La Planta La Luz, concesión del ingeniero Francisco Rua León y responsable del derrame de desechos mineros en el río Abangares que arrasó con peces y camarones, ya había sido cerrada en el 2011 por grietas en la pila de colas o pila de desechos donde tratan la presencia de metales peligrosos como el mercurio.
El pasado viernes 15 de julio en horas de la madrugada se rompió una de las paredes del depósito de desechos mineros, con alta probabilidad de tener metales pesados como el mercurio y cianuro. El lodo o lama, que luce como arena, cayó sobre el Río Santa Lucía y Abangares arrasó con peces y camarones y desembocó en el Golfo de Nicoya.
Esta planta en la única que puede tratar los desechos de la actividad minera de oro del cantón, por lo que los mineros artesanales -a falta de tecnología propia- dependen de ella para la gestión de residuos potencialmente peligrosos. A su vez, Abangares es altamente dependiente del ingreso por esta actividad: representa entre un 80-85% de sus ingresos y cerca de 4500 familias se benefician por la minería artesanal, estima la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (UCADA)
Las autoridades de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) suspendieron la operación de la planta mientras se realizan investigaciones sobre el incidente. Esta no sería la primera ocasión en la que se suspende la planta por grietas que ponían en riesgo a los cuerpos de agua.
En el 2011 la Directora interina de la Dirección de Geología y Minas, Marlene Salazar Alvarado, solicitó la suspensión de labores en la planta como una medida cautelar ambiental.
“(…) hay grietas en el dique del costado oeste de la pila de colas, aunado a que el geotextil está roto en el costado este la pila de colas” dijo la nota DGM/RNM 812-2011 enviada al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) basada en lo expuesto por la geóloga Sirsabel Ruiz tras una inspección en la planta.
Abangares enfrenta temerosa una tragedia ambiental que desnuda riesgos de la minería
Tras el más reciente incidente, los vecinos denuncian en las sombras por miedo a “represalias” ya que la minería artesanal depende del manejo de desechos de la planta privada responsable del reciente derrame.
Una investigación de cuatro meses por parte del medio El País, también había identificado cuestionamientos legales a los operarios de la planta y fotografías que advertían del peligro que representaba la laguna con desechos para los cuerpos de agua cercanos, que desembocan en el Golfo de Nicoya.
“Dicha concesión se encuentra en litigio en los tribunales de Justicia, y es investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos (Ministerio Público), donde Rúa reclama sus derechos a sus ex socios Carlos Muñoz Álvarez y a Gerardo Álvarez Herrera” expuso el medio ese año.
El Gobierno de Oscar Arias otorgó la concesión a Francisco Rua León en el 2007, cuando el Ministro de Ambiente era Roberto Dobles, y en el 2008 Ruiz realizó una inspección en la que también alerta de la posibilidad de que los desechos se desborden y caigan al río.
“(…) me consta que sus piletas de colas están rebalsadas. Incluso algunos oreros han optado por cubrir las colas con plásticos a fin de evitar el derrame de las mismas con la intensidad de las lluvias” dijo la inspectora, en resonancia con lo sucedido el pasado viernes que la empresa sostiene responde a “lluvias sin precedentes”.
Ruiz realizó la inspección por un paro de labores de meses, que incumplía con los compromisos de la concesión la cual estaba a cargo del tratamiento de los desechos de la actividad minera artesanal. La geóloga también advirtió tras esta visita que al consultar por una bitácora geológica se enteró de que no contaban con regente geológico.
La empresa justificó el paro de labores en el que se encontró por meses y las condiciones de las pilas identificadas por Ruiz alegando que iban a realizar mejoras, pero que la empresa contratada no cumplió con sus expectativas y, tras la advertencia, contrató a Douglas Camacho como geólogo regente.
Posterior a esto, organizaciones civiles reclamaron a la empresa que operara bajo la sociedad MCC Mining bajo el nombre de Carlos Muñoz, en lugar de ser asumida por el concesionario.
“Hemos recibido información en la cual, este concesionario, no tiene licencia Municipal o Patente, como tampoco está operando la Planta, pues la documentación se tramitó a nombre de MCC Mining, conocida como Materiales y Concretos del Caribe” consta en un carta enviada al Minae en enero del 2010.
El riesgo de que las pilas de colas caigan a cuerpos de agua, poniendo en riesgo a animales y personas, también fue advertido para un caso similar en la construcción de una planta a escasos 30 metros del Río Boston, que de derramarse pondría en riesgo las tomas de agua del cantón de Abangares.
Según Gamboa, en octubre del 2020 esta planta sufrió una “reventadura” por “aguaceros fuertes” que la empresa selló y que, aunque no implicó contaminación porque la planta no estaba aún en operación, demostró que todo lo que sostenía la pila caería al río que, aunque no se llegaran a utilizar químicos o metales, filtraría los ácidos que sueltan los desechos. Ante la denuncia que hizo, agregó, el alcalde defendió la construcción.
