El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aseguró este martes que el Poder Judicial no defiende los pluses salarial en el sector público, pero que los otros poderes han querido saltarse normativas ante este y otros temas de incidencia nacional.
Cruz criticó la falta de datos sobre la efectividad de esta medida, así como la injerencia del Poder Legislativo sobre el Judicial durante el proceso para aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“¿Adónde están las cifras que dicen que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal? ¿Quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses ¿Dejamos de tener déficit fiscal? ¿Será cierto eso? Eso no me lo han dicho a mí ni a nadie. La Corte no está defendiendo los pluses, solo está diciendo que hay un sistema de poderes, si usted quiere incidir, tiene que cumplir ciertos requisitos”, aseguró.
El presidente de la Corte Suprema afirmó que en el Poder Judicial se ha hecho lo que dictó la Sala Constitucional al respecto de la reforma fiscal, pero que muchos medios de comunicación e instancias políticas han ignorado el fallo.
“La Corte le dijo al Parlamento que requería 38 votos para aprobar la ley y este se encuentra con un gran problema, porque así no lo puede hacer por un proceso abreviado. Recurre a la Sala y ella le dice, en una salomónica decisión, que efectivamente puede hacer su ley, siempre y cuando las tres leyes del Poder Judicial (salarios, estatuto judicial y ley orgánica) se respeten. No es que defendamos los pluses”, recalcó.
Cruz también anunció que prepara un texto para consultar a la Sala Constitucional (de la cuál él es miembro) por las competencias de la Contraloría General de la República (CGR) frente al Poder Judicial.
“Es para consultarle, de forma excepcional, hasta dónde llega la competencia de la CGR frente a las potestades de un poder del Estado. Por ejemplo, si puede la CGR, dentro del marco de la constitución, darle una orden al presidente de la Corte para que interprete distinto una ley que interpretaron los miembros de la Corte. Es una pregunta muy importante”, dijo.
El magistrado, además, señaló como un problema el nuevo proyecto de ley de empleo público, la cual considera que tiene una seria incidencia sobre la independencia judicial, por cuanto “el Ministerio de Planificación sea el que determine muchas cosas con respecto a la administración de justicia”.
“Mi experiencia a partir de agosto del 2018 ha sido que las decisiones del Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen una alta incidencia sobre la independencia judicial y lo demuestra con el tema de la consulta sobre la CGR, ley de empleo público y fortalecimiento de las finanzas públicas. Esos son retos muy importantes que debemos enfrentar, ellos definirán la línea de acción”, aseguró.
