La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) solicitó que se condene al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, al empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños y a su primo Javier Rojas Segura a pagar un total de ¢25 millones a favor del Estado “por el daño social provocado” en el Caso del Cemento Chino.
La audiencia preliminar contra Gamboa, Bolaños (JCB) y Rojas por el caso del viaje de Gamboa a Panamá y tráfico de influencias de su parte inició ayer y se extenderá hasta el 19 de agosto, informó la PEP.
La PEP presentó querella y acción civil resarcitoria contra Gamboa Sánchez, a quien le atribuye un delito de cohecho propio, uno de incumplimiento de deberes, dos delitos de tráfico de influencias y un delito de fraude de ley.
A Bolaños Rojas le atribuye un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, dos delitos de tráfico de influencias agravados.
Mientras que a Rojas Segura le atribuye un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio en calidad de cómplice.
La Procuraduría pretende que Gamboa Sánchez y Bolaños Rojas paguen ¢10 millones cada uno al Estado por daño social y Rojas Segura la suma de ¢5 millones.
A estos montos deberá sumársele los intereses, indexación y costas.
Los hechos se relacionan con el viaje de Gamboa y Bolaños a Panamá en octubre de 2016 y al tráfico de influencias atribuido a Gamboa cuando era Subjefe del Ministerio Público.
Los presuntos delitos son parte de la trama de influencias alrededor del Caso del Cemento Chino, que detonó en 2017.
Los investigadores determinaron que Gamboa presuntamente recibió como dádivas los tiquetes aéreos y el hospedaje, que habrían sido pagados por las empresas de Bolaños.
Bolaños es cuestionado por utilizar créditos por más de $45 millones de la banca pública en un supuesto negocio de importación de cemento desde China, con el aparente objetivo de romper el duopolio que funcionaba en el país.
