El Ministerio de Salud tiene en sus manos la responsabilidad de elaborar un informe técnico, recomendando si es necesario restringir o prohibir el fungicida clorotalonil, que ha contaminado nacientes de Cartago que abastecían al menos a 9.000 personas. La pregunta que surge es si se prohibirán o “engavetarán” los informes técnicos, tal como hizo el Gobierno anterior con los borradores de decretos para prohibir los plaguicidas paraquat y glifosato.
El Coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Calidad de Agua Potable en el Ministerio de Salud, Albin Badilla Mora, dijo que en el ministerio se conformó un grupo interinstitucional que va a generar un informe sobre el clorotalonil para elevarlo a los jerarcas, y que se pueda tomar una decisión: restringir o prohibir.
Badilla informó lo anterior en el Foro “Plaguicidas en Costa Rica: El agua y su cuido como bien común”, realizado el pasado 25 de enero en la Asamblea Legislativa.
La población de Cipreses está recibiendo agua de camiones cisterna desde octubre del año pasado, porque el Ministerio de Salud prohibió usar el agua de las nacientes Plantón y Carlos Calvo para consumo humano y preparación de alimentos, debido a la contaminación con metabolitos de clorotalonil; es decir, productos derivados de la molécula original del clorotalonil. En noviembre se prohibió el consumo humano del agua de cinco de las siete nacientes de Santa Rosa de Oreamuno por la misma razón.
El clorotalonil es un fungicida que se usa en hortalizas, apio, culantro y cebolla, entre otros. Es el segundo fungicida de mayor importación en el país, aunque ha sido prohibido en 32 países, al ser considerado un plaguicida altamente peligroso debido a sus probabilidades de producir cáncer.
Los borradores de decretos “engavetados”
El anuncio de que una comisión interinstitucional emitirá un informe para recomendar la prohibición o restricción del clorotalonil remite a lo que ocurrió con borradores de decretos para prohibir otros agroquímicos en el país, los cuales fueron “engavetados” por la administración Alvarado Quesada.
El glifosato, herbicida ampliamente usado en el país, ha sido clasificado como “probablemente cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC). El uso del glifosato está prohibido en Austria y en distintas regiones de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza. Europa prevé extender el uso del glifosato únicamente hasta diciembre de 2023.
En Costa Rica, aunque en 2018 una comisión interinstitucional emitió un informe que recomendó prohibir el uso del glifosato por su peligrosidad para el ser humano y el ambiente, y redactó un borrador de decreto en ese sentido, el Gobierno pasado conformó una nueva comisión de alto nivel, que en junio de 2019 emitió un decreto, que únicamente restringe su uso.
El decreto, que solo exige tener una receta de un agrónomo para utilizarlo en el campo, quedó varado en Casa Presidencial, debido a que los exjerarcas de los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), Ambiente (Minae) y Salud le estaban dando prioridad a regulaciones para permitir el registro de agroquímicos y de nuevas moléculas, como indicó a UNIVERSIDAD en su momento el exjerarca del MAG, Renato Alvarado.
Mientras que en el caso del plaguicida paraquat, su uso está restringido en el país desde 2007, cuando se emitió un decreto que obliga a presentar receta profesional para su venta y comercialización, y prohíbe las aplicaciones aéreas y terrestres a bajo y ultra bajo volumen. El paraquat se usa para el control no selectivo de malezas, en presiembra, como defoliante en papa, y como desecante en piña y caña de azúcar.
Sin embargo, en 2018, un grupo de técnicos del MAG, Salud, Ambiente y Trabajo publicaron el informe técnico-científico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, que recomendó prohibir el paraquat en el país. Aunque se elaboró un decreto para prohibirlo, que incluso salió a consulta pública dos veces, este quedó engavetado al asumir la administración Alvarado Quesada.
En el reciente foro sobre plaguicidas, el jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Ricardo Morales Vargas, se refirió al tema y dijo que, si bien existen informes técnicos para justificar los decretos de prohibición del paraquat y el glifosato, “el Estado, jerarcas, decisores, optaron por una restricción de esos plaguicidas y no una prohibición.
