Dos actos de irresponsabilidad, tanto de la actual administración como de la pasada, tienen hoy a Costa Rica dentro de una lista negra de la Unión Europea por no cooperar en materia fiscal, para poner un impuesto a las ganancias que una persona o empresa genera en el extranjero.
Así lo afirmó Sofía Guillén Pérez, economista y diputada por el Frente Amplio, quien señaló que hay irresponsabilidad del Gobierno actual porque se esperó seis meses para comunicar sobre el tema desde que lo supo en agosto de 2022; y del Gobierno anterior, porque tampoco hizo pública la situación.
“Han pasado seis meses desde que lo sabían, seis meses en que pudieron haber presentado un proyecto de ley para que empezáramos a negociar y no lo hicieron”, criticó Guillén.
Las rentas pasivas extraterritoriales son aquellas ganancias que una persona o empresa genera en el extranjero. Las rentas “pasivas” se generan cuando se gana dinero sin tener que trabajar por él; por ejemplo, inversiones en títulos valores, rendimientos de capital inmobiliario, intereses que generan bonos u obtener premios de lotería.
“Tuvimos años para avanzar en la lucha anti fraude fiscal y no se ha dado porque no han querido los diferentes grupos de poder”. (Sofía Guillén, diputada y economista)
La Unión Europea (UE) añadió este martes a Costa Rica en su lista de países que no cooperan en materia fiscal, por incumplir su compromiso de reformar el sistema tributario para gravar las rentas pasivas extraterritoriales, anunció el Consejo Europeo en un comunicado.
La decisión la tomó el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Economic and Financial Affairs Council), conformado por los ministros de economía y finanzas de los 27 países miembros de la UE.
Culpan a administración Alvarado Quesada
Según el Gobierno, el exministro de Hacienda Elián Villegas se comprometió en abril de 2022 a presentar un proyecto de ley para gravar las rentas pasivas extraterritoriales y a que la Asamblea Legislativa lo aprobara antes del 31 de diciembre de 2022.
Villegas, por su parte, dijo esta semana a diversos medios que ellos dejaron el proyecto de ley listo para que esta administración lo presentara a la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia y exembajador ante la Unión Europea, afirmó que él comunicó al ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, la advertencia del riesgo de ser incluidos en esta lista en su informe final de labores del 3 de julio de 2022.
Sin embargo, esta administración no avanzó en presentar el proyecto de ley. En el comunicado de prensa enviado por Presidencia el lunes, se indica que desde agosto de 2022 las autoridades iniciaron “las solicitudes de renegociación del compromiso y ampliación de plazos de cumplimiento”, pero que todas fueron rechazadas.
Dos actos de irresponsabilidad
¿Por qué en vez de presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa este Gobierno se dedicó a buscar que la Unión Europea les readecuara la fecha de cumplimiento?
“Si el presidente de la República y el ministro de Hacienda se dieron cuenta en agosto de 2022 que a febrero de 2023 íbamos a estar en una lista de paraísos fiscales, tenían que habérselo comunicado, mínimo a la Asamblea Legislativa, a ver si entre Gobierno y Asamblea hacíamos algo, y aprobábamos alguna ley. Pero en vez de eso no dijeron nada”, señaló Guillén en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Es cierto que el gobierno de Carlos Alvarado nunca comunicó de forma pública que había adquirido el compromiso. Ahí sí hay un acto de irresponsabilidad. El segundo acto de irresponsabilidad que hay es del Gobierno actual que desde agosto sabía de esto, de acuerdo al propio comunicado de Casa Presidencial”, destacó.
Guillén recordó que durante años el Frente Amplio ha pedido que se avance en este tipo de medidas que permiten avanzar en la lucha anti fraude.
“Ahora hay que correr claro, porque la Unión Europea lo exige. Pero ese es el problema con las autoridades de este país. ¿Tiene que venir una potencia extranjera a exigir esta medida? No, tuvimos años para avanzar en este tema y no se ha dado porque no han querido los diferentes grupos de poder”, añadió.
¿Por qué es necesaria la reforma?
La UE considera que las rentas pasivas extraterritoriales deben estar gravadas con impuestos a nivel local, en cada país, para evitar una competencia desleal entre los distintos regímenes tributarios nacionales.
“Lo que la Unión Europea ha indicado es ‘vea Costa Rica, tiene que reconocerlas, no solo las rentas de sus ciudadanos en el exterior, sino de los nuestros’. Porque si no, no va a ir en dos vías, y esto dificulta o limita la posibilidad de las diferentes autoridades tributarias para rastrear rentas y para gravarlas”, aclaró Guillén.
¿Por qué es necesario implementar este cambio?
Guillén recordó que cuando las autoridades tributarias no tienen la posibilidad de trazar todas las rentas de ciudadanos costarricenses en el exterior, ni de ciudadanos extranjeros en el país, esto suele utilizarse como mecanismo de fraude fiscal o pueden ingresar al país rentas ilegítimas producto de legitimación de capitales o lavado de dinero.
¿Qué implica estar en esa lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal?
Aunque la UE aún no ha anunciado que impondrá sanciones, Guillén indicó que afecta la imagen del país porque se envía un mensaje a los inversores extranjeros de que Costa Rica “es un lugar para llevar inversiones con plata ilegítima, con plata mal habida”.
Y, por otro lado, desincentiva a las empresas con actividad legítima de invertir en un país calificado como país no cooperante porque esto muchas veces implica que en sus países de origen no pueden deducir como gastos deducibles de renta los gastos de operación acá. “El golpe es doble; realmente es algo muy grave”, dijo Guillén.
La UE volverá a evaluar al país en octubre de este año.
