Un proyecto de ley contra la discriminación, el racismo y la intolerancia divide a los diputados en la Asamblea Legislativa.
Se trata de un expediente que dejaron varios congresistas del cuatrienio pasado —promovido por la Defensoría de los Habitantes—, pero que ahora deberá ser retomado por los actuales legisladores de cara a su confección y su votación final en Cuesta de Moras.
En esencia, el texto propone varias medidas para evitar la discriminación, por causales que van desde la nacionalidad hasta la religión, el origen étnico o la orientación sexual. No obstante, algunos congresistas ahora aseguran que la iniciativa podría tener vicios de constitucionalidad y que atentaría contra derechos humanos como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento.
Eso lo dicen especialmente por algunas indicaciones incluidas dentro del documento en materia penal, entre ellas tres castigos de entre seis meses y dos años de prisión para quienes apliquen “medidas discriminatorias”, para quienes pertenezcan a “organizaciones de odio” y para quienes “inciten al odio” de forma deliberada. Además, la iniciativa propone un cuatro castigo de entre dos y tres años de prisión para las personas que reproduzcan manifestaciones de odio e inciten también a la violencia, aún cuando las primeras indicaciones hubieran sido proferidas inicialmente por otras personas.
Estas indicaciones son las que generan mayor reticencia en algunos sectores, entre ellos algunas agrupaciones políticas como el bloque independiente autodenominado Nueva República. Ellos aseguran que aprobar la iniciativa sería “peligroso” y que “le permitiría al Estado meterse a regular hasta las ideas, las expresiones y los sentimientos de la ciudadanía”.
Esas palabras las utilizó la congresista Ivonne Acuña en la sesión del Plenario legislativo, este jueves, en medio de un discurso en el que además señaló que el proyecto abriría la puerta para que un gobierno pueda “encarcelar a cualquier persona que no se alinee con su ideología”.
Este bloque achaca la responsabilidad de esta iniciativa a la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC) y a su gobierno, a pesar de que el proyecto data de 2016 y fue impulsado por diputados de varias fracciones. De hecho, se presentó con la firma de cinco exdiputadas: Sandra Piszk y Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN); Patricia Mora, del Frente Amplio (FA); Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Marvin Atencio, del PAC.
Eso sí, el proyecto sí es impulsado por los diputados de gobierno en este momento, aunque estos aseguran que sí es necesario que el texto reciba modificaciones.
Así lo indicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Sánchez, quien recordó que hasta ahora los diputados de este nuevo periodo constitucional no han tenido la oportunidad de realizar reformas al texto, más allá de votar algunas mociones que dejaron los diputados anteriores.
Esas mociones se rechazaron y la mayoría correspondían a los exdiputados Abelino Esquivel, del Partido Renovación Costarricense (PRC), y Alexandra Loría, del Partido Restauración Nacional, quienes habían hecho manifiesta su rotunda oposición al proyecto y pretendían obstaculizarlo.
Desde entonces, según Sánchez, se planteó la idea de trabajar en un texto sustitutivo en conjunto con la Defensoría de los Habitantes, un proceso en el que también se había integrado a los diputados independientes, pero que no ha avanzado lo suficiente, una pausa que ha sido tierra fértil para dudas y discusiones.
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Piensan en cambios
El proyecto aún puede recibir modificaciones. De hecho, resta un lapso para que los diputados presenten modificaciones de fondo, el cual se abrirá cuando así lo decidan los diputados.
Para ello, primero deberían tener listo su nuevo texto sustitutivo, en el cual podrían plasmar algunos cambios en los que ya existen coincidencias, como la eliminación de un nuevo Consejo Nacional contra la Discriminación (que implicaría una mayor erogación de recursos), y la reformulación de algunos conceptos penales.
De hecho, el diputado Sánchez indicó que incluso valoraría la posibilidad de retirar los castigos de cárcel para que no se ensucien las negociaciones, pues el resto de la reforma es igualmente importante y garantiza condiciones de equidad en materias escolares, laborales e institucionales.
“Lo que pasa es que no quisiera que esas debilidades del proyecto sirvan de pretexto para los grupos que simplemente no quieren que haya una ley contra la discriminación”, apuntó el diputado.
Eso sí, Sánchez señaló que sí le gustaría dejar la discriminación como un causal para agravar las sanciones en materia de homicidios, de modo que la pena por estos sea más elevada si el delito ocurriera por este motivo.
De cualquier manera, el oficialista descartó que el proyecto esté “a las puertas de su votación”, como se ha dicho los medios y en el Plenario, pues más bien se trata de un proceso que continúa construyéndose.
No obstante, la propuesta choca de lleno con grupos como el bloque independiente, quienes han sido los más incisivos en calificar el proyecto como un tema “peligroso”.
“Es una ley mordaza y una ley de odio, impulsada por el PAC, que ahorita es el único patrocinador evidente del tema, y no es que no veamos lo complicado de discriminar y generar odio, es que la forma en que lo escriben y la forma en la que lo quieren castigar y penalizar es bastante extremo”, señaló el diputado Jonathan Prendas.
Según el legislador, el texto “atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad religiosa”, pues las indicaciones abren la puerta para todo tipo de interpretaciones legales. “Ni siquiera podemos estar tranquilos y pensar que se va a aplicar correctamente en la legislación nacional porque todo está sujeto a la interpretación y cuando hay diez abogados hay hasta 50 interpretaciones”, subrayó el congresista.
Antes, los diputados independientes también presentaron algunas decenas de mociones para reducir los alcances de la iniciatva y los causales de discriminación, que temabién fueron rechazadas; incluidas tres propuestas en tono irónico con propuestas como reformar el nombre de la iniciativa a “Ley para prevenir y sancionar toda forma de oposición a la ideología oficialista, mediante el pretexto de combatir el racismo y la intolerancia”.
Argumentos y criterios actuales
Además de la oposición del bloque independiente en la Asamblea Legislativa, varias instituciones manifestaron su desacuerdo con varios puntos de la iniciativa. Entre ellas, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que el proyecto tendría “vicios de constitucionalidad y problemas de técnica legislativa” que deberían corregirse.
Algo similar indicó Servicios Técnicos del Congreso, quien señaló que las tipificaciones sobre los hechos castigables quedaban muy abiertas y eso podía funcionar en detrimento de la persona acusada.
Además, la Fiscalía también manifestó algunas disconformidades con los tipos penales creados por la iniciativa, aunque esta sí estimó abiertamente que era conveniente su aprobación.
Por último, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estimó que algunas penas propuestas serían desproporcionadas y no guardarían relación entre ellas, por lo que recomendaba revisarlas y ponerlas a tono.
Eso sí, ya hay algunos delitos que castigan actividades similares como la apología al delito y la instigación pública. Este último incluso pena con un plazo de seis meses a cuatro años de prisión al que “instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”.
El proyecto completo
La iniciativa no ha recibido mayores modificaciones desde que se presentó en el año 2016, señalan los informes realizados por las comisiones técnicas de la Asamblea fechados entre 2017 y 2018.
