El hecho de que en el Consejo Superior del Poder Judicial corrieran rumores de que algunos magistrados o magistradas mantienen “inquietudes y descontento” con el IV Informe del Estado de la Justicia, llevó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, a incluir el tema en la agenda de Corte Plena para atender “la preocupación de que se incidiera en algunas cláusulas del entendimiento para evitar errores o imprecisiones que tiene el Informe”.
Se trata del acuerdo marco entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), instancia que cobija al Programa Estado de la Nación (PEN), que establece los parámetros de cooperación y acceso a la información con la que se prepara el Informe Estado de la Justicia, cuya cuarta edición recientemente fue dada a conocer y que -tal como informó UNIVERSIDAD- generó molestia en algunos magistrados y magistradas ante “imprecisiones” contenidas en el documento, especialmente sobre la mora judicial y el proceso de elección de jueces y juezas.
Por ello Corte Plena desde la semana pasada acordó realizar sesiones de trabajo para analizar los resultados y recomendaciones del Informe. Según se divulgó, el pasado miércoles se realizó la primera, enfocada “en la valoración del informe preliminar elaborado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en el cual se cotejaron los indicadores judiciales y datos expuestos por el Estado de la Justicia, que desde el punto de vista técnico registran algunas inconsistencias”.
Corte Plena muestra su molestia ante críticas por Estado de la Justicia
Es decir, lo que trascendió este lunes en Corte Plena es que, además de analizar los datos imprecisos contenidos en el IV Informe del Estado de la Justicia, se abre la posibilidad de replantear algunos de los términos del acuerdo marco entre ambas instituciones.
Cruz, propuso además que el grupo de trabajo que lidera el magistrado Jorge Araya, quien la semana pasada abogó vehementemente por dar una respuesta al Informe, “establezca que es lo que se puede corregir del convenio para que se eviten los errores que ustedes le van a señalar muy bien el próximo martes al Estado de la Nación”, cuando se sostenga una reunión.
Cruz entonces informó que la firma del convenio “queda en suspenso” ante la “inquietud muy seria de parte de magistrados y magistradas para hacer una revisión o corrección”.
De seguido el magistrado Jorge Araya tomó la palabra y dijo que “el tema fundamental es la validación de los datos”, realizada “antes de que sean interpretados por el Estado de la Justicia y difundidos”.
Insistió en que sobre ese tema particular “hay que precisar mucho en el convenio a fin de que no se presenten inconsistencias o inexactitudes que este último informe el IV presentó”.
Araya informó que la Dirección de Planificación incluso tuvo que ampliar el plazo para recibir las observaciones de 42 unidades administrativas respecto al Informe y que han emitido “una serie de comentarios y observaciones, algunas de las cuales son sumamente valiosas para la institución. Esto nos proyecta como institución hacia adelante y es una oportunidad enorme de mejora”.
Dijo que en el marco de todo ese trabajo, la primera parte es “de determinación de inconsistencias y la segunda es la parte de fondo, los grandes desafíos en el campo administrativo político y jurisdiccional que enfrenta el Poder Judicial, donde el tema de la mora es fundamental”.
Insistió en que al “revisar esta nueva proyección de entendimiento con el Estado de la Justicia, lo primero será afinar mucho el lápiz en el tema de la validación de los datos”.
¿Divorcio?
De seguido, Cruz reiteró que “me parece que siendo usted (Araya) quien ha liderado este tema, es usted la persona indicada para que estudie el convenio y le haga los ajustes que estime convenientes” y añadió que se le dijo desde el Consejo Superior que “el malestar y la preocupación que había entre magistradas y magistrados ameritaba esto que estoy haciendo ahora”.
La magistrada Julia Varela pidió la palabra y recordó que “siempre ha habido un gran esfuerzo buscando estrategias de mejora” y apuntó que “en buena hora” el IV Informe “haya levantado los ánimos”.
Reflexionó de manera suspicaz que “no nos gusta que nos digan las cosas que pasan, sabemos que hay inconsistencias, sí, pero en este momento histórico decir que no se va a segur con la prórroga de ese contrato sería pésimo desde el punto de vista político para la institución”.
De esa manera, planteó que “si esa es la ruta que piensan algunos y algunas que se opusieron, por lo menos manifestaron que no querían que se volviera a negociar, pues se respetan esas posiciones, pero creo que la institución desde que inició con este proceso ha ido en la ruta correcta que es ejemplo para otros poderes del Estado”.
“El informe -expresó al intervenir la magistrada Patricia Solano- no es otra cosa que un insumo relevante a efectos de que un observador externo nos haga observaciones sobre las debilidades y fortalezas que desde su óptica presenta la institución, a efectos de que nosotros nos ocupemos en mejorar”.
Dijo que por ello es importante que “nos den una respuesta a las observaciones que en su momento hacemos, porque en temas por ejemplo de nombramientos sí hicimos observaciones puntuales y no hay respuestas”, lo cual sugirió debe ser parte de los temas abordados en las cláusulas del acuerdo con el PEN.
Al final de la discusión, Cruz afirmó que “por el momento no hay una voluntad de no firmar o de no continuar (con e convenio), sino una preocupación sobre el mejoramiento de su contenido”.
