El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, admitió que el Poder Judicial encuentra dificultades para investigar actos de corrupción entre sus funcionarios, tales como enriquecimiento ilícito o faltas al deber de probidad (obligación de la persona funcionaria pública de orientar su gestión a la satisfacción de interés público, demostrando rectitud, buena fe e imparcialidad).
Cruz afirmó que desde el 2017, luego de la crisis que atravesó la judicatura por causas relacionadas con el caso del “cementazo”, se ha trabajado en planes de transparencia y anticorrupción; sin embargo, aún es difícil enfrentar este tipo de faltas.
“Eso es un tema en el que tanto los magistrados como la comunidad judicial están conscientes de que debemos tener un ojo abierto y una apertura para no ocultar e impedir cualquier impunidad en este tema. Hay una serie de limitaciones y disfunciones en la investigación de hechos delictivos vinculados a la probidad, hay deficiencias y lentitud”, dijo.
El magistrado agregó que son pocas las personas que han sido condenadas en instancia penal por enriquecimiento ilícito y que la posibilidad de enjuiciar a alguien no es muy alta, por lo que hay que hacer cambios en dicha línea de acción.
“No es fácil identificarlo porque hay omisiones en la ley, hay espacios oscuros o puntos muertos que no permiten una buena investigación. También hay que reforzar el control disciplinario porque muchas veces las sanciones son un indicador de un quehacer en una acción ilícita en favorecimiento o intereses que no son lo que deben orientar la administración de justicia”, indicó.
Junto con estas falencias, el presidente de la Corte Suprema también señaló la intromisión del crimen organizado en diferentes instancias del Poder Judicial, otra debilidad que se debe corregir.
“Con el narcotráfico, el crimen organizado y organizaciones que tienen un quehacer al margen de la ley, como la evasión fiscal, me parece que siempre va a haber la pretensión de penetrar, de tener gente dentro que dé información, personas que aseguren un resultado más allá de lo que un abogado dentro de su saber pueda hacer”, dijo.
Como parte de las acciones para buscar la forma de prevenir estos delitos, el Poder Judicial definió una oficina de cumplimiento y la determinación de estándares para evitar los conflictos de interés, al interno de sus funcionarios.
