Solo si hay un escenario presupuestario más positivo podría significar la reapertura de las ventanillas para recibir nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda el año entrante, explicó la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Jessica Martínez Porras, mientras, miles de familias esperan en incertidumbre, desde que estas ventanillas fueron cerradas en junio del año pasado.
De acuerdo con una revisión realizada por UNIVERSIDAD del promedio de bonos de vivienda otorgados durante los últimos años, en promedio se otorgan entre 11.000 y 12.000 bonos por año, según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Sin embargo, a mayo de 2022 solo se habían formalizado 3.646 bonos.
“La aplicación de todas estas políticas fiscalistas de los neoliberales está haciendo más pobre a la gente en el tema de vivienda” Orlando Barrantes, dirigente Bloque de Vivienda
Elisa Segura tiene 46 años y 12 de vivir en precario en una finca privada en la comunidad de Ebenezer, en Purral de Guadalupe. En su casa son cuatro: ella, su esposo y dos niñas de 14 y 11 años.
“Ahora lo estoy peleando porque tengo esas dos niñas”, dice refiriéndose al bono que ha solicitado por tener dos niñas en riesgo social, ya que el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) le cedió la custodia de las menores, una de las cuales es su nieta.
En su casa no tienen un ingreso fijo. Su esposo trabajaba como chef de cocina japonesa, pero perdió el trabajo cuando empezó la pandemia y le ha sido difícil volver a conseguir empleo. Actualmente trabaja ocasionalmente con unas amistades dándole mantenimiento a unos jardines, contó Segura.
Al menos 7.500 familias afectadas por cierres
En entrevista con UNIVERSIDAD, la nueva ministra de Vivienda, Jessica Martínez Porras, indicó que en este momento tienen un recorte acumulado en los últimos tres presupuestos que asciende a ₡58.000 millones y que eso hizo que la junta directiva del Banhvi tomara la decisión de cerrar las ventanillas, la cual considera “una medida de responsabilidad”.
Martínez explicó que al hacer un análisis con el gerente general del Banhvi, Dagoberto Hidalgo, de las implicaciones de los cierres coincidieron en “más allá de una afectación directa al sistema y por supuesto a las familias, realmente fue una medida de responsabilidad”, porque dada la condición de presupuesto, los proyectos y las solicitudes de bonos ordinarios en la corriente, los recursos que el Banhvi tenía asignados hasta ese momento, estaban comprometidos con los proyectos en trámite.
“Es decir, si nosotros seguíamos recibiendo solicitudes, con la tendencia de recortes no íbamos a poder atenderlos”, afirmó Martínez, quien el 8 de mayo asumió la dirección del ministerio y la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
El 28 de junio de 2021, el Banhvi anunció la suspensión inmediata, y hasta nuevo aviso, de toda nueva recepción de solicitudes del bono familiar de vivienda, en todas las ventanillas de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, debido a los recortes presupuestarios establecidos por el Ministerio de Hacienda para 2020, 2021 y 2022.
Las ventanillas funcionan en instituciones como Mucap, Mutual, Banco Nacional, Fundación Costa Rica-Canadá, Banco Popular, Coopenae, Coopeande, que tienen autorización de recibir expedientes de solicitudes de bonos o de proyectos.
Para Orlando Barrantes, dirigente del Bloque de Vivienda y del Movimiento de Trabajadores y Campesinos, el cierre de ventanillas en todo el país fue abrupto: “Todas están cerradas porque los recortes tomaron desprevenido al Banhvi y a todos. Nadie se lo esperaba, es que nunca había ocurrido”, expresó Barrantes.
Según el dirigente, los recortes al presupuesto del Banhvi han significado que 7.500 familias se han quedado sin bonos. Sin embargo, el impacto también se extiende a por lo menos 14.000 empleos en el sector construcción, a las señoras que venden comida en las sodas, los transportistas independientes, y otros trabajadores y negocios vinculados al sector.
En el año 2020, se formalizaron 12.873 bonos de vivienda por un total de ₡120.713 millones, y durante 2021 se pagaron 11.428 bonos que representaron ₡115.648 millones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) y del Banhvi. A mayo de 2022 se habían formalizado 3.646 bonos, por un monto de ₡35.382 millones. En 2019 se otorgaron 12.844; en 2018, 11.461; en 2017, 11.154; y en 2016, 11.816. En 2010 por ejemplo, se dieron 10.722 bonos con ₡67.620 millones.
“Pensar en un bono gratuito eternamente es insostenible” (Ministra de Vivienda Jessica Martínez)
¿Qué va a pasar?
Hasta el 1 de setiembre, cuando se presente el próximo presupuesto nacional del 2023, se sabrá a cuánto asciende el presupuesto del Banhvi.
Sin embargo, la ministra Martínez recalcó que el ministro de Hacienda (Nogui Acosta) ha sido muy claro en que hay necesidades enormes en muchos sectores igualmente sensibles (niñez, salud y educación, además de vivienda) y que él tiene que tomar la decisión de a dónde enviar los recursos.
