Precariedad laboral de Zona Norte es tema del Gobierno, afirman diputados consultados

Las denuncias sanitarias y laborales por las condiciones de los trabajadores agrícolas del territorio norte de Alajuela todavía no han sido abordadas por la vía política de la Asamblea Legislativa.

Ni el directorio legislativo, ni los diputados que integran comisiones que revisan temas pertinentes a Alajuela y a Agropecuarios tienen aún planes para abordar la crítica situación laboral que aqueja el trabajo agrícola en los cantones de la Zona Norte.

Diputados que forman parte de estos órganos legislativos aseguran que el trabajo corresponde a las autoridades de Gobierno, que son las que deben velar por el marco laboral que ya existe y se está incumpliendo, como fue evidenciado por una serie de artículos publicados esta semana por UNIVERSIDAD.

Lea: Precariedad laboral preparó el terreno para explosión de contagios en la zona norte

Este jueves, Salud clausuró 13 empresas agrícolas por incumplir órdenes sanitarias y, también, constataron el uso de mano de obra migratoria irregular (en total aplicaron 18 órdenes sanitarias y sancionaron a siete empresas que infringieron el Código laboral).

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el socialcristiano Erwen Masís, esta comisión está limitada porque “por su naturaleza no puede abrir una investigación sobre temas particulares”.

Masís afirma que “no es un tema de déficit de regulación legal, (porque) hay contenido legal que regula estas actividades”.

“Parte del aprendizaje que muchos sectores no han desarrollado es que la pandemia nos está obligando a tener procedimientos distintos a los que teníamos antes”, opinó Masís.

“Hay legislación que regula cualquier actividad ilícita, la solución está planteada y es institucional”, añadió el diputado.

“La obligatoriedad, tanto de patrones como trabajadores, de cumplir los manuales del Ministerio de Salud, las recomendaciones de ellos, es indispensable; cada vez que no se cumplen las recomendaciones vemos un aumento de los casos de personas contagiadas”, afirmó el diputado.

En el caso de la Comisión Alajuela, su presidente, Daniel Ulate, espera que los tres diputados que pertenecen a la Zona Norte tomen la iniciativa. Estos legisladores son: María Inés Solís, del PUSC;  María José Corrales, de Liberación Nacional; y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana.

“Como presidente de la Comisión no tendría ningún problema en ver este tema, creo que por la situación que vive la zona por el COVID-19. Es preocupante el actuar de algunos empresarios. Sin embargo, es un tema que no se ha conversado con los demás compañeros diputados integrantes de la comisión. Me gustaría conocer la posición de los compañeros oriundos de la zona y si ya contemplaron algo en ese sentido”, afirmó Ulate a UNIVERSIDAD.

El diputado recomienda “que las actividades correspondientes avancen también en la vía administrativa y, de ser necesario, que también se conozca en un espacio de control político”.

Desde la presidencia del directorio, el diputado Eduardo Cruickshank también opina que este es un tema de inspección laboral, porque “este es un país que tiene unas garantías laborales sólidas y deben ser aplicadas a todo trabajador, indistintamente de si tienen papeles o no, de si son migrantes o no”.

“Me parece que permitir que algunas empresas vulneren la legislación laboral, a través de contrataciones que no se ajustan a la ley, no debiera permitirse en nuestro territorio”, afirmó Cruickshank.

“Tenga la plena seguridad de que, en algún momento, alguna de las fracciones políticas, a través de algún diputado, harán algún control político en ese sentido. Por lo menos, hemos reducido un poco el tiempo del control político, por el tema de las horas en las que sesiona el plenario, que las hemos reducido”, explicó el presidente del congreso.

Dos diputados piden públicamente inspección y sanciones

Antes de que el Ministerio de Salud hubiese ingresado a la Zona Norte, solo dos diputados publicaron en redes sociales sus criterios sobre la falta de supervisión y aplicación de la ley en el trabajo agrícola de esos cantones.

La diputada María Vita Monge (PUSC), oriunda de la también zona agrícola de Pérez Zeledón, se puso al servicio de la vicepresidenta de la República “para desarrollar acciones en conjunto”.

“Lo que ocurre allí no solo constituye un problema sanitario; es económico, social, laboral y, de último, sanitario. Hay un abandono histórico que ha permitido violación sistemática de derechos tan básicos como de tener un empleo digno por explotación laboral indiscriminada”, escribió Monge.

El diputado José María Villalta (Frente Amplio) opinó que “el cumplimiento de derechos laborales y normas sanitarias llega tarde”. Solicitó al Gobierno que se aplique la ley.

“Los últimos gobiernos, por temor o complicidad, no se han atrevido a aplicar una moratoria a la expansión piñera. Pero jamás pueden alegar desconocimiento de los crímenes que ahí se cometen. Sabemos que hay empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para esclavizarlas y han podido actuar impunemente por años. Ya es hora de que les caiga todo el peso de la ley”, escribió Villalta.

La crisis social y sanitaria en plantaciones agrícolas de la Zona Norte nos indigna, pero no podemos decir que nos…

Publicado por José María Villalta Flórez-Estrada en Jueves, 18 de junio de 2020

SUSCRÍBASE A LA EDICIÓN SEMANAL EN FORMATO DIGITAL.Precio: ₡12.000 / añoPRECIO ESPECIAL

0 comments