La Sala Constitucional anuló la “medida cautelar” del Consejo de Gobierno mediante la cual en diciembre destituyó a quienes conformaban la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La decisión de la Sala implica que al menos la representante sindical ante la Junta Directiva, Martha Rodríguez y el designado por le sector coooperativista, José Luis Loría, deberán ser reinstalados en sus cargos.
El tribunal llegó a esa decisión al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la medida de la administración Chaves por el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae Afines).
“Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa”, se lee en el por tanto divulgado en el expediente digital a las 4 p.m.
Lenín Hernández, secretario general del Sinaes informó que el amparo fue interpuesto el 13 de diciembre ante una acción del gobierno que “fue totalmente arbitraria y violentó el debido proceso, le quitó la representación a los diversos sectores en la Junta Directiva y con ello se irrespetó la autonomía de la CCSS”.
Hernández celebró que “nos dan la razón”, fue notificado a las 4 p.m. expediente digital y recalcó que la resolución de la Sala IV “implica que queda nulo el nombramiento que hizo el gobierno, pues anula la medida cautelar del Consejo de Gobierno que fue la que separó del puesto a esas personas”.
Recordó que la “medida cautelar” del Consejo de Gobierno pretendió abrir una investigación en primer lugar por el supuesto conflicto de intereses de las personas integrantes de la junta directiva de la CCSS al haber acordado un reajuste salarial correspondiente a 2020 y porque al tomar esa decisión, según Casa Presidencial, se puso en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución.
“Lo importante es que se con esta resolución se respeta la institucionalidad, no se trata sólo de la CCSS, es un mensaje directo al Presidente de que no puede administrar Costa Rica como si fuera una empresa, que se debe respetar la división de poderes que ha permitido la paz social”, destacó Hernández.
Por otra parte Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a través de sus redes sociales reaccionó a la noticia y planteó que “¡la actual directiva ha estado tomando acuerdos ilegalmente! Se abre, incluso, la vía penal para pedir cuentas”.
Sindicatos exigen reinstalación de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS
Undeca y Bussco señalan que la maniobra del gobierno violenta la Constitución y la ley orgánica de la institución y afirman que como la auditoría interna aclaró que no hay conflicto de interés por el ajuste salarial, deben ser reinstalados
