Patricia Mora, Instituto Nacional de la Mujer:

“Vivimos en una sociedad donde la vida de las mujeres importa poco”

La sociedad patriarcal en la que vivimos trata a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría y, por eso, la vida de las mujeres importa poco, afirma Patricia Mora, ministra de la Condición de la mujer.

¿Hay un problema con el tema de género en la administración de la justicia?

—Este caso no fue tratado con la diligencia y la urgencia con la que debió ser tratado. Es un trágico ejemplo más que terminó en el asesinato de una joven por el hecho de ser joven y de ser mujer, eso es claramente un femicidio ampliado.

A pesar de que el país ha trabajado en robustecer mecanismos para asegurar grados dignos de respeto a los derechos humanos, nuestra sociedad es una sociedad patriarcal cruzada por estereotipos de género. Ese sistema nos mantiene violentadas, siendo víctimas de violencia de género y cobra características dramáticas cuando se trata de la administración de justicia. Nos encontramos ante cuerpos policiales, organismos de investigación, funcionariado público con grados enormes de insensibilidad.


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¿Cómo afecta esto a las mujeres?

—Contamos con cifras que causan enorme preocupación: los porcentajes de denuncias de mujeres señalando violencia contra ellas que son desestimados.

A veces sí, la mujer presentó la queja y no regresó, eso tiene una explicación. Una mujer es víctima de un acto que atenta contra su dignidad y llega a denunciar, pero ahí empieza un interrogatorio, un tratamiento del caso que empuja a revictimizarse. Esa mujer al denunciar ya está derribando obstáculos, pero luego es sometida a preguntas como si está totalmente segura de que quiere denunciar, si es así de grave o si está muy nerviosa, si sabe que está poniendo en riesgo la paz de su familia. Esto por supuesto que disuade de denunciar o de seguir los procedimientos.

¿Cómo corregir los problemas que llevaron a que este caso se diera?

—El INAMU, como secretaría técnica para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, hemos presentado una instancia ante las autoridades para solicitar una investigación de los hechos y que sienten responsabilidades.

No podemos pensar que esto es un doloroso y brutal dato más; no, esto tiene que constituir para el país un momento de inflexión.

Para desterrar el patriarcado y todas sus manifestaciones, hace falta trabajar minuto a minuto en sensibilizar a la ciudadanía. El INAMU lo hace especialmente con el funcionariado del poder judicial, porque sabemos que si no conseguimos impregnar de sensibilidad de género esa institución o estaremos siempre señalando omisiones, fallos, deslegitimaciones, sobreseimientos y justificaciones que no corresponden.

Si las mujeres nos enfrentamos con obstáculos ¿cómo seguir promoviendo la cultura de denuncia?

—Este es un terreno minado para las mujeres, denunciamos sabiendo o intuyendo que es difícil denunciar y pretender que llegue a algo, sabemos que vamos a exponernos a nuevas manifestaciones de violencia contra nosotras.

Al mismo tiempo, una denuncia a tiempo nos da la posibilidad de detener una espiral de violencia o detener un acto de femicidio, de trata de personas. No seamos testigas mudas y cómplices, tenemos que denunciar, acudir al INAMU. Cada denuncia es un golpe en esta pelea contra un monstruo con mil manos, mil caras y que está absolutamente entronizado aún en nuestra sociedad.

Hay que combatir la ofensiva planetaria contra nuestros derechos. Una ofensiva conservadora que nos quiere en calidad de siervas, y las siervas no hablan, no se quejan; las siervas obedecen.

¿Tenemos las mujeres posibilidades reales de acceder a la justicia?

—Mientras ese aparato de justicia esté sustentado sobre unos cimientos patriarcales, las mujeres seremos instrumentalizadas. Muchas veces el abrigo de las amigas o la familia no basta, si las mujeres están en riesgo deben venir al INAMU, donde hay mujeres que, además de ayudarla a defender su vida y su cuerpo, le pueden ayudar a superar sus traumas, contamos con el equipo profesional para hacerlo.

El caso de Luany hay que llevarlo adelante y hay que sentar responsabilidades. El Estado tiene el deber de protegernos y hemos comprobado que el estado no cumplió con su deber y que hoy nos falta Luany.

¿Qué cambios deben darse para que el sistema de justicia alcance de igual manera a las mujeres?

—Lo primero es la elección de magistrados y magistradas y autoridades. ¿Por qué tienen las y los diputados la posibilidad de irrespetar las cuotas paritarias? La participación paritaria en todas las instancias del poder judicial tendría que ser una obligación inmediata e ineludible.


Poder Judicial reconoce que trabajo para eliminar sesgos será arduo y extenso

El Poder Judicial afirma que es consciente de que “todas las personas que laboramos en el sector público y privado tenemos este tipo de sesgos, en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias de sexo, género, sociales, económicas, culturales, educativas, religiosas, etáreas, entre otras”.

La institución afirma que desde hace años se han tomado medidas para identificarlos y combatirlos, pero que “al ser una institución tan compleja y con tantas personas (más de 12 mil) el trabajo por delante es arduo y extenso; falta aún mucho, especialmente con la alta rotación de personal que obliga a una capacitación permanente y sostenible”.

UNIVERSIDAD consultó al Poder Judicial información sobre los efectos de los sesgos machistas en el acceso que las mujeres tienen a la justicia. A través de sus departamentos de prensa el OIJ y el Poder Judicial respondieron a nuestras consultas.

Sobre las acciones realizadas en el caso de Luany, citaron la ley orgánica del OIJ guardando “absoluto secreto con respecto a las investigaciones”, pues la información es de carácter privado.

Consultados sobre la existencia de datos, estadísticas o investigaciones sobre cómo los sesgos de género afectan a la administración de la justicia, afirmaron que no existen y que sería muy complejo realizarlo.

Agregaron que la institucionalidad ha realizado múltiples acciones para identificar y combatir “esta violencia estructural, propia del patriarcado”. Mencionaron específicamente que, bajo la rectoría de la Comisión de Género y asesoría de la Secretaría Técnica de Género, se ha trabajado con la Escuela Judicial y Unidades de Capacitación para capacitar y sensibilizar a las poblaciones judiciales para que puedan “identificar nudos críticos que impiden u obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres”.

Estos esfuerzos se reflejan en la existencia de la Comisión de Género, Secretaría Técnica de Género y Política de Igualdad de Género. Además, dicen, se realizan acciones de capacitación constante; el eje transversal de género en el plan estratégico institucional obliga a todas las oficinas a incluir objetivos operativos y metas de género, participan en la elaboración del Protocolo Iberoamericano para el Juzgamiento con Enfoque de Género y se han implementado programas con servicios integrales e interdisciplinarios específicos para eliminar estos sesgos.


 

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