Los principales desafíos que se tienen en la implementación de las reformas realizadas a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres tienen que ver con la capacitación al personal del Poder Judicial; agilizar los tiempos de tramitación de los casos; necesidad de empoderamiento para evitar que las mujeres abandonen los procesos; y más recursos para las instituciones que brindan información y acompañamiento a las mujeres.
De esta forma lo explicaron la magistrada y vice presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, y Marcela Arroyave Sandino, abogada especialista del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Ambas expusieron en el foro “Implementación de las reformas a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres: Avances y desafíos”, realizado esta mañana en la Asamblea Legislativa.
Las reformas a la ley
Dicha ley fue aprobada en el año 2007, después de cinco consultas a la Sala Constitucional y una lucha de 10 años. Desde que fue aprobada ha tenido cinco reformas, dos de las más importantes realizadas en 2021.
Haydee Hernández Pérez, jefa de la Unidad Técnica de igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa hizo un recorrido de 32 años de luchas por la aprobación de diferentes leyes para combatir la violencia hacia las mujeres.
Hernández recordó que “no fue fácil aprobarla”. Fue propuesta por el Poder Ejecutivo y luego retomada por las diputadas Gloria Valerín – ex presidenta del Inamu – Kira de la Rosa y Margarita Penón.
Sin embargo, cuando fue aprobada se decía que “le faltaba una pata al banco”, resaltó Hernández.
Arroyave indicó: “No salió como entró, tuvo múltiples modificaciones, al principio estaba articulada desde el Inamu, grupos de mujeres y Poder Judicial”.
En materia de femicidios era restrictiva, no reconocía que la violencia contra las mujeres es el resultado de una relación histórica desigual entre hombres y mujeres y que la violencia no sólo se daba en el matrimonio y la convivencia, explicó Arroyave.
Por eso es que durante muchos años las organizaciones de mujeres pidieron que se ampliara el concepto de femicidio y se incluyeran todos los otros casos de muertes violentas de mujeres, no sólo en relaciones de convivencia, sino también en relaciones de noviazgo, relaciones casuales, separación y divorcio. Incluso los femicidios empezaron a contabilizarse como “femicidio artículo 21” (según la ley) y “femicidio ampliado”.
La reforma aprobada en marzo pasado cambió el artículo 21 para que dijera: “Se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor”.
En el 2021 se presentaron 17.698 casos en el Poder Judicial
Solano afirmó que uno de los desafíos es el trabajo de sensibilización y formación sobre la ley al personal del Poder Judicial, ya que aunque es constante la capacitación, “la gente se nos va yendo”. “A pesar de que se hace, siempre pareciera que el caminar es poco, en una institución tan grande y numerosa como el Poder Judicial, señaló Solano.
Otro desafío es que como en los delitos de violencia contra la mujer, las penas son cortas, los plazos de prescripción también son relativamente cortos, por lo que se requiere que la tramitación sea más expedita.
También se requiere dar herramientas adicionales a aquellos tribunales donde hay más expedientes de abuso sexual contra mujeres o menores, para que puedan avanzar más ágilmente.
Asimismo, mencionó que se necesita el empoderamiento de las mujeres en estos procesos para evitar que los abandonen, ya que hay una gran cantidad de desestimaciones.
“En la gran mayoría de estos asuntos, quienes están vinculados son las personas cercanas, parejas o parientes y las personas víctimas prefieren desistir con el proceso porque no tienen los medios para seguir subsistiendo, y, si tienen hijos, prefieren arreglarse con el agresor en vez de continuar con el proceso, porque tienen necesidades básicas. Hay que darles el acompañamiento necesario para que tengan las herramientas para seguir con el proceso”, explicó Solano.
En el 2021 se presentaron 17.698 casos relacionados con la aplicación de esta ley; mientras que en lo que va de 2022 se han presentado 11.209 casos, según datos que dio Solano.
El trámite de los casos dura en promedio tres meses. En el 2021 hubo 1.275 casos terminados en los juzgados penales y en lo que va de 2022 ha habido 11.887 casos, dijo Solano.
Proyecto de “autopsias sociales”
Por su parte, Arroyave también señaló que esperan que se pueda fortalecer la capacidad del Estado con la ampliación de las conductas penalizables, según las reformas realizadas a la ley, y coincidió en la importancia de la capacitación en el Poder Judicial , por el tema de la movilidad de personal. “Una persona formada, capacitada, sensibilizada, con conciencia de género, a los dos meses ya no está ahí”, dijo.
La abogada señaló que las instituciones que atienen violencia, como el Inamu, no dan abasto en brindar información y acompañamiento a las mujeres y a las familias de las víctimas.
Arroyave también mencionó un proyecto importante que se inició en el campo de prevención de femicidios, de realizar “autopsias sociales”; es decir, identificar la ruta crítica que vivió la víctima antes de terminar asesinada. “Sabemos quien fue el femicida, pero ¿cómo terminó allí?”.
Arroyave explicó que se están analizando los casos de femicidios ocurridos en 2020 y 2021 para analizar los aspectos que confluyeron en la esfera cercana a la víctima pero también afuera, como vecinos, amigos, familia, escuela e institucionalidad para identificar qué falló.
