El presidente legislativo Rodrigo Arias solicitó este jueves un proyecto para centralizar las decisiones políticas del Poder Ejecutivo, durante comparecencia de la ministra de Planificación, Laura Fernández.
Durante la sesión de la Comisión de Reforma del Estado, Fernández dio una extensa exposición sobre la composición de la “sábana” de las 328 instituciones públicas con las que cuenta actualmente el Estado. La ministra se enfocó en solicitar una reforma administrativa para recortar esa cantidad de instituciones.
Arias, por otro lado, pidió a los diputados enfocarse en una reforma política que logre el mismo propósito de centralizar funciones.
“Quería solicitarles a ustedes, como Ministerio de Planificación, si ustedes nos podrían preparar, en una próxima reunión, un proyecto de una reestructuración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es un tema que han venido manejando. Una reforma integral del Poder Ejecutivo. La reestructuración sectorial del Poder Ejecutivo, en relación con todas las autonomías descentralizadas. Porque el Estado costarricense no puede seguir siendo islas. No puede seguir siendo el 33% del Poder Ejecutivo y el resto por la libre”, afirmó Arias.
“No podemos seguir viendo islas, porque los recursos son escasos”, dijo también.
En respuesta a la solicitud, la ministra Fernández aseguró enfocarse en proyectos anteriores que fueron abandonados.
“Rubén Hernández ha hecho varias propuestas, estas (propuestas) están ahí prestas para tener ruta de orientación”, afirmó la ministra de Planificación.
Hernández es un reconocido abogado que también tuvo una amplia participación en la construcción de la Ley de Empleo Público. Entre otros, fue magistrado suplente de la Sala Constitucional (1991 a 1993) e interpuso una de las acciones de inconstitucionalidad que, posteriormente, permitió la reelección del expresidente Óscar Arias Sánchez en el 2006. Es miembro del bufete Oller Abogados y también columnista de La Nación.
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La Ley de Empleo Público fue únicamente mencionada por la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, quien solicitó respuestas sobre las nuevas potestades que entregó al Ministerio de Planificación (Mideplan). Sobre este tema, la ministra Fernández no profundizó durante la sesión, pero manifestó estar anuente a responder por vía escrita sobre las tareas encargadas al Mideplan para el cálculo de las nuevas familias salariales.
En línea con la solicitud de centralización del diputado Arias, Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista y presidente de la Comisión de Reforma pidió “empezar por las reformas que van a impactar la calidad de vida de los ciudadanos, para después entrar en la conversación más filosófica de la organización del Estado”, dijo Feinzaig.
Previamente, fue la frenteamplista Rocío Alfaro quien presionó por establecer un marco filosófico para definir hacia dónde se dirige la Comisión de Reforma.
“Como decía el diputado (Jorge) Dengo hay mucho de trasfondo filosófico sobre qué entendemos por Estado, bienestar de la población y servicio público. No me sorprende la estructura del Estado, cuando uno ha estudiado la historia de Costa Rica, los servicios que se dan, y lo ha hecho de forma comparada con otros países, se da cuenta de que efectivamente los países con sociedades más democráticas y más complejas, tienen este nivel de estructuración, bastante amplio”, explicó Alfaro, cuyas aseveraciones no se retomaron en la discusión de este jueves.
Alfaro pidió que la Comisión de Reforma considere el costo político de que en las “rectorías más verticales para facilitar la dinámica en la toma de decisiones, la velocidad, pues perdemos en un grado importante la participación, la especialización y la descentralización”. Este tema tampoco fue discutido en la sesión.
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El diputado Rodrigo Arias se refirió específicamente a que Planificación establezca “qué mecanismos de control recomendarían para que exista una unidad que vele por todo el uso racional y eficiente de los fondos públicos en el sector público”.
“Se podría pensar en un solo presupuesto nacional para Costa Rica, podríamos pensar en un presupuesto nacional integral, de manera que la Asamblea Legislativa pueda tener control político sobre él”, sugirió el liberacionista.
Previo al 2021, la Contraloría General de la República tramitaba externamente los presupuestos de 240 instituciones descentralizadas. La Ley N.° 9524 (Ley para el Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central) redujo ese número a 190 instituciones del sector descentralizado.
Actualmente, están fuera de la aprobación legislativa los presupuestos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los tres bancos públicos (Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular), así como las cinco universidad públicas, entre otras instituciones que gozan de autonomías constitucional o por ley.
Arias admitió que para la reforma solicitada, se “van a requerir reformas legales, algunas se podrán hacer administrativamente, habrá otras que requerirán reformas constitucionales”.
