El presidente Carlos Alvarado y su exministro de la Presidencia Víctor Morales, actual diputado, recibieron una querella y una demanda civil por ₡20 millones de colones por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que le atribuye haber cometido “prevaricato” en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La PEP, entidad que funge como representante del Estado en su condición de víctima, reveló este lunes que presentó la gestión el 18 de febrero en el expediente 22-000006-33-PE, presentado preliminarmente ante la Sala Tercera para el posible juicio que enfrentarían Alvarado y Morales, debido al fuero especial que poseen por sus cargos respectivos.
La demanda de la Procuraduría llega contra Alvarado y Morales, señalados como responsables de delitos penales, de acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República dos años después de detonar el caso UPAD, por una posible violación a la privacidad de datos personales.
“Los hechos que se querellan constituyen, a criterio de la PEP, el delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), por el dictado del Decreto Ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN “Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)”, el cual con probabilidad se dictó de manera contraria a derecho y fundado en hechos falsos por parte del Presidente y el ex Ministro de la Presidencia referidos; delito previsto y sancionado en el Código Penal en el artículo 357″, dice el comunicado oficial.
La Procuraduría indica que los ₡20 millones son una suma “prudencial”, aunque señala que el paso siguiente es realizar un peritaje por daño social, el cual debería desarrollar la Fiscalía General.
Alvarado y Morales, sin embargo, deben esperar si la Corte Suprema de Justicia estima pertinente el levantamiento del fuero para entonces trasladar esa tarea a consideración de la Asamblea Legislativa en los dos meses y medio que le restan a ambos en sus cargos. Después del 8 de mayo el trámite llevaría un curso ordinario.
La Fiscalía, bajo el mando del fiscal general a.i. Warner Molina, informó de que procedía la acusación contra el presidente y el exministro por los supuestos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.
