País

854.083 casos de cobro judicial desbordan y retrasan la administración de justicia

Casos prácticamente se duplicaron en cinco años y se convirtieron en los grandes protagonistas de la mora judicial: representaron un 63% de los expedientes activos en el 2021.

No hay que esperar una sentencia: los casos de cobro judicial se han convertido en los principales culpables de la mora en la administración de justicia en Costa Rica y son un alud en aumento.

Los datos son los testigos de esta acusación: Luis Diego Romero, gestor civil que trabaja esta materia en el Poder Judicial, reportó que los casos alcanzaron la cifra de 854.083 en el 2021, un crecimiento de un 28% con respecto a hace apenas tres años, y casi se han duplicado desde el 2016, cuando eran 453.169. (ver gráfico). En ese 2021, llegaron a representar un 63% el circulante judicial (cantidad de casos que están pendientes de resolución, con resolución provisional o en etapa de ejecución).

En los últimos años, los cobros judiciales han mostrado más casos ingresados que cerrados, lo que contribuye a aumentar los pendientes en la materia.

Estos cobros se han convertido en el principal lastre para la administración de justicia. Según las cifras oficiales para abril del 2021, no solo representan seis de cada diez casos presentes en la mora judicial, sino que superan largamente a las materias que las siguen, las pensiones alimentarias (14%) y la materia penal (10%). (ver gráfico).

“Estos trabajos cobratorios son un gran problema para el Poder Judicial, por ser procesos masivos, la posibilidad de respuesta de la institución se reduce enormemente. Implica que se tienen que restringir recursos que se podrían utilizar en materia jurisdiccional”, manifestó Romero, quien ilustró que por estos procesos se deben destinar jueces y recursos para fiscalizar un cobro, y no para dictar una sentencia.

No se trata de una situación sorpresiva. En el tercer informe “Estado de la Justicia”, divulgado en el 2021, ya se llamó la atención sobre la materia. El reporte advirtió que los cobros judiciales ya concentraban la mayor cantidad de casos que ingresan a la administración de justicia en el país, al pasar de un 24% en el 2016 a un 33% en el 2018. Consignó además que el 80% en el aumento del circulante en el Poder Judicial se explicaba por la cantidad de casos asociados a la materia de cobros, que en el 2018 alcanzaba el 53% de las causas activas.

Estadísticas de mora judicial
El cobro judicial se convirtió en la principal causa de la mora judicial: seis de cada diez expedientes de esta estadística corresponden a esta materia, muy lejos del área penal, que se ubica en segundo lugar.

Es decir, en solo tres años el peso de los cobros judiciales en esa mora judicial ascendió diez puntos porcentuales. El problema viene en aumento, porque cada año los casos que ingresan superan ampliamente a los que son finalizados. (ver gráfico). Y el aumento de los expedientes de cobro judicial, en años recientes, tenía un ritmo superior al del promedio de otras materias: lo atestiguó el Informe “Estado de la Justicia”.

Los casos de cobro judicial están creciendo en forma constante; del 2016 al 2021 aumentaron un 88% y se acercan al millón de expedientes.

Un caso que se agrava

Ante la amenaza real del millón de expedientes (en promedio, una causa por cada cinco habitantes) ¿pueden los cobros terminar por anegar al Poder Judicial? Romero considera que no se puede hablar de un colapso, pero sí de una capacidad de respuesta muy reducida. Solo en el caso de esta materia de cobros, la duración promedio pasó de 33 meses en el 2019, a 38 meses en la actualidad: más de tres años.

Adicionalmente, este lastre de cobros, que desplazó a la causa penal como la jurisdicción que dominaba en el circulante hace menos de una década, ha sido protagonista en el aumento del costo promedio de los casos. El trámite de un expediente pasó de ₡600.000 a ₡800.000, a partir del 2017. Y hay que preguntarse por la conveniencia que puede tener realizar un trámite de casi un millón de colones, por proceso de cobros que en algunos casos pueden ser de ₡10.000.

Pero no se trata solo de un problema desde el ángulo judicial. En las audiencias realizadas en la Asamblea Legislativa ante uno de los proyectos, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reconoció que el sector financiero es uno de los principales usuarios de la jurisdicción de cobro, pero alega que en muchos casos es la única vía para recuperar sumas adeudadas y, además, es un proceso obligatorio para los casos que se deben pasar por incobrables.

En esa audiencia realizada el 10 de marzo del 2020, la ABC consideró que aunque se pretendía favorecer la labor de los despachos que realizan los cobros, las tarifas propuestas eran “sumamente altas para el acceso a instancias judiciales, y aplicable al único mecanismo de cobro a disposición de los ciudadanos”. Solicitaban revisar los porcentajes del proyecto, si avanzaba la ley… algo que no sucedió.

Por su parte, Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, ha declarado su preocupación por el tema, dado que el 63% de la mora judicial proviene de estos cobros. “Tenemos problemas de financiación; le pedimos al Parlamento que nos haga una tasa para poder financiar una cuestión tan abrumadora, de un área que es para cobrarle en su mayoría a los bancos y financieras, y resulta que el Poder Legislativo no quiso aprobar la tasa”, lamentó.

Y es que las autoridades del Ejecutivo y el Judicial han apelado desde hace más de una década al Poder Legislativo en busca de algunas soluciones, que en primera instancia se asociaron al cobro de una tasa para estos casos. Pero no han logrado respuesta (ver nota aparte).

El crecimiento de los casos de cobros superó en periodos recientes no solo al promedio del Poder Judicial, sino al de las áreas que tradicionalmente eran las que tenían más protagonismo.

Buscando soluciones

Los proyectos de ley archivados se enfocaron en el tema del cobro de una tasa para los usuarios del sistema, pero no es el único camino.

Romero comentó que existen otras alternativas, como la posibilidad de desjudicializar el trámite de cobro, algo que en otras legislaciones, como la ley de garantías mobiliarias, han establecido mecanismos.

También se están realizando algunas experiencias relacionadas con la inteligencia artificial y la búsqueda de alternativas tecnológicas para el trámite de algunos de estos procesos, con algunos resultados prometedores en el caso del Juzgado de Pérez Zeledón.

Esto habría sido relevante para que la acumulación de expedientes, que se mantiene, al menos haya reducido parte del ritmo que traía en los últimos meses. Pero no hay que equivocarse: contener la bola de nieve que representa el cobro judicial en la mora de la administración de justicia requerirá de mucho más que algunas medidas para contener su incremento.

Suscríbase al boletín

Ir al contenido