“Automatización de los procesos judiciales y análisis de rezago del judicial” es el nombre de un proyecto que el Poder Judicial ha puesto en marcha con el Colegio de Abogados y Abogadas, que busca generar una mayor agilidad al trámite de los asuntos y reducir los tiempos de solución.
Los primeros resultados de la iniciativa fueron presentados la tarde de este miércoles en ese Colegio y según se informó hasta ahora a través de proceso internos de simplificación de trámites se ha logrado disminuir en cuatro meses y medio la duración de los procesos de violencia doméstica.
También se detalló que en lo que respecta a cobro judicial, una de las materias que mayor circulante o cantidad de casos por resolver genera a la institución, se logró una reducción de 100 mil expedientes pendientes, gracias al desarrollo por el propio Poder Judicial de una herramienta tecnológica de Tipificación Automática de Escritos.
854.083 casos de cobro judicial desbordan y retrasan la administración de justicia
Casos prácticamente se duplicaron en cinco años y se convirtieron en los grandes protagonistas de la mora judicial: representaron un 63% de los expedientes activos en el 2021.
Según se informó, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022 se logró además una disminución del 9% en los expedientes a la espera de resolución, en términos generales, es decir, se logró resolver 75.712 que hacían presa.
Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, ponderó que el rezago judicial tiene múltiples causas y que si bien algunas de ellas son internas y se pueden resolver administrativamente, otras requerirán reformas legales y por lo tanto apoyo legislativo.
“Es fácil criticar a las instituciones públicas cuando usted lo que tiene es una visión muy genérica, cuando usted no tiene argumentos”, dijo para afirmar que “en realidad sí se está haciendo un esfuerzo serio”.
Según explicó Nacira Valverde, directora de Planificación del Poder Judicial, se trata de reformas legales que en lo más inmediato deben atender las implicaciones que tendrá la entrada en vigencia en octubre del año entrante del nuevo Código Procesal de Familia y en febrero de 2025 del Código Procesal Agrario.
Según detalló, en materia de Familia las propuestas “ya prácticamente están redactadas, estamos en aprobación final para lo que es la Corte, en un mes plazo posiblemente pueda estar saliendo una documentación hacia lo externo”.
Mientras que en materia agraria, indicó que “posiblemente en octubre” se tenga un producto ya debidamente redactado.
El magistrado Luis Guillermo Rivas, quien preside la Sala I y además ha fungido como enlace entre la Corte Plena y la comisión que ha trabajado el proyecto, dijo que “estamos llegando al final de toda una revolución completa en los procedimientos”.
Por su parte Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “estamos en momentos muy importantes y determinantes de la historia del Poder Judicial, vivimos una situación tan especial, que la certezas del pasado ya no sirven, ya no nos dan margen, ni como ideas ni como herramientas para solucionar los problemas actuales”.
Añadió que “el auge arrollador de la innovación tecnológica realmente lo sentimos día a día, y las transformaciones democráticas, demográficas, económicas y culturales que experimentan nuestras sociedades han aumentado las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la eficiencia, a la eficacia de los servicios que presta el Estado, entre ellos fundamentalmente el servicio de administración de Justicia”.
