La Sala Constitucional ordenó archivar una investigación del Tribunal de la Inspección Judicial que inició un proceso administrativo disciplinario en contra de la letrada de la Sala III en el Centro de Jurisprudencia, Laura Chaves, por haber escrito un artículo de opinión en UNIVERSIDAD, en el que realizaba fuertes críticas a la exfiscala general, Emilia Navas.
En un fallo del pasado 29 de abril, el tribunal constitucional anuló el auto de traslado de cargos en contra de Chaves, dictado por el Tribunal de la Inspección Judicial y ordenó el archivo del expediente. Además, condenó al Estado al pago de las costas. daños y perjuicios causados.
La investigación se inició en enero de este año, ante una queja de la magistrada de la Sala III y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano por la publicación del artículo de opinión titulado Emilia Navas Aparicio: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!, que fue publicado en la edición digital de este semanario.
En el expediente se señalaba que Chaves podría haber violentado las normas propias del Poder Judicial, por haber externado su criterio sobre dos causas penales pendientes, pero la Sala Constitucional acogió el amparo presentado por la letrada y ordenó el archivo de la investigación promovida por Solano.
Sobre el tema Chaves indicó que la Sala Constitucional ratificó en este voto su criterio de que no puede “reprimirse el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, opinión o pensamiento, por medio de la potestad disciplinaria, pues sería una restricción contraria a la Constitución Política y a la vigencia de los derechos humanos fundamentales”.
La letrada destacó la importancia de que se reconozca el derecho de las y los funcionarios del Poder Judicial a expresar sus ideas y críticas sobre temas de interés nacional, aún si estas irritan o inquietan los debates. “No perdemos la libertad de expresión por el hecho de ser funcionarias o funcionarios públicos, es decir, tal condición no nos limita a opinar, principalmente de quienes están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
Para Chaves, la apertura del proceso disciplinario por emitir su opinión y críticas a la otrora Fiscala General es un “acto desproporcional que censura, amedrenta e inhibe el debate sobre asuntos de interés público” y según dijo, así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Iniciar un proceso para castigar o sancionar por externar un pensamiento sobre la labor de la ex Fiscala General de cara a la próxima elección de este cargo tan importante para la institucionalidad costarricense, es sin duda alguna, un acto intimidante e inhibidor, así como discriminatorio para el ejercicio de la libertad de expresión. La lucha que decidí emprender, la hice no solo en defensa de mis derechos, sino también por el colectivo judicial, el cual me impulsó a hacerlo, para que sepan que no hay que tener temor de expresarse con respeto, ni enfrentarse al poder”, concluyó.
