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Regla fiscal: la austera medida que arrodilla instituciones, debilita servicios y abre paso al sector privado

Cuatro empresas públicas señalan que la Regla Fiscal restringirá inversiones y proyectos con agua pública, alimentación subsidiada, administración de los combustibles e inversión social de Limón.

Tres años después de su aprobación y puesta en vigencia, es hasta el 2022 que la Regla Fiscal viene con “trampa”, señalan analistas y entidades públicas.

AyA acusa las afectaciones más severas que implican limitación al derecho al acceso al agua. En la foto, un camión cisterna durante un desabastecimiento de barrios de San José en el 2020. (Foto: Katya Alvarado/archivo).

Incluida en la Ley del Fortalecimiento de las finanzas públicas (N° 9635, o como se le conoce, la reforma fiscal), la Regla Fiscal presiona el crecimiento económico público según la proporción de endeudamiento del país.

Con 70,1% del Producto Interno Bruto (PIB) comprometida en deuda e intereses, surgen preguntas que se responderán en un futuro, más cercano que lejano.

“Hay muchos jerarcas de entidades públicas que todavía no entienden a cabalidad el funcionamiento de la Regla Fiscal. Sobre todo porque, para el 2022, el funcionamiento será más restrictivo y aplicará sobre la totalidad del gasto”, economista del OES-UNA, Fernando Rodríguez.

Sin más dinero para invertir en obra pública y bienestar, ¿saldremos de los altos intereses de deuda con los que apenas Argentina y Brasil nos superan?

Si lo público no puede invertir en mejores servicios para los y las ciudadanas por este ahorro obligado, ¿tendrá que compartir la carga con privados? ¿Con cuáles?

“Muchos jerarcas de entidades públicas que todavía no entienden a cabalidad el funcionamiento de la Regla Fiscal. Sobre todo porque, para el 2022, el funcionamiento será más restrictivo y aplicará sobre la totalidad del gasto, corriente y de capital (inversiones). El porcentaje de crecimiento del gasto se reducirá de más de un 4% a un 1,96%. Ese panorama todavía no está claro”, explicó el economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), Fernando Rodríguez.

Para Rodríguez, las instituciones no tienen salida porque se les “vende” que la Regla Fiscal es “imprescindible para el proceso de consolidación fiscal” y, además, persisten las apretadas condiciones de la pandemia.

“Hay un cortoplacismo en estas circunstancias. Todo esto, de alguna manera, no ha permitido que las instituciones alcen la voz y digan que esto va a generar efectos de largo plazo. Vamos a ver qué pasa, cuando sea el cambio de Gobierno”, prevé Rodríguez.

Este 2021, pese a que el Gobierno inició con una autorización de gasto por ₡11.287 billones, la Asamblea Legislativa ha tenido que subir ese número hasta casi ₡11.400 billones, con tal de suplir necesidades de nombramientos de maestros, salvar al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia de un cierre técnico y aportar dinero a la inoculación contra el COVID-19, entre otros.

Pero estos mismos gastos “extra” podrían tropezar con el país. En lugar de un 1,96% de incremento en el gasto, podría ser inclusive menos del 1% para compensar esos rubros inesperados (o no presupuestados originalmente).

“Sufrimos una disminución en la ejecución presupuestaria de las inversiones, por cuanto no se pudo ejecutar todo el dinero que se tenía para desarrollar obras y servicios. Esto lo que provoca en todo el sector público es que el techo para invertir en obra pública se baja. Aunque vos tenés la plata para hacer la obra o invertir, como es el caso de Recope, no vas a poder. Quedará subejecutado aunque se necesite. Eso es un problema grave”, asegura Alejandro Muñoz, presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Para este reportaje, Recope es una de cuatro empresas públicas que conversaron con UNIVERSIDAD sobre eventuales amarras para cumplir con sus tareas de ley. Las otras entidades —el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) prevén que la pérdida de ingresos propios y presupuestarios se sumarían a la futura crisis.

