En el veto parcial realizado el pasado jueves, el Gobierno pidió a la Asamblea cambiar la redacción del artículo 1 del proyecto de ley de lista gris de manera que se mantenga la “vinculación económica” de los capitales que obtienen las corporaciones dentro del país para que paguen tributos en Costa Rica aunque sean trasladados al extranjero.
“El criterio de vínculo económico es el que dice que si los capitales que generaron los intereses en el exterior guardan una estrecha relación con la producción costarricenses o se usaron recursos nacionales para generarlos deben tributar en nuestro país”, explicó el economista Luis Olivares.
El Gobierno vetó la reforma ya que sostiene que eliminar este vínculo beneficia a los contribuyentes con mayor capacidad económica al facilitar “estrategias de evasión fiscal” en las que estas grandes empresas planifican el traslado de capitales fuera del país a otros donde pagan poco o nada de impuestos, conocidos como paraísos fiscales, sobre las ganancias pasivas o intereses que obtienen.
Las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberación Nacional (PLN), Nueva República (NR) y Partido Liberal Progresista (PLP) deben valorar si realizar el cambio, resellar el proyecto de ley sin cambios o reposar la reforma, ahora que es improbable que Costa Rica salga este año de la lista.
Actualmente el artículo 1 del proyecto propone una reforma al sistema tributario costarricense que determina que deben tributar en Costa Rica las rentas que se generan “exclusivamente en el territorio nacional”, por lo que las operaciones financieras que grandes corporaciones y bancos realizan con ganancias que obtienen en Costa Rica se libran de pagar impuestos sobre sus rentas pasivas.
| Redacción del texto vetado | Redacción que propone el Gobierno |
| (…) Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por rentas, ingresos, o beneficios de fuente costarricense, los generados exclusivamente en el territorio nacional conforme a la definición de espacio territorial, y para cuyos efectos deberá entenderse el territorio nacional según los límites geográficos establecidos en el artículo 5 y artículo 6 de la Constitución Política, provenientes de servicios prestados, bienes situados, capitales invertidos y derechos utilizados, que se obtengan durante el periodo fiscal, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones de celebración de los negocios jurídicos, así como con independencia del origen de los bienes o capitales, el lugar de negociación sobre estos o su vinculación a la estructura económica en el territorio nacional. (…) | (…) Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por rentas, ingresos o beneficios procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense, la obtención de toda renta cuyo origen tenga una vinculación económica con el territorio nacional. Existirá vinculación económica con el territorio nacional cuando las rentas se originan de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el país, que se obtengan durante el periodo fiscal; asimismo, si de tales elementos se derivan otras rentas, en el territorio nacional o fuera de éste, las mismas se entenderán vinculadas económicamente a la actividad lucrativa de fuente costarricense y, en consecuencia, resultarán gravables con este impuesto. (…) |
El Frente Amplio, aliado del Gobierno durante esta reforma, ha calificado la propuesta como un “caballo de Troya” ya que no fue solicitada por la Unión Europea y complace el interés de grandes grupos económicos que buscan dejar de pagar impuestos.
Múltiples bancos y corporaciones han impulsado acciones legales contra la aplicación de impuestos a las rentas que obtienen en el extranjero, sin embargo, han perdido los recursos ante la Sala I y la Sala Constitucional y varias actualmente enfrentan juicios en los tribunales por evasión fiscal que suman ¢36 mil millones, según expuso el presidente Rodrigo Chaves cuando anunció el veto.
“Nosotros tenemos un sistema basado en territorialidad, pero es a raíz de las interpretación de la Sala I y Sala IV, que se establece el vínculo económico” apuntó Olivares.
La Unión Europea (UE) valoró que esta jurisprudencia, que mantenía la vinculación económica, era un avance en sus solicitudes, pero indicó que era insuficiente y pidió que -de tomar ese camino- debía convertirse en ley para que el país saliera de la lista gris de paraísos fiscales o de países no cooperantes en materia fiscal.