La jerarca señaló que el ministro de Hacienda se ha comprometido a que, a partir de las gestiones del presidente Rodrigo Chaves para atraer inversión directa y la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en tema de Regla Fiscal, “podamos a partir del año entrante contar con algunos recursos adicionales a los que han venido siendo recortados para poder reactivar nuevamente estos esquemas (ventanillas), sin que esto signifique que esté diciendo que vamos a recuperar el 100% o que nos van a dar el doble”.
“Lo que estoy diciendo es que hay un escenario más positivo a partir del año entrante, que nos puede permitir tomar algunas decisiones respecto a la reapertura en este caso de ventanillas. En este momento nosotros no podemos tomar esa decisión hasta no tener certeza absoluta de cuál va a ser el cierre presupuestario que vamos a lograr tener este año”, respondió Martínez.
Asimismo, añadió que han tenido acercamientos con organismos de cooperación multilateral y han valorado la posibilidad de suscribir algunos préstamos. “Hemos hablado con BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), hemos hablado con BID (Banco Interamericano de Desarrollo), estamos con una reunión pendiente con el Banco Mundial, estamos en ese proceso, viendo de qué manera podemos sumar recursos a los que hoy tenemos”, indicó.
Martínez explicó que también han valorado “que hay personas que perfectamente tienen capacidad de pagar una parte del bono”.
“Es decir, no irnos al extremo de ‘o todo el bono o ninguno’. Hay familias en este momento que están alquilando y que tendrían posibilidad de poner una parte del bono. Creo que pensar en un bono gratuito eternamente es insostenible. Antes de 1990 el bono no era gratuito en su totalidad sino que las familias pagaban en función de su capacidad. Y ese es un esquema que nosotros tenemos que retomar. Sin duda alguna de acuerdo con las posibilidades de cada familia”, declaró la jerarca.
Déficit de vivienda es de 16.000, según el MIVAH
Las consecuencias de esta situación son un aumento en las familias que necesitan vivienda y un incremento en el número de precarios y los problemas sociales asociados.
Como resaltó Barrantes: “cada vez hay más familias nuevas, cada vez hay más gente que necesita casa. Si bien el programa de bono de vivienda nunca iba a poder darle casa a todo el mundo, ahora es peor porque ya no recibe los recursos completos”.
“Hace cuatro años había 450 precarios, ahora hay 725. Va en aumento la necesidad de una vivienda, que se expresa en una invasión, y hay cada vez menos plata. La aplicación de todas estas políticas fiscalistas de los neoliberales está haciendo más pobre a la gente en el tema de vivienda, que es un buen indicativo sobre la pobreza y crea más problemas sociales”, dijo Barrantes.
De acuerdo con el dirigente, “en este momento hay más de 80.000 personas que no tienen forma de vivir en una casa digna porque sus ingresos no le permiten solicitar un préstamo para vivir. O sea, nadie en el sistema financiero del país, llámese Banhvi, llámese bancos privados, bancos públicos, entidades autorizadas como la Mutual, como la Mucap, nadie les va a prestar un centavo para que vivan bien en su casa, porque su salario no les alcanza para cubrir las cuotas”.
El Bloque de Vivienda, que agrupa a comités de vivienda de todo el país, solicita al Gobierno que no recorten más recursos al Banhvi; que abran las ventanillas; que se busquen fuentes de financiamiento permanentes para el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda; y que no incluyan al Banhvi en la Regla Fiscal.
La ministra Jessica Martínez dijo que el déficit de vivienda es de alrededor de 16.000 viviendas; pero el déficit cualitativo (viviendas hacinadas o en mal estado, que requieren reparaciones o ampliaciones) es de alrededor de 154.000 viviendas.
El “faltante natural” de vivienda para el año 2020 era de 19.120, según el Informe Nacional de Vivienda de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), que hace ese cálculo según la diferencia entre la cantidad de hogares (1.604.705) y la cantidad de viviendas ocupadas (1.581.58).
“Todo lo demás lo han quitado”
Elisa Segura, por su parte, contó que junto a otras 75 familias de Ebenezer y 125 familias de Pastos Verdes —otro asentamiento— están organizadas como parte del Bloque de Vivienda para buscar un terreno y que se les brinde una solución.
“De Ebenezer, el 75% de las familias cumple con los requisitos que piden para poder clasificar; pero con esto de las ventanillas no podemos. Y hay terrenos en Purral, hay tres fincas a disposición para desarrollo pero el Gobierno no quiere”, aseguró.
Se calcula que una de cada cuatro viviendas que tiene hoy el país ha sido construida por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; es decir, un 25% del parque habitacional actual, destacó la ministra.
Orlando Barrantes señaló que desde que el Banhvi nació en 1986, se han construido más de 400.000 viviendas y que en este momento, cerca de 2 millones de personas viven bajo un techo de vivienda de interés social.
“Eso no es una cosa menor. Es una política social; no es un programa de préstamos, como tienen las entidades privadas. Esa política social es congruente con lo que nosotros decimos, que el Estado tiene que preocuparse por la condición en la que viven las personas. El Estado no se puede desentender de eso. Y si estamos a favor de un Estado Social, tenemos que defender los últimos rescoldos y uno de los últimos rescoldos del Estado Social es el bono de la vivienda. Todo lo demás lo han quitado”, subrayó Barrantes.
