Las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deberían ser ₡15.000 más altas únicamente para recuperar el valor de compra del dinero que se otorgaba en 2010. Así lo indica un análisis realizado por el actuario y matemático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodrigo Arias.
El último pico de inflación, estimado en un 4,94%, golpea especialmente a las pensiones dirigidas a la población más vulnerable. Arias señala que deberían pagarse ₡97.031 mensuales, en lugar de los ₡82.000 que la Caja paga desde su último ajuste, en 2019.
Durante los últimos ocho años, en los Gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, apenas han ocurrido dos aumentos en el Régimen No Contributivo.
Dichas pensiones están diseñadas para población en pobreza y pobreza extrema; específicamente para personas con discapacidades severas, viudas en desamparo, personas menores de edad huérfanas y adultos en condición de indigencia.
En el análisis que el actuario Arias compartió con UNIVERSIDAD, se destaca que la pensión actual para estas personas es apenas ₡12 mil más alta de lo que era en 2010.
En ese año, la administración del expresidente Óscar Arias Sánchez terminó su gestión con una pensión no contributiva de ₡70.000.
En la siguiente administración, de la expresidenta Laura Chinchilla, las pensiones subieron en dos ocasiones. El porcentaje de incremento nunca se ajustó a la tasa de inflación, por lo que continuaron arrastrando problemas de valor real. Para 2013, el monto base de la pensión del RNC era de ₡75.000 y se requería un aumento de ₡6 mil para alcanzar el encarecimiento del costo de la vida en el país.
A este proceso, en el que los aumentos nunca alcanzan para cubrir el costo real de la vida, Arias lo llama “escamoteo”. De acuerdo con el actuario, el Gobierno se “ahorra” una cifra multimillonaria de inversión social tan solo ignorando la brecha que hay entre el dinero que otorga y lo que realmente las personas pueden comprar con su valor.
Para 2022, Arias estima que el Gobierno evitará pagar ₡24.899 millones si las pensiones continúan congeladas.
