Representantes de asociaciones de pescadores y mujeres procesadoras de camarón de Barra del Colorado, en el Caribe norte, defendieron hoy ante la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría la pesca artesanal a pequeña escala usando la técnica de arrastre.
Los vecinos participaron en una audiencia realizada para discutir el proyecto de “Ley Alma, visa y camarón” (Expediente 22.390) propuesto por la diputada Marulin Azofeifa, de Nueva República, que propone otorgar licencias de pesca de camarón con fines comerciales en el Caribe Norte para la flota artesanal en pequeña escala.
Jesús Chaves Vidaurre, presidente de la Asociación de Pescadores de Barra del Colorado, explicó que en la zona el camarón se pesca de forma artesanal, con red, durante dos épocas del año (abril y octubre) que es cuando el mar esta manso y el camarón se acerca a la costa. Por lo general pescan a 2 o 3 metros de profundidad y hasta un máximo de 6 metros de profundidad.
Dijo que jamás se pueden comparar con un barco de pesca semi-industrial, ya que ellos salen en embarcaciones de unos 8 metros de eslora, con redes de 9 metros de largo y hacen lances de una hora de duración. Reconoció que existe pesca incidental, como en cualquier tipo de pesca; pero que solo un 17% de lo que pescan es fauna de acompañamiento -de la cual un 11% era aprovechable -y un 83% camarón- según estudios hechos en 2017 y 2018 en la zona.
“La pesca de camarón que se ha desarrollado en Barra del Colorado es una pesca buena, es una pesca limpia; desde todo punto de vista era una pesca sostenible. Nosotros necesitamos de proteger la especie porque vivimos de ella”, dijo.
Según Chaves, desde 1996 realizan pesca comercial en la zona, ya que antes era solo para subsistencia. Al ser Barra del Colorado un Refugio Nacional de Vida Silvestre, de 81 mil kilómetros cuadrados de extensión, donde no se pueden desarrollar otras actividades como agricultura ni ganadería a gran escala, la comunidad depende de la pesca de camarón, langosta, pargo y un poco de pesca deportiva turística de sábalo. También se desarrolla el turismo, pero el sector está afectado debido a la pandemia.
Indicó que existían alrededor de 21 embarcaciones con licencias de pesca de camarón, lo cual beneficiaba a alrededor de 80 familias, y que un 70% de la población de la zona depende de esta actividad.
Critican veto a ley de pesca de arrastre
En octubre del año pasado, el presidente Carlos Alvarado vetó una ley que rehabilitaba la técnica de pesca de arrastre, por sus impactos en el suelo marino y en diversas especies. La pesca con redes de arrastre está prohibida desde 2013 por orden de la Sala Constitucional, que determinó que la práctica daña el ambiente.
Para Chaves, el veto del mandatario fue una lástima y afirmó que el impacto fue muy grave para la comunidad.
“El Estado no ha hecho nada, a pesar de que el voto de la Sala decía que si no se podían restablecer las licencias de pesca, los pescadores debían ser debidamente indemnizados, lo cual no ha ocurrido. Le quitan a uno la herramienta de trabajo pero no le dan a uno otra cosa. El Estado está obligado a buscar cómo solucionarnos el problema pero no lo ha hecho. Las organizaciones ambientalistas velan por el recurso pero no miran más allá a la gente que vivimos de la pesca”, expresó.
Por su parte, Lilia Briones Bermúdez, de la Asociación de Mujeres pescadoras y procesadoras de camarón de Barra del Colorado, aseguró que esto ha hecho un gran daño a las mujeres jefas de hogar que se dedican a la actividad de procesamiento de camarón.
“Vengo a pedirles que nos apoyen en este proyecto. Fue muy difícil escuchar que se vetaba la ley para la pesca de camarón. Sí se puede hacer una pesca responsable y sostenible. Les pido que nos separen de la parte del Pacífico, de la parte de pesca de arrastre semi-industrial, somos pesca de arrastre artesanal. Me gustaría que los ambientalistas vinieran a la comunidad y observaran las necesidades de la comunidad”, expresó.
Proyecto de ley
El proyecto de ley reforma la Ley de Pesca y Acuicultura para que se permita otorgar “licencias para capturar camarones con fines comerciales en el Caribe Norte del país”, “de conformidad con los criterios técnicos y científicos que emita la autoridad ejecutora”. Prohíbe otorgar licencias para pesca dentro de parques nacionales y otras áreas protegidas.
Establece que las licencias “se otorgarán únicamente a las embarcaciones de bandera y registro nacionales de personas físicas, para la flota artesanal en pequeña escala” y dice que se le dará prioridad a las personas físicas que hayan tenido una licencia anteriormente.
Autoriza a todas las entidades del Estado para que transfieran recursos de su superávit a Incopesca, “para que realice los estudios técnicos y científicos correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca artesanal en pequeña escala en el Caribe Norte”, para lo cual tiene un plazo de dos años.