UNIVERSIDAD preguntó a Morales cuál es el criterio técnico de los funcionarios del Ministerio de Salud sobre el clorotalonil; no obstante, la consulta aún se encuentra en trámite.
“Una restricción sería un saludo a la bandera”
El agrónomo Elidier Vargas, exfuncionario del Minae, quien participó en las comisiones técnicas que elaboraron los estudios que recomendaron prohibir el paraquat y el glifosato, afirmó que estas comisiones técnicas “nunca se relacionaron directamente con los ministros que, presuntamente, tomaron la decisión de mantener en el mercado estos plaguicidas”.
Sobre el clorotalonil, si la recomendación es restringirlo, “la siguiente pregunta es ¿en qué consistirían esas restricciones?”, dijo Vargas.
“Las restricciones no deberían ser ‘una receta profesional’, sino deberían ser las condiciones de uso en el campo, como dosis de uso, frecuencias de aplicación, plagas a controlar, cultivos en que se puede y en que no se debe aplicar, distancias respecto de fuentes de agua. Aquí es donde se refleja si el plaguicida es de uso restringido o irrestringido”, explicó Vargas.
Para Fabián Pacheco Rodríguez, ingeniero agrónomo y ecologista e integrante del Frente EcoCipreses, “es evidente que este tipo de decisiones técnicas están siendo entorpecidas por sectores agroindustriales”. “Se sacrifica en el altar de economía y el negocio la salud de la gente y el ambiente; poderoso caballero es don Dinero”, expresó.
Para Pacheco, una restricción sería “un saludo a la bandera”. “Restringir para un uso o área no sirve de nada porque al final de cuentas la gente seguirá comprándolo en las tiendas y aplicándolo sobre las áreas y cultivos que les dé la gana sin ningún mecanismo de control. El Estado no tiene la más mínima capacidad de hacer cumplir una restricción y regular en campo su cumplimiento”, recalcó Pacheco.
“Mientras se siga permitiendo la venta de clorotalonil en Costa Rica, los acuíferos de Cartago y muchos otros más que aún no sabemos, seguirán estando contaminados. No iniciaremos la cuenta regresiva hacia la descontaminación mientras se sigan fumigando con clorotalonil las áreas de recarga acuífera”, enfatizó Pacheco.
El caso de la comunidad de Cipreses
Cipreses, una comunidad eminentemente agrícola ubicada en la zona norte de Cartago, enfrenta problemas con el agua de consumo humano desde 2018 (Ver línea de tiempo “Recuento de lo acontecido con el agua de Cipreses”).
Como ha reportado UNIVERSIDAD, análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) confirmaron que el agua de las nacientes contiene derivados del fungicida clorotalonil en cantidades por encima del máximo permitido.
Según el análisis del AyA de setiembre pasado, los metabolitos del fungicida clorotalonil están presentes en una cantidad de 19,36 microgramos por litro, cuando el límite es 0,1, según el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Eso significa que la concentración supera en 193 veces lo permitido.
Otro análisis realizado por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del IRET, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) del AyA, registró que la concentración aumentó a 24,4 microgramos por litro en la naciente Plantón, según un informe enviado al Ministerio de Salud en diciembre. Eso significa 240 veces por encima de lo permitido.
Problemática en Cartago podría ser mayor
Albin Badilla, del Ministerio de Salud, recordó que después de que se clausurara la Asada de Cipreses para abastecimiento de agua potable, se intentó conectar la zona con la Asada de Santa Rosa y allí también se detectaron metabolitos de clorotalonil, por lo que fue clausurada.
Badilla reconoció que hay una alta posibilidad de seguir encontrando Asadas que dan positivo por contaminación con plaguicidas. “Hay una alta vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable en la región. La problemática que podríamos tener en Cartago podría ser mucho mayor. Evidentemente el camino que viene es serio”, expresó.
Por su parte, Clemens Ruepert, subdirector del IRET, UNA, y coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas, señaló que es importante investigar más cómo están las otras Asadas en la zona de Cartago. También hizo un llamado a revisar si el marco legal actual es suficiente para proteger, tanto las nacientes como las aguas subterráneas.
