La primera sesión de la Comisión que investiga el trabajo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) pidió una larga lista de comparecencias y documentación pública.
En la lista de 22 personas, figuran el presidente de la República, Carlos Alvarado; el exministro de Presidencia Rodolfo Piza y, nuevamente, el actual ministro de Presidencia Víctor Morales (el ministro y diputado rindió cuentas en Asamblea Legislativa, este lunes).
Posteriormente, la diputada oficialista Carolina Hidalgo solicitó que se incluyera en la lista a un académico de la Universidad de Costa Rica y que se aplazara la moción para llamar al Presidente Alvarado.
“Es el máximo jerarca y me parece que tiene un simbolismo especial e importante, que el Presidente se apersone a esta Comisión. Por supuesto, eso envía distintos mensajes tanto a nivel nacional como internacional, mi sugerencia es que sea conforme avance la Comisión. No tenía porqué darse desde el inicio de la Comisión”, dijo Hidalgo, quien es la representante del Partido Acción Ciudadana dentro de la comisión investigadora.
Esta petición fue rechazada por el secretario de la comisión, el independiente Jonathan Prendas porque “el Ministro de Presidencia reconoció que administrativamente todos los miembros de la UPAD respondían al Presidente de la República”.
La primera convocatoria será para este miércoles, en la tarde, después del plenario. Los diputados interrogarán al viceministro de Planificación Luis Daniel Soto (firmante del decreto en calidad de Ministro a.i.) y al gerente de área de modernización del Estado, también del Ministerio de Planificación (Mideplan), Luis Román Hernández.
La presidenta de la comisión investigadora, Silvia Hernández, aseguró en un audio que los diputados valorarán “en qué momento” comparecerá el Presidente Alvarado y, opinó, que “no lo veo al inicio” y que podrá estar entre “las últimas audiencias”.
En la lista de comparecencias aparecen los asesores del Ministerio de Presidencia que, previo al decreto de creación de la UPAD, trabajaron como un equipo de análisis de datos: Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández y Luis Salazar (este último renunció a su cargo la semana pasada porque fue responsabilizado por la redacción del decreto; no obstante continúa como asesor ad honorem en temas de derechos humanos).
El lunes, durante la comparecencia del ministro Morales, trascendió que la oficina de Leyes y Decretos estuvo al margen de la redacción del cuestionado decreto y que, en su lugar, apoyó un equipo de asesoría legal del Presidente. La comisión convocará a Fred Montoya, encargado de Leyes y Decretos.
En la lista aparecen los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Dirección de Migración y Extranjería, la ex jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entre otros.
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Abrir en una nueva pestaña Diputados piden documentos sobre datos
En las peticiones de los diputados también aparece documentación de relevancia para el caso de los datos de la UPAD.
La comisión requiere los convenios de cooperación de datos que firmó el IMAS; protocolos de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y consentimientos informados que aparezcan ligados a la unidad presidencial de datos.
También se solicitó el consentimiento informado que firman los usuarios del Sistema de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube).
En general, los diputados están solicitando a todas las instituciones públicas que informen si recibieron solicitudes de datos “sin importar forma y medio de solicitud”, dijo el diputado socialcristiano Pedro Muñoz.
“Tengo la hipótesis de trabajo que el desdichado decreto se hizo porque casualmente algunas instituciones habían rechazado la solicitud. Entonces, para forzar a esas instituciones a entregar la información, fue que se hizo ese desdichado y desafortunado decreto”, aseguró Muñoz.
El diputado Muñoz también adelantó que tiene información sobre cómo existió un ligamen entre información sensible del OIJ, el Ministerio de Seguridad y la Presidencia de la República. Muñoz opinó que podría existir una “violación a la separación de poderes”.
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