El Ministerio de Hacienda dejaría de percibir al menos ¢2.231.350 anuales por cada persona que se acoja a la exoneración del Impuesto sobre las Utilidades, si se aprobara un proyecto de ley que crearía un régimen especial de exoneración de impuestos a trabajadores extranjeros que deseen venir a Costa Rica.
El proyecto de “Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional” (expediente 22.215) ya fue dictaminado en la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, y es impulsado por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
Según el legislador, la propuesta generaría encadenamientos productivos y un alto consumo por parte de los trabajadores extranjeros, ya que estima que en una estancia de seis meses, una de estas personas que llegue al país con su grupo familiar invertiría alrededor de ¢15 millones.
No obstante, el Ministerio de Hacienda advirtió que el proyecto de ley otorgaría un régimen fiscal preferencial considerado como una competencia fiscal internacional nociva y que generaría desigualdad tributaria, ya que mientras los trabajadores nacionales de este tipo de servicios deberán pagar impuestos, los extranjeros recibirán beneficios fiscales. El ente afirmó, además, que en el texto no se establecen mecanismos de control tributario que permitan fiscalizar este régimen.
Los argumentos de Hacienda están contenidos en el oficio DVMI-0065-2021, dirigido el 9 de febrero de 2021 al diputado José María Villalta (Frente Amplio), quien hizo varias consultas al ministerio.
Impacto fiscal
¿Cuál sería el impacto tributario de los beneficios fiscales que crea el proyecto? Hacienda estimó que cada persona que se acoja a este beneficio dejaría de pagar aproximadamente ¢2.231.350 que anualmente por Impuesto sobre las Utilidades de personas físicas con actividad lucrativa, calculando que tienen un ingreso mínimo mensual de $3.000 -que es el requisito que fija el texto-.
También estarán exentos del impuesto sobre las remesas al exterior, y aranceles de importación de equipos, instrumentos, herramientas o medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos para su trabajo. En la respuesta al diputado, Hacienda señaló que no se sabe a qué partidas arancelarias pertenecen dichas mercancías, sus tarifas, ni el valor de cada artículo.
“Es imposible determinar el impacto fiscal de esta exoneración propuesta, dado que no se tiene la información suficiente para hacer los cálculos precisos, además de que se desconoce cuántos serían los beneficiarios totales”, se lee.
El ministerio también alertó que esta exención en el impuesto a las utilidades podría ser aprovechada por las empresas instaladas actualmente en Costa Rica, “sobre todo las transnacionales, que trasladen su domicilio hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, dejando sus trabajadores como remotos, exentos del pago de impuestos y seguridad social por esta iniciativa y al país sin la percepción de sus rentas y consumos”.
Hacienda criticó: “Crear nuevas exenciones y benéficos fiscales en este momento en que el país está en una crisis económica y fiscal sin precedentes, que se acrecentó con la pandemia que vivimos, no resulta conveniente, en razón de que la creación de los mismos se traduce en un incremento en el gasto tributario”.
Conflicto con instrumentos internacionales
Ante la consulta del legislador frenteamplista, Hacienda también conformó que “la aprobación de un régimen fiscal preferencial como el que se promueve” en el proyecto de ley “podría dar lugar al incumplimiento de uno de los estándares mínimos establecidos en el Plan de Acción para Prevenir la Erosión de la Base Imponible y el traslado de beneficios conocido por sus siglas como “BEPS”, estándar evaluado de manera periódica por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De igual forma, tener un régimen catalogado como potencialmente pernicioso conlleva la probabilidad de que el país se incluya en las “listas de jurisdicciones no cooperantes”.
Lo que propone la iniciativa también podría generar situaciones “de doble no imposición”, al ofrecer una exoneración total en el impuesto sobre la renta y sobre las remesas al exterior, lo cual podría considerarse una competencia fiscal internacional nociva.
Asimismo, el ministerio denunció que el proyecto de ley crea un sistema de desigualdad, pues “mientras los trabajadores nacionales de este tipo de servicios deben hacer frente a las obligaciones tributarias, los extranjeros gozan de beneficios fiscales, aspecto que fomenta la competencia desleal y contradice los lineamientos que en esta materia regula la OCDE de la cual nuestro país es miembro”.
