Una completa desregulación del mercado de hidrocarburos, de la mano con el cierre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), implicaría a 2025 precios más caros para lo consumidores, con una diferencia de ¢23 por litro en la gasolina Plus 95 o Súper, ¢20 en la Plus 95, ¢61 en el diésel y ¢57 en el gas LPG.
Además ese cálculo no incluye la realidad de que en ese escenario de desregulación, entraría a jugar también el costo del flete a las diferentes zonas del país, lo cual castigaría con precios más altos a sectores alejados como la zona Norte, Santa Cruz, Nicoya, Coto Brus, Corredores y Golfito.
Ese es uno de los resultados arrojados por el “Estudio sobre impactos en el modelo de compraventa-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica”, encargado por la institución por un equipo liderado por el economista Leiner Vargas y la economista y estadística Katherine Barquero del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).
Ese estudio planteó cuatro escenarios para analizar la evolución de los precios de los combustibles. El primero de ellos es que la situación actual se mantenga, con los efectos de una mejora en la eficiencia institucional que ha recortado gastos operativos en un 5% del presupuesto. En el segundo escenario se plantea la transformación de Recope en una empresa de capital mixto que mantiene el monopolio en un mercado siempre regulado.
(Ante la competencia) “el precio va a tener que aumentar, porque a esas empresas tiene que reconocerles no solo el costo de operación —solo Recope vende al costo— sino además el beneficio económico que no está en la ecuación hoy. Por eso esto va a perjudicar al consumidor”, Alejandro Muñoz.
El tercero plantea la ruptura del monopolio en un mercado regulado, en el que Recope entraría a competir con actores privados.
Finalmente, el cuarto escenario sería el cierre de Recope, con la consecuente desaparición del monopolio.
La metodología para hacer los cálculos de los diferentes escenarios tomó como base patrones de consumo y de mercado internacional de 2019, antes de la gran disrupción de la pandemia, y asume que se mantienen variables como la fórmula en base a la cual calcula las tarifas la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la carga de impuestos, el precio único en el país, los subsidios cruzados como el del gas LPG o la política de descarbonización.
Todo igual
El primer modelo implicaría una reducción de precios apenas perceptible de entre el 0,13% y el 0,1%.
Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, observó al respecto que, si bien se trata de un impacto muy moderado, “se supone que cada año esas eficiencias logran un poco más de ahorro”.
Dijo que el ahorro del 5% en el presupuesto de la institución generado por esas “eficiencias” tiene que ver con factores como cambios en la cultura organizacional o con una renegociación de la Convención Colectiva. Destacó, sin embargo, la necesidad de que se apruebe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de transformación de Recope en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (Ecoena), que se tramita bajo el expediente 21.343. “Este estudio es complementario a ese proyecto de ley”, acotó.
Diversificación
El segundo escenario se trata de la transformación de Recope en una empresa de capital mixto, que mantiene el monopolio de almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Es una opción que apunta a la diversificación de los negocios de la empresa y no hay un cambio en los precios.
“Si bien Recope puede tener éxito en otros ámbitos, la ventaja o desventaja de dichas alianzas no necesariamente se trasladarán a la fórmula de precio, acorde con la actual regulación de costos existente”, se lee en el análisis.
Por ello, “visto desde la perspectiva del consumidor y de los precios de los derivados del petróleo, no tendríamos un impacto directo”.
Muñoz destacó que se trata del “único escenario que toma en cuenta la diversificación energética”, la cual en su criterio “debe de ser una política de Estado” que no podría imponerse en un contexto de mercado liberalizado, “por eso es importante mantener la empresa pública dentro del juego”.
El funcionario dijo que se trata de una “muy buena opción”, que presenta “una forma de captar capital fresco para desarrollar otros proyectos”; por ejemplo, para desarrollar energías alternativas.
Insistió en que este esquema “es muy potable, podría ser de mucho interés para la población”, entre otras razones, porque “cambiar la matriz energética es un asunto de supervivencia”. Añadió que “si el país no es capaz de mantener la seguridad energética, quienes sufren inmediatamente cuando un servicio no se presta son las personas más vulnerables”.
Competencia
El tercer escenario plantea la entrada de empresas privadas que rompan el monopolio de Recope; por lo tanto, la institución se vería obligada a competir. El análisis propone que al tratarse de un mercado más bien pequeño entraría un solo competidor que accedería a un 20% de ese mercado.
Muñoz explicó que cualquier competidor privado tendría que barajar dos opciones. La primera es que establezca su propia infraestructura de almacenaje, muelle o poliductos, “eso es casi imposible, nadie va a venir al mercado a hacer lo que ya tiene Recope”.
La otra opción es que ese competidor alquile esa infraestructura a Recope, lo cual aseguraría la posición de dominio de la institución en el mercado y la oferta de precios más caros por parte del actor privado.
Además, observó que ese nuevo competidor entraría a aplicar la fórmula y metodología de Aresep para calcular precios, “con la consecuencia de que el precio va a tener que aumentar, porque a esas empresas tienen que reconocerles no solo el costo de operación —solo Recope vende al costo— sino además el beneficio económico que no está en la ecuación hoy. Por eso esto va a perjudicar al consumidor”.
Mercado “libre”
Se cierra Recope y se establece un régimen de competencia. En este caso, la necesidad de generar ganancia para el nuevo actor o actores —recordando siempre que el mercado es pequeño—, produciría un incremento promedio de un 8% en los precios de los combustibles, con respecto al escenario 1.
Alejandro Muñoz destacó en primer lugar el ya mencionado riesgo de que “los más perjudicados serán las zonas más pobres, vulnerables y desprotegidas del país: las costeras”, ante los costos de los fletes.
En segundo lugar, observó que los otros escenarios mantienen la cadena de valor existente que incluye a los empresarios de combustible y transportistas, pero en este caso las grandes empresas que entren “destruirían esa cadena de valor, desaparecerían los pequeños empresarios que tienen sus gasolineras, porque las grandes empresas depredarían el mercado; al final de cuentas, el beneficio económico se materializa cuando se le vende al público, no en el plantel”.
Es decir, a criterio de Muñoz, la entrada de empresas privadas a manejar la distribución a gran escala de los hidrocarburos implicaría un acaparamiento de parte de las gasolineras que venden al consumidor final. Igual riesgo se anticipa para los transportistas.
Un tercer punto en contra de este escenario es que comprometería la calidad de los combustibles. Según explicó, Costa Rica en ese sentido no solo cumple con la norma centroamericana, sino que se impone una norma adicional emitida por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco), “porque queremos combustibles cada vez más amigables con el ambiente y la salud pública”.