AyA: no podrá asumir nuevos servicios o recibir el traslado de Asadas

“Estamos desarmados contra las situaciones de emergencia, ya prácticamente no se dispone de esa reserva. La bola va corriendo sobre la línea pero con un pelito que se mueva ya quedó fuera. Así dejamos el presupuesto proyectado para el 2022, muy ajustado, muy apenitas y con riesgos que pueda salirnos algo que nos complique la situación”, dijo James Phillips, director de planeamiento estratégico del AyA a este semanario.

La institución proyecta una caída de ₡20 mil millones en ingresos corrientes para el próximo año. La disminución del pago en su categoría más cara, la empresarial, es de un 20% respecto del año anterior. Por otro lado, el gasto corriente crecería ₡2 mil millones.

Entre las partidas afectadas a corto plazo está el dinero para sustituir los automóviles que requieren para trasladarse alrededor del país. A futuro, la regla fiscal les impediría sostener el servicio y asumir cualquier otra comunidad que lo requiera, según Phillips.

En los últimos años inyectaron agua potable a Cocles, Río Banano, 16 comunidades en Limón sur, Lámparas y Los Zarcos de Alajuelita  “y en Guanacaste ni para qué contarle, atendimos un montón de asadas por el déficit hídrico del país que nos afectaba a muchos”.  Más de 4 mil personas en la Gran Área Metropolitana dependen del AyA.

“Si el Estado aprieta la inversión y el gasto, como obliga la Regla Fiscal, lo que vamos a tener es más recesión económica, más desempleo, menos actividad económica y menos impuestos. Es una entropía negativa en el sistema económico”, Leiner Vargas, economista del CINPE-UNA.

Phillips argumenta que la institución debería estar exenta de la regla fiscal por el carácter esencial del agua en la pandemia y en la reactivación económica.

En gasto de capital, AyA tiene cerca de $750 millones en programas de inversión.

“Si no los puedo ejecutar tengo que pagar los intereses de compromiso y otros cargos financieros y esos proyectos y créditos están financiando programas estratégicos para poder mantener y rehabilitar los sistemas para los servicios actuales y para el crecimiento que tenemos en algunos sectores”, explicó Phillips.

Es posible que la institución tampoco pueda asumir los costos legales de demandas por no poder brindar el derecho humano de acceso al agua.

CNP espera  ₡42 millones para la pandemia

 Este monto de ₡42 millones corresponde a un extraordinario que requiere para paliar los fondos usados en atención de la pandemia. Se escapa, completamente, del tope de la regla fiscal.

Hasta el 2019, el crecimiento promedio del CNP era de un 10%. Marzo del 2020 lo cambió todo por la emergencia.

“Tenemos un presupuesto general para el CNP de ₡85 mil millones de colones, una parte solo para la compra del PAI y el otro para la compra de materia prima para alcohol. La demanda aumentó y la solicitud de fondos viene de un diagnóstico sobre cuánto es necesario para corresponder responsablemente a las instituciones” explicó Jose Amílcar, Sub Gerente General.

Por ejemplo, el principal cliente del CNP es el Programa de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Educación Pública. Este programa es un 63% de la gestión de abastecimiento institucional, llevó diarios a todos los estudiantes de las escuelas públicas. El CNP pasó de entregar a una escuela entre 25-100 cajas a entregar a los mil estudiantes de la misma institución, según dijo Amílcar.

“Esas dos partidas son costos no gastos. Son montos invertidos y tienen rentabilidad, pero, para efectos del presupuesto nacional, hay que registrarlas como gastos. Eso es lo que provoca que la venta de alimentos y la producción de alcohol tengan un tope aunque sean costos” explicó Amílcar.

Recope: subejecución pandémica amarra inversión del futuro

De acuerdo con su presidente, Alejandro Muñoz, los problemas iniciarán en el 2023: año en el que los gastos de capital enfrentarán un grueso importante de las obras de la Terminal del Pacífico.

Este proyecto, de poco más de  ₡37 mil millones de inversión anuales, descentralizaría el abastecimiento de gasolina del país.

