Una pifia en una hoja de Excel ocasionó que el Gobierno inflara sus cálculos de ahorro ante una eventual aprobación del tope a las pensiones de lujo.
El pasado 18 de octubre, un equipo de funcionarios del Poder Ejecutivo, encabezados por el presidente Carlos Alvarado; la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora; entre otros, defendieron la fijación de un límite a las pensiones que sobrepasan los ₡2,7 millones mensuales.
En medio de esta defensa, Mora afirmó que la medida ahorraría al país unos ₡52.000 millones anuales, cifra que alarmó al presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, quien cuestionó el dato y pidió una reformulación.
Dos semanas después, el 2 de noviembre, Mora envió un correo electrónico a Castillo, en donde reconoció el error y adjuntó una tabla con las correcciones realizadas. Esa tabla reveló que el tope a las pensiones de lujo le permitiría al país un ahorro de ₡15.704 millones al año, unos ₡36.296 millones menos de lo calculado.
¿Qué ocasionó que el Gobierno sobredimensionara un impacto de hasta 3,3 veces más del real? De acuerdo con Mora, el error se dio a la hora de montar los datos en un documento de Excel.
“La revisión de los datos se dio porque el presidente de la Sala manifestó algunas dudas. El error fue en el Excel que se utilizó a la hora de montarlo y hacer el cálculo. Se tomaron erróneamente los datos de un lado y se hizo una operación matemática incorrecta, entonces hubo un error que corregir”, dijo Mora.
Ante la diferencia tan amplia entre una estimación y otra, UNIVERSIDAD consultó a Mora si la cifra inicial que presentó ante los magistrados le generó alguna suspicacia, antes de que el presidente de la Sala Constitucional hiciera sus advertencias.
“Desgraciadamente, aquí todas las cifras son estratosféricas. Siempre pregunto si hay seguridad en los datos. Todos me sorprenden, inclusive cuando no hay error. El dato en sí mismo no es poca cosa”, agregó.
Al respecto, Mora afirmó que las correcciones se le comunicaron al ministro de Trabajo, Steven Núñez y a la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar. Este medio intentó obtener la versión de Hacienda antes del cierre de edición, pero no fue posible.
Ese no es el único dato impreciso que salió ese 18 de octubre. El proyecto Doble Check pudo comprobar que las pensiones de lujo no representan el 22% de la recaudación de impuestos en Costa Rica, como consignó el diario La Nación, tras alegar que esta afirmación la efectuó Rocío Aguilar en esa sesión.
En esa ocasión, Aguilar desmintió haber dicho lo que el medio afirmó en su titular y afirmó que ese 22% es el monto que se invierte en todas las pensiones con cargo al presupuesto del país, no solo en las jubilaciones de lujo.
Las reducciones
Según el último documento aportado por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) a la Sala Constitucional, el gasto bruto mensual en pensiones de todos los regímenes (que incluye cargas sociales, seguro y aguinaldo) se reduciría en ₡2.196 millones mensuales.
A su vez, con el pago simultáneo de los beneficios jubilatorios, el Estado recupera parte de ese gasto con la recaudación del impuesto sobre la renta y las contribuciones a los regímenes obligatorios y solidarios, lo que permite que el gasto neto mensual sea inferior (₡1.308 millones).
La aplicación del tope haría que la recaudación por concepto de contribución solidaria –un impuesto que se le cobra a los pensionados de lujo– quede en cero, dado que el tope imposibilita superar la cifra que justifica este tributo. A esos jubilados se les retiene entre un 25% y un 65% del monto que exceda los ¢2,7 millones. Esta contribución solidaria hoy permite la recaudación anual de ¢489 millones.
“La contribución solidaria no es más que una recuperación del gasto bruto efectuado por Estado al pagar las pensiones. En ese sentido, la aplicación del tope significa que ese monto de contribución solidaria ya fue recuperado e incluso más; como se observa, la sola aplicación del tope implica un ahorro en el gasto de ¢1.872 millones y la contribución solidaria (que aplica “sin tope”) es apenas de ¢489 millones”, explicó la DNP.
Los regímenes del Magisterio Nacional y Hacienda serían los que tendrían una mayor participación en el total a limitar, con un 65% y 34%, respectivamente.
El fallo esperado
Los magistrados de la Sala Constitucional estudian esta semana cuatro acciones de inconstitucionalidad que pretenden anular las disposiciones legales que aplicaron topes y contribuciones solidarias para las jubilaciones con cargo al presupuesto nacional y que superan los diez salarios base (unos ¢2,7 millones).
Las acciones fueron interpuestas por un grupo de exfuncionarios jubilados, quienes adujeron que las normas que aplicaron rebajas violentaron los principios de debido proceso, igualdad, irretroactividad de la ley y la inviolabilidad de la propiedad privada, ya que nunca se les notificó ni se les dio oportunidad de defenderse, según afirmaron.
La ley que aplica un tope a las pensiones de lujo –cuando los ingresos del régimen son inferiores a lo que recauda– existe desde 1998; sin embargo, se empezó a aplicar a partir de 2014, tras una solicitud del exministro de Trabajo y hoy diputado, Víctor Morales.
El Gobierno justifica la necesidad de imponer un tope máximo en los principios de solidaridad. “El tope máximo que se establezca coadyuva con aspectos solidarios y, principalmente, con aspectos redistributivos que permitan ingresos suficientes para todos, procurando garantizar su sostenimiento en el tiempo”, dice el informe de la DNP a la Sala Constitucional.
