Nueve organizaciones dedicadas a los temas de movilidad urbana enviaron una carta a la Asamblea Legislativa en la que emplazan a los diputados y diputadas que apoyaron en la Comisión de Asuntos Económicos el proyecto de ley que amplía la vida útil de los buses de 15 a 20 años.
La misiva en primer lugar critica el hecho de que tal decisión “no responde a criterios técnicos, por el contrario, esta modificación únicamente ha sido justificada con argumentos económicos relacionados con el equilibrio financiero de las empresas”.
Luego, hace un llamado “a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que analicen este proyecto desde un punto de vista técnico, priorizando el resguardo del principio de calidad en los servicios públicos y asegurando que con esta medida no se exponga la vida de quienes utilizan buses cada vez más antiguos para llegar a sus centros de trabajo y estudio”.
El documento es firmado por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), la Asociación de Deportistas Contra la Violencia Vial y el Irrespeto (Aconvivir), La Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana, Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA), Bici Bus, Chepecletas, Colectivo Las Luciérnagas, Pedalizate y Arquitectura en Bicicleta.
Esas instancias firmantes además emplazan directamente a Monserrat Ruiz y Kattia Rivera, del PLN; Waldo Agüero del oficialista PPSD, Olga Morera de Nueva República, las socialcritianas Vanessa Castro y María Marta Carballo y a Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), quienes aprobaron el proyecto en la mencionada Comisión, con la única oposición del Frente Amplio.
A esa personas se les pregunta directamente por los criterios técnicos que justificaron el apoyo al proyecto, o “Si el área técnica del Consejo de Transporte Público emitió a la comisión un criterio negativo sobre este proyecto, ¿Cuáles son sus argumentos para obviar el criterio técnico del ente rector?”.
También se les preguntó “¿cuáles garantías incluyó para asegurar que la ampliación de la vida útil de los buses de manera indefinida no deteriore la calidad del servicio público de transporte?”.
Sin embargo, la carta enviada también incluye propuestas “para que se atiendan los problemas económicos de los empresarios, al tiempo que se mejore la calidad del servicio y las condiciones de movilidad para las personas”.
Así, piden que se impulse la intermodalidad del servicio de transporte público -es decir, que se integren diferentes modalidades al servicio de las personas- o la creación de mecanismos financieros para “acelerar la electrificación de unidades a buses eléctricos, modernos, cero emisiones y más confortables para las personas usuarias”.
Respecto al tema de electrificación las organizaciones señalaron el rezago de Costa Rica, pues señalaron que mientras en el país “ninguna ruta cuenta con unidades eléctricas”, en México, el proyecto Metrobús contrató 50 buses eléctricos y la ciudad de Monterrey anunció la incorporación de otros 110; en Guatemala se publicó la licitación para 24 buses eléctricos.
En Sudamérica, en Bogotá, Colombia, se acaba de agregar 195 buses eléctricos a la flota que ya suma 1.485 buses cero emisiones, mientras que Santiago, capital de Chile, espera la llegada de 992 unidades que permitirá duplicar la cantidad de buses eléctricos. Latinoamérica ya suma 3.701 autobuses eléctricos, “modernos y confortables para las personas”.
Recientemente la jefa de fracción liberacionista, Kattia Rivera, que figura ente quienes ya votaron a favor de la polémica iniciativa, ensayó una justificación al respecto a través de su cuenta de Twitter y dijo que “existen más de 57 comunidades que han visto afectado o suspendido el servicio de transporte público afectando seriamente a los usuarios”.
También adujo que se mantiene la prohibición de que no circulen buses que no estén acondicionados con medidas de accesibilidad, y que el proyecto contempla realizar la revisión técnica vehicular de manera semestral a las unidades de transporte que sobrepasen los 15 años de vida útil, “con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y servicio de calidad al usuario”.
Sin embargo, la legisladora también reconoció “la afectación al usuario en diversas áreas no puede quedar sin soluciones”, y por ello anunció que “trabajaré en los próximos días para afinar y mejorar el texto”.
Mientras tanto, e independientemente de las buenas intenciones de quienes ya votaron a favor del proyecto, la carta de las organizaciones con sagacidad apunta que el plan de sectorización de rutas “se atrasó una vez más”, -pues así lo informo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) la semana pasada-, y la Asamblea Legislativa “pretende hacer más antiguas las unidades hasta 20 años, sin ningún plan de modernización ni electrificación de las unidades, sin métricas de desempeño ni acciones de mejora de calidad del servicio”.
Por ello, solicitaron que “se tome en cuenta la opinión de las personas usuarias del servicio público de transporte, ya que consideramos que toda modificación en el servicio debe valorar la opinión tanto de quienes lo brindan como de quienes lo reciben y lo pagan día a día”.
