En un discurso de una hora, el ministro de Presidencia Víctor Morales aseguró que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue presentado al público, junto con “sus productos”, en “al menos en 15 ocasiones”. Las primeras apariciones ocurrieron en marzo del 2019.
Morales, quien es tanto ministro como diputado de la Asamblea Legislativa, debió comparecer frente a los diputados por un decreto emitido para formalizar el trabajo de varios asesores presidenciales dedicados al análisis de datos. Este interrogatorio es la primera acción de control política del tema, votada en el congreso desde el lunes 21 de febrero.
El decreto de la UPAD también generó una investigación judicial. El viernes la Fiscalía confiscó pruebas en Casa Presidencial —entre otros activos, también se secuestraron el celular y la computadora del presidente Carlos Alvarado.
Lea: UPAD recopiló datos personales sin respaldo legal, argumentó Fiscalía en solicitud de allanamiento
En la comparecencia política en el congreso, Morales describió a los asesores de UPAD como “el grupo de procesamiento de datos de Casa Presidencial”. Sus miembros trabajaron como un “grupo” hasta el 17 de febrero pasado, fecha en la que su decreto de creación fue publicado en La Gaceta.
El decreto fue derogado por el presidente Carlos Alvarado, durante el viernes 21 de febrero, tras críticas por un artículo que especificaba acceso a “datos confidenciales” para la UPAD (la descripción de “datos confidenciales” no existe en la legislación vigente de datos del país; es decir, no es posible otorgar tal acceso a ninguna oficina o institución).
Pese a que la UPAD tuvo una vigencia jurídica de menos de cinco días, Morales admitió que el grupo creó productos durante el 2019.
El ministro de Presidencia enumeró 12 casos en los que el grupo creó productos con datos. El grupo trabajó para la creación de “una estrategia de precisión de política social”; describir el empleo formal en el país; la “gestión de la deuda pública” con una estimación del endeudamiento en los hogares del país; una reasignación en el presupuesto de ¢46.000 millones al fondo de emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias y una “herramienta de datos georreferenciados” que tenía datos sobre movilidad vial.
También usaron datos para la “cuantificación del impacto de la crisis migratoria nicaragüense”; una “caracterización del hacinamiento en el régimen carcelario” del Ministerio de Justicia y Paz; un análisis de compras públicas y control de planilla pública; un estudio comparado con otros países de la implementación del impuesto de Ventas (IVA); la priorización de necesidades en centros educativos; la distribución de vehículos eléctricos para el Plan de descarbonización y un análisis de la “evolución de la cantidad de personas pensionadas”.
En esta lista, el ministro de Presidencia obvió el uso de datos durante la huelga de maestros del 2018.
Los productos fueron presentados frente a la Contraloría General de la República; el Ministerio de Seguridad Social; el Instituto Nacional de Censo y Estadística; las organizaciones de empresas privadas Uccaep y Cinde; “sociedad civil” de Puntarenas; estudiantes de la Universidad de Costa Rica; el Banco Centroamericano de Integración Económica; el Banco Mundial; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “académicos, periodistas y formadores de opinión”.
El decreto derogado, dijo el Ministro de Presidencia, pretendía “formalizar en la estructura administrativa lo que se venía trabajando y se venía haciendo”.
No obstante, el mismo Ministro llamó al decreto “débil e inexacto” y, también, calificó a su emisión como una “torpeza política”.
En varias ocasiones, Morales aseguró que el grupo de análisis de datos no tuvo acceso a “información relativa a compras, deudas, tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, registros de estado de salud o enfermedades, tratamientos terapéuticos, información de carácter fiscal y bancaria, ni información en redes sociales”.
El Ministro defendió puntualmente la “cultura de aprovechamiento de datos” en las políticas públicas y dijo que, el presidente Alvarado incluyó esta estrategia en su programa de gobierno para cumplir con criterios emitidos por la Contraloría de la República, desde el 2017.
Durante este lunes, los diputados continúan cuestionando al Ministro de Presidencia sobre los detalles de la UPAD; por lo que la cobertura de esta comparecencia continúa en desarrollo.
Puede leer el discurso completo en el archivo PDF de este artículo.
Cargando...
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña 