Este mañana durante la sesión de Corte Plena, la magistrada vicepresidenta Damaris Vargas Vásquez ofreció datos según lo cuales se ha logrado reducir el peso que los casos de cobro judicial tienen en el total del circulante -o casos pendientes- que tiene el Poder Judicial.
De acuerdo con datos que ofreció, a febrero de este año el circulante nacional es de 1.495.045 expedientes, de los cuales 807.451 son de cobro judicial, un 54,1%.
La Magistrada destacó que ese dato es “muy importante, porque el año anterior hablábamos de 63,1%, estamos mejorando”.
854.083 casos de cobro judicial desbordan y retrasan la administración de justicia
Casos prácticamente se duplicaron en cinco años y se convirtieron en los grandes protagonistas de la mora judicial: representaron un 63% de los expedientes activos en el 2021.
Vargas Vásquez ofreció esas cifras durante el debate que se dio luego de que la magistrada Ana Isabel Vargas ofreciera un informe sobre un proyecto de ley que pretende facultar a las personas notarias públicas para que ejecuten cobros judiciales.
La iniciativa pretende precisamente aliviar la carga que llevan los juzgados de cobro, una materia que ya por décadas ha sido el principal escoyo al atacar ese circulante total del Poder Judicial.
El análisis del proyecto correspondió a la magistrada Ana Isabel Vargas Vargas, quien si bien observó lo positivo en términos generales que ofrece el proyecto, también señaló problemas de la iniciativa, como que asigna a los notarios “resolver la oposición y defensas planteadas por el deudor y los fiadores”, al tiempo que establece para los juzgados de cobro la nueva función de resolver cualquier apelación que sea planteada en contra de lo resuelto por el notario.
Ante preguntas de la magistrada Patricia Solano, Vargas Vargas destacó que la función que realizan los notarios es administrativa, pero terminaría por llegar a sede judicial en caso de que haya apelación. Añadió que esos juzgados se supone que son de primera instancia, pero de aprobarse el proyecto tal como está “los convierte en alzada, como si fuera segunda instancia”, lo cual “requiere reestructuración interna en los juzgados, que implica presupuesto y una serie de modificaciones”.
La propuesta de Vargas Vargas concluyó que el proyecto en efecto afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la cual fue acogida por 18 votos a favor, uno en contra y una abstención. La comunicación que se enviará a la Asamblea Legislativa informará que el proyecto es visto con buenos ojos pues en efecto ataca la mora judicial, pero que requiere las mejoras señaladas.
