La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, pidió a los diputados mantener “la esencia” del proyecto de ley 20.174, Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia, un texto que ha provocado fuertes críticas de los sectores más conservadores en el Congreso.
No obstante, Crespo también dejó las puertas abiertas para negociaciones entre los diputados y señaló que la Defensoría mantiene el texto actual “en análisis”, aunque subrayó que lo importante será sostener una normativa suficiente.
La nueva defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, pidió hoy a los diputados no eliminar "la esencia" del proyecto que se tramita en la corriente legislativa contra la discriminación. La iniciativa cuenta con el rechazo y las dudas del sector más conservador. @SemanarioU pic.twitter.com/cIzcBwNSP4
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) January 9, 2019
“Una ley de no discriminación, en sí, debería quedarse no discriminando a nadie. Lo que le toca a los diputados, eso lo pueden negociar entre ellos, pero la esencia no se puede perder, que es la no discriminación de ningún grupo”.
“Mi mensaje entonces no es para un grupo de diputados, sino que es para todos los diputados y para todos los habitantes de Costa Rica, porque no podemos permitir la discriminación de ninguna clase, de ninguna población y ese es el mensaje que queremos dar en este momento”, puntualizó.
Las declaraciones las realizó a la salida de una reunión con el presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, el oficialista Enrique Sánchez, quien subrayó las palabras de Crespo como un importante espaldarazo a la oposición al proyecto.
“Coincidimos en el valor de la Ley Marco, que es una ley hija de la Defensoría, y eso es de vita importancia porque ahora vemos como continuamos de nuevo contando con el compromiso de la Defensoría para impulsar el avance de esta ley en las próximas semanas”, afirmó.
Sánchez también dio a conocer un acuerdo con la Defensoría para que esta cuente con una presencia permanente como ente observador de la comisión que dirige, de modo que pueda “atender dudas o facilitar información” sobre los proyectos de ley.
En el caso de la ley antidiscriminación, esta actualmente incluye a todo el sector público y todo el resto de personas físicas o jurídicas que actúen en el territorio nacional, en campos como el empleo, la afiliación o la extensión de servicios sociales.
La iniciativa de ley además crea un Consejo Nacional contra la Discriminación, un organismo que estaría adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, y que contaría con dos cuerpos superiores.
Ellos serían la Dirección Ejecutiva, ocupada por periodos de cinco años; y la Junta Directiva, compuesta por tres personeros del Ejecutivo; dos de las instituciones y consejos que atienden a minorías o poblaciones en desventaja; uno del Consejo Nacional de Rectores (Conare), otro de los gobiernos locales; y un último par proveniente de la sociedad civil.
Las medidas
Hasta el momento, el proyecto de ley establece obligaciones para todas las entidades, especialmente en la confección de reglamentos internos y de sanciones para evitar formas de discriminación a poblaciones por motivos de nacionalidad, edad, sexo, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, condición migratoria discapacidad, entre otros.
Además incluye reformas al capítulo de Derechos Humanos del Código Penal para castigar la discriminación, ya sea la que se realiza aplicando medidas en concreto o incitando a la población para realizar cierto tipo de comportamientos.
Entre las principales penas, incluye un castigo de seis meses a dos años de prisión para la persona que aplique “cualquier medida discriminatoria directa”, un periodo que podría elevarse de dos a tres años “cuando los hechos sean cometidos por la persona gerente, administradora o directora de una institución pública”.
También se impone una pena de seis meses a dos años de prisión a las personas que formen parte de “una organización que se inspire en ideas o teorías” de odio, como se refiere a todas aquellas que estén basadas en “motivos raciales, de nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características genéticas”.
Por último, también castiga con una pena de seis meses a dos años a quienes “promuevan el odio contra algún grupo”, y de dos a tres años a quienes, “al reproducir dichas expresiones, manifiesten su apoyo al llamado al uso de la violencia”.
Preocupación política
Una de las principales reticencias contra la iniciativa proviene de los mismos partidos políticos, como quedó expuesto en un boletín contra la iniciativa redactado por el grupo independiente Nueva República, compuesto por los exdiputados de Restauración Nacional afines a Fabricio Alvarado.
Aquel texto, filtrado por el medio delfino.cr, criticaba con especial fuerza el segundo párrafo del artículo 2 del proyecto, según el cual “las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos”.
Según esta corriente de diputados, esto podría incidir en sus propias organizaciones políticas, muchas de ellas basadas en ideas religiosas, como también ocurriría con centros educativos y —por supuesto— las propias iglesias.
En esa línea, el bloque criticó que se incluyera como causal de discriminación la orientación sexual o la identidad de género, algo que catalogaban como “un privilegio a una serie de grupos” por “elevar la identidad de género como concepto jurídico”.
