En una peladora de yuca ubicada en Tres Esquinas de La Fortuna de San Carlos, uno de los cantones con más casos activos de COVID-19, funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud realizaron pruebas de detección a 30 personas, luego de que una de las empleadas fuera detectada como caso positivo.
En la cara de estos hombres y mujeres, en su mayoría muy jóvenes, se notaba el miedo, ninguno quería hablar. Pero su temor no era por la prueba del COVID-19, pues a esa se sometieron sin mayor pestañeo. Su verdadero miedo era que no podrán trabajar por 15 días una vez que se les entregue la orden sanitaria, y porque en su mayoría son nicaragüenses en condición migratoria irregular.
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Lo que sucede en esa peladora de yuca visitada por este semanario es solo la muestra de una práctica que tiene muchos años de existir en Costa Rica: traer migrantes a través de la frontera, o contratar nacionales, para explotarlos en labores agrícolas, con mala paga, sin seguro social y con condiciones de vida realmente precarias.
Tras la realización de las pruebas, la administradora del lugar preguntó a las autoridades de Salud si se podían quedar a trabajar por lo menos ese día, a lo que le respondieron que no. Luego ella, junto con un funcionario del Ministerio, comunicaron a los empleados que no podrían trabajar, a partir de ese jueves, durante los siguientes 15 días.
Una mujer, la única que se atrevió, preguntó al doctor: “¿Qué pasa con los que no tienen seguro?”, a lo que responde que eso es una gestión administrativa que debe hacer ante la CCSS y no con el Ministerio de Salud.
Cabizbajos, pues saben lo que les espera durante las próximas dos semanas, se acercaron a los funcionarios de Salud a darles las supuestas direcciones de sus casas para que les reporten si son positivos o les den seguimiento médico. Varios se consultaron entre ellos las direcciones, pues no saben dónde viven, y otros desconocen las distancias; lo que sí es una realidad es que no tienen arraigo en el país.
En esta peladora de yuca se tomaron muestras a 18 nicaragüenses, 5 nicaragüenses con residencia y 6 costarricenses, aseguró Salud.
Al contagio en esta empresa se unen empacadoras de tubérculos, entre ellas destacan ByC Exportadores y Productos Congelados Bajo Cero S.A, ambas en Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos, cuya propietaria es la presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Laura Bonilla. Estas empacadoras registraron hasta el 10 de junio 49 casos positivos por COVID-19, según datos del Ministerio de Salud.
Su propietaria defiende que en la empresas laboran tanto costarricenses como ciudadanos nicaragüenses, quienes están a derecho en el país, todos cubiertos con las debidas garantías sociales y laborales.
La práctica de contratar a migrantes que se encuentran en condición irregular y que viven en condiciones infrahumanas hizo que aumentara la cantidad de casos por COVID-19 en la zona norte, y que ahora todo Costa Rica gira la mirada hacia esta región limítrofe con un país que ya tiene transmisión comunitaria.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, al martes 16 de junio se registraron 165 casos activos por COVID-19 en el cantón de San Carlos, 110 en San Ramón y 15 en Los Chiles.
Abusos en piñeras
Las piñeras no están lejos de la explotación laboral. En Las Delicias de Los Chiles, Feliciano Cano, un extrabajador de la empresa Exportaciones Norteñas, denunció que no tiene pensión, pues sus jefes le “robaron sus cuotas”.
De acuerdo con Feliciano, de 66 años, él fue despedido de la empresa en el 2018, luego de sindicalizarse. Posterior a eso acudió a la CCSS a hacer el trámite de pensión, pero le dijeron que le faltaban 16 órdenes patronales
Relató que luego de darse cuenta de este atropello, trató de comunicarse con su exjefe para que hiciera una revisión de las boletas de pago; sin embargo, no hubo respuesta. Hasta el momento, Feliciano no ha hecho una denuncia formal ante las autoridades.
A sus 66 años, este hombre nicaragüense con residencia en el país, cuyo rostro luce cansado, debe tomar cualquier “chambita” que le salga, para subsistir. Su “ranchito”, como le llama, se está cayendo; sin embargo, no pierde la fe de tener su pensión pronto.
“A veces la ve uno fea. Ya no me quieren dar trabajo por la vejez. A veces me dan trabajo para sembrar yuquita o desyerbar. He buscado ayuda en el IMAS pero nada”, agregó.
Quien sí denunció formalmente ante la CCSS fue Agustín, un nicaragüense vecino de Santa Fe de Los Chiles que acusó las violaciones que comete la empresa Exportaciones Norteñas en materia salarial, para la cual trabajó durante cinco años.
Agustín, de 32 años, comentó que laboró para la piñera del 2012 al 2019, tiempo en que su patrono le rebajó las cuotas de la CCSS; sin embargo, nunca reportaron esos dineros a la institución.
En la denuncia de Agustín se menciona a un peón de confianza de Rodrigo García (dueño de la piñera), de apellido Barboza. Esta persona, dice el documento, sería la que contrata a cientos de nicaragüenses que no tienen papeles para trabajar en la piñera, todo esto para que García no aparezca como patrono.
Denunció también que la empresa a través de la cual contratan a los nicaragüenses no existe; sin embargo, sí les rebajan los dineros de las cuotas.
Sin seguro, estos trabajadores no solo tendrán problemas a la hora de pensionarse, sino que en el contexto de esta pandemia, son también los más renuentes a acercarse a un centro de salud en caso de un contagio, pues temen ser denunciados por no tener documentos o que les cobren el servicio.
Pese a que en la calle se habla de la explotación laboral que se vive en plantaciones de piña y otros cultivos, esta es la única denuncia formal que conoce y ha llegado también a manos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) en 17 años de existir, aseguró su presidente Abel Chaves.
“Nos pusimos en contacto con Román Macaya y pedimos un informe con el pronunciamiento. A estas alturas estamos esperando que nos den una copia del informe. También le hicimos llegar al (Ministerio de) Trabajo la denuncia y les pedimos un informe. Mientras nosotros no tengamos una denuncia hecha, para nosotros es complicado porque nosotros no podemos asumir posiciones. Desde ese punto de vista tenemos que esperar lamentablemente que la gente denuncie”, señaló.
De comprobarse estos hechos, la empresa Exportaciones Norteñas sería expulsada de la Cámara. Actualmente, el 90% de las piñeras que existen en el país pertenecen a Canapep.
Cuestionado sobre si la misma Canapep realiza inspecciones a las piñeras, Chaves respondió que los técnicos realizan inspecciones a las fincas; sin embargo, estos informes solo se pueden suministrar a terceros con autorización de la finca.
Para pertenecer a Canapep, las empresas piñeras deben cumplir con varios requisitos ambientales, de responsabilidad social y de salud ocupacional; por ejemplo, las jornadas ordinarias de trabajo no podrán exceder las ocho horas diarias, boletas de pago deben especificar diferentes formas de pago, salario mínimo, póliza de riesgo del INS y estar al día con las cargas sociales. A esto se suma el suministro de agua potable, servicios sanitarios y comedores en el campo, entre otros.
En la zona norte, la explotación en las piñeras es un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe y lo dice; sin embargo, pocos se atreven a denunciarlo.
