¿Hay un problema con el tema de género en la administración de la justicia?
—Este caso no fue tratado con la diligencia y la urgencia con la que debió ser tratado. Es un trágico ejemplo más que terminó en el asesinato de una joven por el hecho de ser joven y de ser mujer, eso es claramente un femicidio ampliado.
A pesar de que el país ha trabajado en robustecer mecanismos para asegurar grados dignos de respeto a los derechos humanos, nuestra sociedad es una sociedad patriarcal cruzada por estereotipos de género. Ese sistema nos mantiene violentadas, siendo víctimas de violencia de género y cobra características dramáticas cuando se trata de la administración de justicia. Nos encontramos ante cuerpos policiales, organismos de investigación, funcionariado público con grados enormes de insensibilidad.
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¿Cómo afecta esto a las mujeres?
—Contamos con cifras que causan enorme preocupación: los porcentajes de denuncias de mujeres señalando violencia contra ellas que son desestimados.
A veces sí, la mujer presentó la queja y no regresó, eso tiene una explicación. Una mujer es víctima de un acto que atenta contra su dignidad y llega a denunciar, pero ahí empieza un interrogatorio, un tratamiento del caso que empuja a revictimizarse. Esa mujer al denunciar ya está derribando obstáculos, pero luego es sometida a preguntas como si está totalmente segura de que quiere denunciar, si es así de grave o si está muy nerviosa, si sabe que está poniendo en riesgo la paz de su familia. Esto por supuesto que disuade de denunciar o de seguir los procedimientos.
¿Cómo corregir los problemas que llevaron a que este caso se diera?
—El INAMU, como secretaría técnica para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, hemos presentado una instancia ante las autoridades para solicitar una investigación de los hechos y que sienten responsabilidades.
No podemos pensar que esto es un doloroso y brutal dato más; no, esto tiene que constituir para el país un momento de inflexión.
Para desterrar el patriarcado y todas sus manifestaciones, hace falta trabajar minuto a minuto en sensibilizar a la ciudadanía. El INAMU lo hace especialmente con el funcionariado del poder judicial, porque sabemos que si no conseguimos impregnar de sensibilidad de género esa institución o estaremos siempre señalando omisiones, fallos, deslegitimaciones, sobreseimientos y justificaciones que no corresponden.
Si las mujeres nos enfrentamos con obstáculos ¿cómo seguir promoviendo la cultura de denuncia?
—Este es un terreno minado para las mujeres, denunciamos sabiendo o intuyendo que es difícil denunciar y pretender que llegue a algo, sabemos que vamos a exponernos a nuevas manifestaciones de violencia contra nosotras.
Al mismo tiempo, una denuncia a tiempo nos da la posibilidad de detener una espiral de violencia o detener un acto de femicidio, de trata de personas. No seamos testigas mudas y cómplices, tenemos que denunciar, acudir al INAMU. Cada denuncia es un golpe en esta pelea contra un monstruo con mil manos, mil caras y que está absolutamente entronizado aún en nuestra sociedad.
Hay que combatir la ofensiva planetaria contra nuestros derechos. Una ofensiva conservadora que nos quiere en calidad de siervas, y las siervas no hablan, no se quejan; las siervas obedecen.
¿Tenemos las mujeres posibilidades reales de acceder a la justicia?
—Mientras ese aparato de justicia esté sustentado sobre unos cimientos patriarcales, las mujeres seremos instrumentalizadas. Muchas veces el abrigo de las amigas o la familia no basta, si las mujeres están en riesgo deben venir al INAMU, donde hay mujeres que, además de ayudarla a defender su vida y su cuerpo, le pueden ayudar a superar sus traumas, contamos con el equipo profesional para hacerlo.
El caso de Luany hay que llevarlo adelante y hay que sentar responsabilidades. El Estado tiene el deber de protegernos y hemos comprobado que el estado no cumplió con su deber y que hoy nos falta Luany.
¿Qué cambios deben darse para que el sistema de justicia alcance de igual manera a las mujeres?
—Lo primero es la elección de magistrados y magistradas y autoridades. ¿Por qué tienen las y los diputados la posibilidad de irrespetar las cuotas paritarias? La participación paritaria en todas las instancias del poder judicial tendría que ser una obligación inmediata e ineludible.
Poder Judicial reconoce que trabajo para eliminar sesgos será arduo y extenso
El Poder Judicial afirma que es consciente de que “todas las personas que laboramos en el sector público y privado tenemos este tipo de sesgos, en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias de sexo, género, sociales, económicas, culturales, educativas, religiosas, etáreas, entre otras”.
La institución afirma que desde hace años se han tomado medidas para identificarlos y combatirlos, pero que “al ser una institución tan compleja y con tantas personas (más de 12 mil) el trabajo por delante es arduo y extenso; falta aún mucho, especialmente con la alta rotación de personal que obliga a una capacitación permanente y sostenible”.
UNIVERSIDAD consultó al Poder Judicial información sobre los efectos de los sesgos machistas en el acceso que las mujeres tienen a la justicia. A través de sus departamentos de prensa el OIJ y el Poder Judicial respondieron a nuestras consultas.
Sobre las acciones realizadas en el caso de Luany, citaron la ley orgánica del OIJ guardando “absoluto secreto con respecto a las investigaciones”, pues la información es de carácter privado.
Consultados sobre la existencia de datos, estadísticas o investigaciones sobre cómo los sesgos de género afectan a la administración de la justicia, afirmaron que no existen y que sería muy complejo realizarlo.
Agregaron que la institucionalidad ha realizado múltiples acciones para identificar y combatir “esta violencia estructural, propia del patriarcado”. Mencionaron específicamente que, bajo la rectoría de la Comisión de Género y asesoría de la Secretaría Técnica de Género, se ha trabajado con la Escuela Judicial y Unidades de Capacitación para capacitar y sensibilizar a las poblaciones judiciales para que puedan “identificar nudos críticos que impiden u obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres”.
Estos esfuerzos se reflejan en la existencia de la Comisión de Género, Secretaría Técnica de Género y Política de Igualdad de Género. Además, dicen, se realizan acciones de capacitación constante; el eje transversal de género en el plan estratégico institucional obliga a todas las oficinas a incluir objetivos operativos y metas de género, participan en la elaboración del Protocolo Iberoamericano para el Juzgamiento con Enfoque de Género y se han implementado programas con servicios integrales e interdisciplinarios específicos para eliminar estos sesgos.
