La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) informó este lunes que presentó una querella contra el diputado Jonathan Prendas, miembro del bloque independiente de Nueva República, por el delito de enriquecimiento ilícito. La Procuraduría General es el ente que representa al Estado en estos procesos judiciales por delitos de corrupción.
La querella incluye también una acción civil por ¢10 millones, en resarcimiento de un viaje realizado por Prendas durante febrero del 2019, “cuyos gastos de transporte aéreo y estancia, aparentemente, habían sido sufragados en forma privada”.
En marzo del 2021, la PEP entregó un informe a la Asamblea Legislativa sobre el viaje de Prendas al Mobile World Congress en Barcelona, España, entre el 24 de febrero y 3 de marzo del 2019. Dicho viaje fue costeado por el gerente de E Global Systems-Visión de Desarrollo Urbano, Marcos Elías Mora Madrigal. Previo a ese cargo, Mora director de Huawei en Costa Rica, hasta febrero del 2018 según aclaró la empresa en un correo electrónico enviado a UNIVERSIDAD el martes 1 de febrero.
La Procuraduría investigó administrativamente a Prendas y señaló que el diputado violó el deber de probidad de su cargo público. La investigación ocurrió tras la publicación de la información del viaje en medios de comunicación y, de esta forma, la PEP “interpuso la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República”.
La Fiscalía inició investigaciones del expediente 19-000010-33-PE en el 2019 y determinó la viabilidad para una querella durante el pasado 13 de enero.
Fiscalía allana agencia por viaje de Jonathan Prendas a España
Viaje pagado al diputado por empresario de tecnología es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La querella y la acción civil resarcitoria por los ¢10 millones fueron presentadas el pasado 28 de enero, asegura PEP en un comunicado,
“Los hechos que se querellan -con probabilidad suficiente- constituyen delitos de Enriquecimiento Ilícito, porque el diputado PRENDAS RODRÍGUEZ admitió una dádiva ofrecida en consideración a su cargo como Diputado por un sujeto privado, consistente en un viaje a España con boletos aéreos, traslados, entre otros; sufragados de manera privada y por haber percibido el pago de dietas correspondientes a sesiones de la Asamblea Legislativa durante los días que estuvo en dicho viaje”, asegura la PEP.
De acuerdo con el comunicado, se querellan delitos “previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública respectivamente”. La demanda civil por ¢10 millones también considera que Prendas pague por “la indemnización por el daño material ocasionado y las costas correspondientes”.
De acuerdo con declaraciones enviadas por Prendas a UNIVERSIDAD, el diputado no ha “sido notificado de esas circunstancias” y, en su lugar, se enteró “Por medio de la prensa nacional me he enterado de la gestión de la Procuraduría y del Ministerio Público. No he sido notificado de esas circunstancias”.
“Evidentemente es un juego político inaceptable de dos órganos estatales que tienen más de TRES AÑOS de tener ese expediente en estudio. Ahora sí corrieron para sorprender a la opinión pública. Ese presunto tráfico de influencias debe discutirse en un proceso legal objetivo y en respeto al derecho de defensa constitucional. El hecho es muy serio y nos obliga a cuestionar seriamente al Ministerio Público y a la Procuraduría. Esa gestión fija un serio precedente de abierta persecución política en el país. Se lo pueden hacer a cualquier partido político en época electoral”, dicen las declaraciones que envió el legislador de Nueva República, por escrito.
El diputado asegura que se defenderá “conforme a la ley” y reclama que la investigación del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPA), que inició en febrero del 2020, ha sido más lenta que la suya.
“Extraño, el caso UPAD camina lentamente y el relacionado con mi persona en el que he explicado a la opinión pública sobre ese viaje, igual al que han hecho muchos diputados, tomó velocidad supersónica”, dijo Prendas por escrito.
En el comunicado de la PEP, la institución asegura que, por ser el diputado Prendas un diputado en ejercicio, la Corte Suprema de Justicia deberá autorizar la “prosecución penal –si así lo estima pertinente- y (que) remita el proceso a la Asamblea Legislativa, para que se realice el procedimiento de levantamiento de fuero de improcedibilidad conforme lo establece la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa”.
Si este proceso ocurre, la querella seguirá en la Sala de Casación Penal.
“En caso de que se acabe el periodo constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria”, afirma la PEP.
Nota de edición: Esta información fue actualizada el 2 de febrero, tras un correo enviado por Comunicación de Huawei para aclarar la relación patronal con el empresario Marcos Elías Mora Madrigal.
