La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y su presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, salieron al paso de un proyecto de ley que busca “la apertura del suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en Costa Rica, para lo cual se ordena el cierre de Recope”.
Así lo establece el artículo 1 del proyecto de “Ley para ordenar el cierre de Recope y prohibir la exploración y la explotación del petróleo”, que se tramita bajo el número de expediente 24.139 y fue presentado por el jefe del Partido Liberal Progresista (PLP) Eliécer Feinzaig, aunque lleva las firma de toda su bancada.
Según escribió Feinzaig en sus redes sociales, su iniciativa pretende “un cierre responsable de una institución que no le beneficia en nada al país, para pasar a un esquema de competencia durante el periodo de transición energética”.
Entre los principales argumentos esgrimidos por la institución, es que con la pretendida apertura, “si dejara de existir Recope, los precios de los combustibles en Costa Rica aumentarían hasta un 19%, debido a los mayores márgenes de ganancias que esperarían las compañías en otro esquema de mercado”
Ese dato es arrojado por un estudio del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), el cual además advierte que el cierre de la institución afectaría más a “aquellas zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM), es decir, las zonas con el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país (costas, zonas fronterizas), las cuales se verían afectadas con los mayores aumentos en los precios de los combustibles”, según se destaca en un comunicado.
Cabe recordar que en noviembre de 2021 UNIVERSIDAD dio a conocer resultados de un estudio realizado por un grupo de economistas, en que participó una profesional del ICAP, el cual también explicó cómo la apertura impactaría al alza el precio de los hidrocarburos en el país.
Cerrar Recope y abrir mercado de hidrocarburos sería la peor opción para consumidores
De acuerdo con un estudio encargado por la institución a economistas, abrir mercados de hidrocarburos generaría una fuerte diferencia de precios que afectaría a las comunidades más vulnerables del país.
El jerarca Quesada además alzó la voz de alerta, respecto de las consecuencias de la iniciativa: “¡Cuidado! Porque detrás del supuesto cierre de Recope, lo que hay es una privatización. Es importante que se transparente quiénes están detrás de esta privatización. Probablemente se trate de intereses particulares que pretenden apropiarse de los ahorros y beneficios que Recope le genera a todos los costarricenses”.
Por otra parte, la información enviada por Recope también se ocupó de uno de los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos del proyecto de ley, en el sentido de que supuestamente desproporcionados beneficios otorgados por la Convención Colectiva a las personas trabajadoras de la institución encarecen los combustibles.
Al respecto se replicó que el proyecto de ley “falta a la verdad” con el argumento de que esas personas trabajadoras gozan de “privilegios vergonzosos” y se indicó que ya no gozan de beneficios como la soda, días hábiles de vacaciones adicionales, actividades sociales, beneficio económico por contraer matrimonio o tener hijos, entre otros.
Más bien se recordó que la Convención Colectiva vigente fue avalada por la Sala Constitucional, que el año pasado el costo de esa convención se redujo en un 53% y, además, que la Ley Marco de Empleo Público congeló salarios y Recope “al igual que cualquier otra entidad de gobierno, se encuentra pagando el salario global aprobado por Mideplan en las nuevas contrataciones de personal”.
Quesada aseveró por otra parte que “el proyecto dice que se van a generar ahorros; sin embargo, se afirma que las tarifas no van a bajar ¡Cuidado! ¿A dónde van a ir a parar esas enormes cantidades de dinero? Yo les puedo decir que es muy probable que los costarricenses no las van a ver”.
Se destacó demás que Recope transfirió más de ₡500.000 millones a otras instituciones, “destinados al fortalecimiento del régimen de pensiones, la prevención y atención de emergencias, el mantenimiento de carreteras nacionales y cantonales, la supervisión de la red vial nacional, así como el impulso a servicios ambientales y agrícolas”.
