movilización del día de hoy, que es histórica. Me lo dicen quienes saben de la materia, no lo digo yo. Hace años no se veía algo similar en nuestro país”, afirmó.
“Teníamos miles de personas, estudiantes, personal universitario, diputados y diputadas, sindicatos, muchos sectores sociales. No fue fácil: fue una reunión de casi tres horas, que no comenzó a las 9 a.m., sino a las 10(a.m.). Tuvimos que esperar al ministro de Hacienda (Nogui Acosta) que estaba en otra reunión”, detalló Gutiérrez sobre la negociación en Casa Presidencial.
“Hemos mantenido la misma línea. Es una línea que se sustentó en reconocer y comunicar que las universidades históricamente han contribuido muchísimo a este país; que la educación pública no puede ser sujeto de recorte en tiempos de crisis; que somos un bloque unido de los cinco rectores y la representación estudiantil; y que actuamos en función de nuestro juramento constitucional. Respetamos la Constitución misma, antes de la manifestación, durante y después de ella”, aseguró el rector de la UNA, Francisco González.
Las universidades lograron la convocatoria a la marcha en tiempo récord. Fue lograda entre la tarde del viernes 12 —cuando la ministra Müller ofreció una repentina transmisión en la que puso a competir la prioridad de la inversión pública entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el FEES, en medio de una crisis financiera del aparato público— y hasta la noche del lunes, feriado del Día de la Madre —cuando Müller volvió a interpelar a las universidades, para afirmar que no existía tal competencia entre los presupuestos, con la solicitud de que los medios de comunicación se apartaran de la negociación y calificando de “agresividad” las respuestas frente al recorte—.
El elemento constitucional, pese a que no fue el corazón de la marcha, sí está en la mente del Ejecutivo, de acuerdo con el rector Gutiérrez.
“Claramente, lo tienen muy visualizado, este es un asunto de Constitución Política. Pero nos dijeron que la realidad política del país es otra e hicieron un llamado para que lo entendiéramos”, aseguró el jerarca de la UCR.
Recién superado el tema de la propuesta de Gobierno, ahora los rectores concentrarán el diálogo de este 17 de agosto en concretar lo que también dice la Constitución Política: el dinero del FEES tiene que estar ajustado “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo” del colón.
Disipada la turbulencia de la marcha, que tuvo eco inclusive en sedes regionales como en San Carlos, la negociación vuelve a convertirse en un careo entre los cinco rectores de la UCR, UNA, TEC, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) y los cuatro jerarcas de la Comisión de enlace, liderados por la ministra del MEP.
A las 2:30 p.m., los rectores defenderán una propuesta del 4% de crecimiento y que fue emitida después de la marcha. La cuarta cita de negociación será en el edificio del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Rohrmoser.
En el gabinete Ejecutivo, “no tenemos aliados”, según señala el rector de la UCR.
“Con la mano en el corazón, fue hecha una propuesta del 4% (de incremento por inflación o costo de vida), a partir de ahí nosotros tenemos que negociar. ¿Qué va a pasar este miércoles? No tengo idea. Yo sentí algunas posiciones que entienden perfectamente lo de la Constitución Política. Vamos a ver (…). El papel líder que tiene la ministra de Educación marca una posición muy clara en que ellos no pueden darnos esa diferencia por el costo de vida. Nos dan el presupuesto del año anterior, pero parece que no pueden pagar el adicional. En esto va a radicar la negociación”, aseguró el rector Gutiérrez de la UCR.
“Esperamos tener el espacio para dialogar y llegar acuerdos en este otro punto. No es porque sencillamente queramos tenerlo. El incremento responde a una obligatoriedad constitucional”, dijo el rector González.
Diálogo tropezó en silencio y con hostilidad
De acuerdo con la Constitución Política, la administración de Rodrigo Chaves debió concluir la negociación por el FEES “a más tardar, el 30 de junio”. El oficio de convocatoria fue firmado por la ministra del MEP hasta el miércoles 3 de agosto, previendo una primera reunión en seis días.
Sin embargo, el mismo artículo lleva siete años sin aplicarse en su literalidad, pues se obliga a las administraciones a negociarlo cada cinco años. La administración del expresidente Luis Guillermo Solís inició su negociación anualizada en el 2016, con una rebaja propinada desde el 2018 en la Asamblea Legislativa para recortar ₡10.000 millones los fondos disponibles al 2019.
La pandemia por COVID-19 también desmovilizó, no solo a la comunidad estudiantil, sino al resto de colectivos sociales involucrados en temas de financiamiento público para educación, salud y otros servicios estatales.
Hasta el pasado 3 de agosto, en las vísperas de la primera reunión concertada por el Gobierno actual, fue que la Sala Constitucional resolvió que ese recorte del 2019, era contrario a la Carta Magna. Los magistrados resolvieron que reducir el presupuesto disponible para la educación pública superior se realizó “sin que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para ejercer tal conducta, al no existir el diferendo previsto en el artículo 85, de la Constitución Política”. No obstante, también esta resolución llegó tarde, tras tres años de arrastrar el mismo recorte en la elaboración del presupuesto.
Así, estos eventos apilan reclamos desde las comunidades que se benefician del FEES: estudiantes, académicos, proyectos de investigación y comunidades adscritas a las iniciativas de acción social. Los mismos grupos que la ministra de Educación aseguró que reciben “un cheque en blanco” para la ejecución del dinero y que salieron a las calles ayer.
“Llevamos un mensaje más allá de la defensa del FEES. Replanteamos y hablamos de defender la educación pública, porque estamos sumamente interesados en defender los problemas de primaria y secundaria que está enfrentando el MEP. Ahí hay una identificación importante, en términos generales, del pueblo de Costa Rica. Esto nos garantizó la convocatoria tan concurrida”, afirmó el rector Gustavo Gutiérrez de la UCR.
“Estamos sumamente contentos con esta movilización y transformación social. Estábamos apagados. Con la Ley de Empleo Público no logramos absolutamente nada parecido. En lo personal, estoy sumamente contento con la reacción del movimiento estudiantil en un primer día de clases del segundo semestre del año en curso. Es una lucha que nos garantiza la inversión justa y constitucional para la educación de nuestro país”, concluyó Gutiérrez en entrevista.
