Un grupo de diputados de Cartago, representantes la Junta de Salud y de la Unión Médica Nacional (UMN), solicitaron este martes ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una medida cautelar de carácter provisionalísimo y urgentísimo, con el fin de obligar a la Caja Costarricense de Seguro Social a proceder de inmediato a iniciar con la adjudicación y construcción del nuevo hospital Max Peralta de Cartago.
Esta acción fue presentada contra actos dictados por la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quienes, de acuerdo con este grupo de personas, han frenado el inicio de las obras que permitirían sustituir al Max Peralta.
Esta solicitud de medida cautelar ocurre días después de que la Junta Directiva de la CCSS concediera 15 días para recibir los avales de la Gerencia de Infraestructura, la Junta de Adquisiciones y la Dirección Jurídica. Pese a que la Gerencia de Infraestructura informó en una reunión, previa al acuerdo de los directivos, que todas las dudas habían sido atendidas conforme, el director jurídico adelantó criterio y aseguró que no daría el aval.
Junta Directiva de la CCSS conocerá recomendación técnica final para la construcción del nuevo hospital de Cartago en 15 días
El Director de la Dirección Jurídica de la CCSS, Gilbert Alfaro, adelantó este jueves que -una vez más- esa dependencia no dará el aval a la licitación, pues no se corrigieron las observaciones hechas en diciembre del año anterior.
“Ya nos cansamos, ahora están usando al director jurídico para atrasar. Los cartagineses estamos hartos de este juego politiquero y creemos que hubo presiones desmedidas para que un funcionario emita un criterio contrario a lo que han hecho la Auditoría Interna, la Gerencia de Infraestructura, expertos, en fin, en unos días nos van a salir con otra mentira más”, mencionó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez.
La medida cautelar pretende que se ordene de inmediato al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel y a la Junta Directiva de la CCSS en pleno, dejar sin efecto cualquier suspensión de procedimientos administrativos, actos, resoluciones, acuerdos que entorpezcan o que impidan la construcción del Hospital de Cartago.
Esta, según los recurrentes, es la única forma de lograr una justicia pronta y cumplida, de conformidad con la Constitución (artículo 41), los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, y sobre todo el ordenamiento legal, basados en las normas y principios de Derecho, leyes, normas escritas y no escritas, que amparan la pretensión suspensiva de las decisiones que impidan la construcción del Hospital de Cartago.
Actualmente, este centro médico atiende a 600.000 asegurados de Cartago y la Zona Sur del país.
