¿Cuántos borradores existen del reglamento sobre la conocida “Ley de usura” (Ley N° 9859)? El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) dice que existe uno, aunque fuentes cercanas a la institución hablan de al menos tres.
“El reglamento actualmente está en su revisión en el Área de Análisis Regulatorio del MEIC. Se está a la espera de su visto bueno, a fin de continuar con el trámite correspondiente ante la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República”, escribió la periodista del MEIC, Evelyn Arroyo, el pasado 28 de septiembre.
Desde entonces, UNIVERSIDAD solicitó acceso al documento y no fue, hasta la noche del 12 de octubre, que envió este documento.
Según se pudo leer, deroga el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito del 2010. Este define tipos de intereses y sus metodologías de cálculo, información obligatoria de los estados de cuenta que deben entregarse a los clientes de crédito. También consigna la obligatoriedad de firmar un voucher que sirva como prueba de que existió autorización de la compra con tarjeta para que el cliente pueda emitir un reclamo en caso de fraude.
Pese a que la prueba documental entregada al cierre de este artículo dice lo contrario, Arroyo escribió a este semanario, el 30 de septiembre: “En relación a la consulta, no se deroga el decreto de tarjetas vigente”.
En el borrador, la derogatoria aparece en el artículo 57 donde expresamente se indica “Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 35867-MEIC del 24 de marzo del 2010, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 62 del 30 de marzo de 2010, Alcance N° 4”.
Hasta el 7 de octubre, la versión de Arroyo fue que “no hay una versión final, por lo que aún no es posible compartirlo”.
También, el lunes 11 de octubre, se solicitaron declaraciones de la ministra Victoria Hernández sobre cuáles acciones está realizando el MEIC al tener conocimiento de que cinco emisores de tarjetas de crédito ofrecen intereses por encima del tope legal de 33,66%. Esta solicitud continúa en trámite.
Coproponente de la ley:
“Mal gusto”
Diputado Welmer Ramos, PAC
“Me parece un asunto de mal gusto. Están postergando un reglamento que debió ser emitido en una situación de crisis nacional.
Si no se ha emitido un reglamento, ¿cómo voy a estar contento con la verificación del mercado que hay que hacer? No es solo en bancos, hay que hacerlo con almacenes de electrodomésticos, las financieras y bufetes que prestan plata. El MEIC debería estar metido con el Poder Judicial, porque hay casi un millón de casos de cobros judiciales.
¿Cuáles son las acciones que van a establecer el MEIC y el Banco Central con estas violaciones a la ley?
Hay suficiente jurisprudencia sobre esto. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor permite un juicio colectivo. Cuando hay un interés difuso, el Estado puede llevar adelante esas acciones. Eso es lo que corresponde”.
Coredactor del reglamento vigente:
“No está claro”
Economista Daniel Vartanián
“El Reglamento de Tarjetas de Crédito dice que hay que devolverle al cliente, a quien adquiere la tarjeta de crédito, una copia firmada por el representante legal. Ahí queda materializado quién es el responsable penal.
Sin el reglamento no se ordena al Ministerio de Economía cuál es el procedimiento que debe seguir ante el conocimiento que tiene de un delito penal. La Ley de usura establece que el MEIC es el ente encargado de presentar las denuncias ante el Ministerio Público. ¿Quién en el MEIC? No está claro. Podría ser la Comisión Nacional del Consumidor, adscrito al MEIC; o puede ser el jerarca que debe cumplir con todo el personal a su cargo. El responsable último es el Ministerio de Economía. También se debería decir cómo un consumidor pone en conocimiento de la autoridad la violación a esa Ley de usura. Debería ordenar al Ministerio Público cómo detectar estos casos y tramitarlos. Por más que haya consentimiento (vía un contrato), es un delito”.
