Los miembros del Consejo Nacional de Rectores (Conare) enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitando que se deje de lado la actual propuesta de Ley de Empleo Pública y se convoque una nueva versión que sea compartida con las diferentes instituciones autónomas del país.
El rector Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Luis Paulino Méndez Badilla, afirmó que el actual proyecto no fue presentado ante las entidades que serán impactadas, además de que ignora que todas ella son heterogéneas.
“No tenemos conocimiento de quién redactó este proyecto de ley, habría sido más conveniente que ya estuviera socializado con las instituciones que van a ser afectadas, para que se rescaten las condiciones particulares de cada institución. El proyecto es genérico, es un marco, como su nombre lo dice. Afecta a todas las instituciones por igual, sabiendo que hay entidades con características particulares, entre ellas las universidades”, dijo.
En el documento firmado por Conare, los rectores le hicieron ver al presidente Alvarado su preocupación por el impacto económico que la propuesta tendrá, inquietud que Méndez dejó de manifiesto al asegurar que aún no se han hecho públicas los supuestos ahorros para el país que representa su aprobación.
“Un tema muy importante es que se le aclare al país cómo esta Ley de Empleo Público va a resolver los problemas de las finanzas del Estado, porque no tenemos estudios técnicos que digan que en cinco o diez años van a dar una solución. Ni siquiera sabemos cuáles son las estructuras de salario global que están proponiendo. Es muy difícil opinar por un proyecto del que no se conocen los detalles”, indicó.
Los rectores también recordaron que las universidades estatales no pueden quedar bajo la dirección del Poder Ejecutivo y que el Legislativo tampoco puede aprobar leyes que vayan en contra de la autonomía universitaria.
Conare concluyó su carta al mandatario Alvarado exhortándole “a convocar una iniciativa ajustada al Orden Constitucional, sin eliminar, ignorar ni poner en riesgo la institucionalidad democrática, las potestades de gobierno de las instituciones autónomas dedicadas al servicio ciudadano, la dignidad del servidor público, la activación económica y en particular la autonomía universitaria, respetando y fortaleciendo nuestro Estado Social del Derecho, y confiera la deseada sostenibilidad fiscal”.
