A pesar de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) advirtió que usuarios pagarán más por un servicio de menor calidad y en unidades con mayor probabilidad de fallo técnico, el proyecto de ley que amplía la vida útil de los buses de 15 a 20 años no suma medidas que protejan al usuario, acusa el informe de minoría presentado por la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio.
El proyecto añade un párrafo en el que indica al Consejo Nacional de Transporte Público que deberá realizar una revisión técnica a estas unidades, sin embargo, esto ya está estipulado para todos los vehículos por reglamento, por lo que “no es ningún avance respecto de la legislación actual”, reclamó la legisladora.
Agrega que debe considerarse la “incapacidad del CTP de hacer efectiva la fiscalización por temas de recursos humanos, económicos y supuestos conflictos de intereses dentro del Consejo”.
Este proyecto fue aprobado en la Comisión Ordinaria de Asuntos Económicos por mayoría, con el apoyo de cinco fracciones: Progreso Social Democrático (PPSD), Liberal Progresista (PLP), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (NR).
La Comisión no convocó a audiencias públicas, ni consultó a representación de los usuarios, sin embargo, previo a la aprobación del proyecto, nueve organizaciones dedicadas a temas de movilidad urbana criticaron que la Comisión aprobara el proyecto, por medio de una carta:
“(…) los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que analicen este proyecto desde un punto de vista técnico, priorizando el resguardo del principio de calidad en los servicios públicos y asegurando que con esta medida no se exponga la vida de quienes utilizan buses cada vez más antiguos para llegar a sus centros de trabajo y estudio”.
En el dictamen de mayoría los legisladores adoptaron la justificación del proyecto de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) al decir que la medida busca garantizar la continuidad de los servicios tras el impacto financiero que sufrieron las empresas autobuseras durante la pandemia.
Guillen contraria a este argumento en su informe al asegurar que la iniciativa “no es una propuesta nueva ni originada a partir del inicio de la pandemia” sino que han sido rechazadas propuestas con el mismo fin en el plenario desde el 2008.
“En la corriente legislativa se archivó el proyecto de ley N° 17.267 el cual pretendía exactamente la misma reforma en el plazo de autorización de los autobuses. Esta iniciativa fue votada negativamente de forma unánime y archivada por la Comisión de Gobierno y Administración en sesión del 9 de junio de 2010. El mismo fue consultado de forma facultativa a varias instituciones, siendo la respuesta en todos los casos en contra de la aprobación de la reforma” indica el informe.
La diputada frenteamplista, al igual que las organizaciones civiles, reclamó la falta de estudios técnicos que justifiquen la ampliación de la vida útil de las unidades así como múltiples “errores serios de técnica legislativa”.
Por ejemplo, la ley se plantea como una propuesta transitoria, pero el proyecto reforma de forma permanente la ley 7600 y Gillen indica en el informe que, en su ligar, el expediente debería plantearse como un artículo transitoria.
También achaca que el proyecto beneficie a unidades durante un periodo que no hay pandemia de forma declara, en contra del “supuesto espíritu temporal y pandémico del proyecto de ley”.
Durante la discusión del proyecto la legisladora pidió a la Comisión que el proyecto beneficiara de forma exclusiva a las empresas pequeñas y cooperativas o a quienes pudieran demostrar afectaciones financieras por la pandemia, sin embargo, no se tomó en cuenta en la propuesta.
