Luany Valeria tenía 23 años. El martes 9 de junio por la noche salió a fumar un cigarro, cerca de su casa, y no regresó. Casi una semana después, dice su mamá, sin que se realizaran gestiones policiales o judiciales, después de que las autoridades le preguntaran si estaba segura de que estaba desaparecida y no si “andaba por ahí con un noviecito”, las averiguaciones de la familia y la comunidad llevaron a que su hermano desenterrara su cuerpo. Estaba en una bolsa de plástico, en el patio de un vecino.
Este caso no es una “lamentable excepción”, coinciden activistas y expertas. Los mismos datos del Poder Judicial lo sugieren. Decenas de mujeres, cuyos nombres se han cambiado en este reportaje para protegerlas, compartieron con UNIVERSIDAD sus experiencias negativas con los cuerpos policiales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la judicatura. Mujeres a quienes se les denegó justicia con una frase violenta, una deslegitimación, un sobreseimiento o una anulación de juicio.
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“Vivimos en una sociedad donde la vida de las mujeres importa poco”
“Mariana” tiene 23 años. Hace unas semanas el esposo de su prima, alcoholizado, arremetió contra ella y comenzó a golpearla. Mariana llamó al 9-1-1, largo rato después llegó una patrulla. Los oficiales tocaron la puerta, el agresor les abrió la puerta y conversaron, él les dijo que todo estaba bien. Los policías no pidieron hablar con la víctima y se fueron.
“Laura” fue víctima de un ataque callejero en el que la golpearon y la tocaron. Llegó a poner la denuncia a las oficinas del OIJ, lo primero que le preguntó el oficial fue si estaba segura de que el tocamiento había sido sexual, si no estaba exagerando. Después, el mismo oficial le preguntó qué andaba puesto.
A “Andrea” y “Pamela” no les recibieron la denuncia de desaparición de su amiga, porque “seguro se fue por voluntad propia” de la fiesta en donde ellas la vieron salir intoxicada, casi arrastrada por dos desconocidos.
Las historias son muchas. Al pedir justicia, tanto ante la policía como ante el cuerpo judicial, los prejuicios y estigmas de género se convierten en obstáculos para que las denuncias prosperen. En muchas ocasiones, las víctimas se desmotivan y no continúan el proceso o retiran los cargos. En otras, las autoridades deslegitiman la denuncia o no la investigan correcta y oportunamente; a causa de estos sesgos, el proceso termina en nada. Hay historias de éxito, por supuesto, pero no son la norma.
El espejo de los datos
“Hay un claro patrón de género en el fenómeno delincuencial”, admite Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
Según las estadísticas del Poder Judicial, en el 92,2% de los delitos sexuales ingresados al Ministerio Público en el 2018 el imputado fue un hombre, mientras que el 88,13% de las personas ofendidas eran mujeres.
Si se analizan en detalle los datos de cada delito, el panorama empeora. Las mujeres no solamente tienen más posibilidades de ser víctimas de un delito sexual, sino que tienen pocas posibilidades de que una denuncia termine en condena.
En el 2018, último año de datos que ofrece el anuario judicial, entraron al Ministerio Público 1.721 casos por violación.
En los juzgados penales se procesaron 1.422 casos, de los cuales 643 fueron desestimados y 270 sobreseídos; es decir, quedaron impunes 65,1% de los procesos judiciales.
Ambos procedimientos implican descartar el caso, pero la desestimación se hace sin hacer indagatoria y el sobreseimiento, cuando se ha indagado a una persona imputada. Sólo el 25,1% (358 casos) resultaron en una acusación o en la apertura de expediente.
De los 569 casos que pasaron por los tribunales, sólo 221 de ellos resultaron en condenatorias, mientras que 230 imputados resultaron absueltos.
Si bien los casos procesados en tribunales y juzgados en un año no necesariamente son los mismos que se denunciaron ese año, pues pueden ser de años anteriores, el número anual de casos se mantiene. Esta es la única forma de analizar los datos pues el registro estadístico del Poder Judicial no implica seguimiento del proceso que lleva cada caso (no hay “trazabilidad” de los años en que se denuncia y se resuelve el caso).
Así, las cifras de los últimos tres años reflejan que de todas las denuncias de violación que se presentan en el país, sólo entre un 10% y un 15% resultan en condenas.
“Igual que en el mundo, la población en Costa Rica es producto de una cultura patriarcal con estereotipos sexistas arraigados desde a más tierna infancia y eso se refleja en todas las instituciones, incluido el Poder Judicial”, dijo Arias. “Estamos trabajando para identificar y combatir esos estigmas”, afirmó.
“No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”
En Talamanca, hace unos años, sucedieron con mayor frecuencia y violencia ataques sexuales, sobre todo contra turistas extranjeras. Las mujeres locales fundaron “Unidas Talamanca” y se pusieron a trabajar. Se sensibilizaron y capacitaron, y hoy su agrupación es fundamental para “atender, apañar y acompañar” a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Tony Pastor, una de las fundadoras de la organización, comentó que surgieron en respuesta a estos ataques y la falta de acción institucional.
“El problema del machismo en la policía y el OIJ existe y es muy grande, muy visible. Falta capacitación en el personal, la Fuerza Pública, la Policía Turística. Una víctima llega a la fiscalía o el OIJ y topa con una falta de empatía; las revictimizan, no les dan suficiente información y eso desmotiva a las chicas que deciden denunciar”.
Pastor comentó que hace un tiempo acompañaron a una joven que fue víctima de un ataque tras convencerla de poner la denuncia. Al llegar al OIJ y objetar a que la movieran hasta Heredia para análisis forense (porque no estaba preparada para viajar lejos) recibió comentarios de una oficial, que sugirió que no quería ir a la medicatura porque estaba mintiendo. “Le hicieron tanto daño que salió llorando de esa oficina y, lógicamente, no va a continuar el proceso”, dijo.
La activista comentó que, ante este panorama, las mismas mujeres proveen respuestas que el Estado no ofrece. Así como otros grupos de mujeres, su organización intenta juntar a las mujeres para darles “una tribu, un sentido de seguridad, sea a las que viven acá o las que vienen; que sepan que acá estamos, que estamos juntas, que estamos para apoyarnos, nos hemos preparado para contenerlas, apañarlas, apoyarlas y respetarlas, incluso si les pasa algo”, aseguró.
El caso de Luany es un buen ejemplo. A falta de acción del Estado, su familia y su comunidad investigó y realizó diligencias que llevaron al hallazgo del cuerpo y, por ende, a un arresto.
“A nosotros nos fallaron, nadie vino, nadie investigó, no nos daban respuestas, les dimos pistas, detalles, testimonios y no importó; es como que si mi hija hubiera valido menos que un celular”, dijo Patricia Zamora, su mamá.
Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, comentó que aunque la familia, las amigas y las comunidades son fundamentales es importante que las víctimas se acerquen al INAMU y pongan las denuncias, porque “el patriarcado es un bicho con mil caras y mil brazos, y cada denuncia es un golpe más para derrotarlo” (ver nota aparte: “Vivimos en una sociedad donde la vida de las mujeres importa poco”).
La mamá de Luany dice que sólo espera que las cosas cambien para otras mujeres y que así su hija no haya muerto en vano. Patricia Zamora levanta su voz para denunciar la “inoperancia y el desdén” con que las autoridades trataron el caso, quiere evitar que se repita. “Yo no pude salvar a mi chiquita, pero si las cosas cambian, quizá podamos salvar a otras”, asegura.