“Todos los camiones cisterna del país tienen que ir a Moín, cargar y distribuir en todo el país. La Terminal Pacífico es una solución para desahogar y darle mayor fortaleza al Sistema Nacional de Combustibles, también al gas”, dijo Muñoz.

La inversión anual promedio en la Terminal supera inclusive el escenario más positivo del presupuesto de Recope, donde la institución cumple con el tope de inversiones de ₡25 mil millones, contra los imprevistos de la pandemia.

Muñoz duda de si tendrán dinero para pagar por la Terminal, proyectando las obras del 2023 y 2024: ¿qué pasaría si un contrato de obra pública se queda sin dinero a medio camino?

Para el 2022, el presupuesto institucional tendría que quedar en unos ₡123 mil millones y, aún así, la Regla Fiscal los ata a ejecutar apenas ₡115 mil, según informó a UNIVERSIDAD la gerenta de Recope, Annette Henchoz.

Inclusive si obtienen más ingresos propios de la venta de combustibles, la ganancia estará sujeta a la austeridad.

“Los ingresos de Recope son productos de las transacciones. El capital o utilidad de las empresas públicas es como la privada: viene de las transacciones. Al no depender del presupuesto de la República, se nos aplica una regla como esa y no podemos crecer, no podemos dar un mejor servicio, no podemos dar mantenimiento y, por lo tanto, el servicio se deteriorará. Cuando la empresa pública no pueda seguir dando el servicio, ¿quién lo va a dar? ¿Se le trasladará esto a la empresa privada? ¿Cuál es la solución?”, se pregunta Alejandro Muñoz.

“Las empresas públicas, sobre todo las de servicios esenciales, no deberían estar metidas en la Regla Fiscal de ninguna manera”, afirma Muñoz.

Japdeva: en riesgo ejecución de proyectos de desarrollo en Huetar Norte

El principal reto de Japdeva ante la regla fiscal para el 2021 es la incorporación de 5.500 millones de colones embargados preventivamente por el sindicato por una disputa legal y que ya fueron liberados.

“La legislación permite presentar un incumplimiento justificado que permite que se explique porque se pasa uno de lo que establece la regla fiscal, creo que ninguna institución lo ha presentado aún. Dado el embargo que puede afectar el financiamiento ahorita estamos trabajando en ver si va a ser necesario tomar esa medida”, dijo Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva).

Para el próximo año esperan la aprobación de un proyecto de ley que les permitiría ejecutar fondos de canon que se destinan al desarrollo social de la zona Huetar Caribe. Estos fondos significan entre 16 y 20 mil millones de colones para el próximo año solo en proyectos ya aprobados.

“En el caso de esos fondos entre más los gastos más desarrollo en la región, ese tipo de gastos no fueron contemplados en la regla fiscal y si los clientes aumentan ese canon recibe más dinero y debería gastarse más. La regla fiscal sería un freno para esos proyectos de desarrollo”, dijo Centeno.

Actualmente las autoridades de Japdeva esperan la aprobación de un proyecto de ley que dejaría exento de la regla fiscal a estos fondos sin importar que institución pública (MEP, Sinac u otras) asuman la ejecución del proyecto.


¿Qué dijeron otras instituciones sobre la Regla Fiscal?

UNIVERSIDAD envió consultas a otras cuatro instituciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no respondió qué pasará con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) ante su aplicación.

De acuerdo con prensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no se registra aún ninguna afectación.

“El equipo financiero del ICE se encuentra analizando posibles consecuencias para los próximos años», dice la comunicación de correo.

En el caso del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) respondió que en el 2021 “no le aplicaba la regla fiscal, según los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda”. Rechazó afectaciones en la ejecución del futuro tren eléctrico porque la “inversión del proyecto debe ser aportada por el concesionario. Debido a la situación de la pandemia INCOFER ha tenido una disminución significativa en sus ingresos, lo que contrajo naturalmente el gasto”, explicó también la institución.


 


 

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