La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que integra a decenas de organizaciones sociales y sindicatos, exigieron este jueves la restitución en sus cargos de los cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que el gobierno destituyó en diciembre pasado.
Según las organizaciones, la “maniobra” del ejecutivo es una más que atenta contra el Estado social y democrático. Además, aseguran, la medida violenta la Constitución Política y la misma Ley Constitutiva de la CCSS.
Los sindicatos reclamaron recordaron que el expresidente de la entidad fue destituido por el gobierno justo por defender el pago del legítimo derecho laboral y que la la actual presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, fue nombrada “con el compromiso de incluir a la CCSS en la regla fiscal y de eliminar el acuerdo salarial”.
Sin embargo, dicen, “al no poder cumplir con el mandato”, promueve un “juicio político” contra los directivos de la Caja: Martha Rodríguez (representante del sector sindical); José Luis Loría (cooperativas); Maritza Jiménez (solidarismo); Jorge Arturo Hernández (empresarios) y Carlos Salazar (gobierno).
Uno de los argumentos para la destitución de estos directivos fue justamente el supuesto “conflicto de intereses” que mediaban en la decisión del aumento salarial. El pasado 9 de enero de 2023, sin embargo, la misma auditoría interna de la CCSS dio razón a los directores y aclaró que no existe tal conflicto de intereses porque es un acto de alcance general.
Tras esta decisión, dicen Undeca y Bussco, se caen los argumentos para la destitución de los directivos y estos deben ser reinstalados.
Así, las organizaciones reiterarron su respaldo a su representante en la Junta Directiva, Martha Rodríguez y a los demás directores pues “hicieron valer la autonomía institucional y la justicia para con los trabajadores y trabajadoras, que con gran mística atienden cada día la salud de la población”.
