Esta tarde desde Casa Presidencial se informó que Ottón Solís fue designado como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización a la que antes criticaba.
Desde el inicio de la administración Alvarado, Solís fungió como director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por lo que antes de su nombramiento se debió aceptar su renuncia al puesto.
Respecto a su nueva designación, Solís expresó que “al igual que lo he hecho en el BCIE, espero honrar a mi país con un desempeño en la OCDE basado en el estudio riguroso, en el trabajo duro y en la ética. Me guiaré por nuestros compromisos con la competitividad, la democracia, el respeto a todos los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad. Espero contribuir a que la participación de Costa Rica en la OCDE sea positiva para el país y para la organización”.
Ni bien se conoció el nombramiento de Solís, empezaron a emerger críticas. La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), mediante un comunicado expresó su rechazo, ya que “en diversos espacios el Sr. Solís ha estado en contra de los procesos de apertura comercial y la agenda de incorporación a la OCDE”.
En criterio de ese gremio empresarial, la designación de Solís “puede ser un percibida como una agresión frente OCDE y no beneficiará la relación con este organismo”.
En efecto, ante la noticia divulgada por Casa Presidencial parece que fueron a dar al baúl de los recuerdos las vehementes objeciones que en su momento el entonces diputado Ottón Solís planteó a varios aspectos exigidos por la OCDE.
Por ejemplo, Solís no tuvo reparos en 2017 en criticar la disposición que obliga la país a establecer un fondo de seguro bancario que también cobije a los grandes capitales de la banca privada.
En ese momento dijo que tal medida “significaría que en pocos años, ya nivelada la cancha, un montón de gente -si ya la garantía es igual- se pasa a la banca privada. Desaparecería la banca del Estado, todos los negocios irían a la banca privada”, con lo cual el efecto final sería “reforzar la concentración del ingreso”.
Con no menos energía, Solís criticó también en 2017 la imposición de la OCDE de eliminar la fijación de los precios de los productos agrícolas, lo cual, según un documento de la misma organización, implicaría que muchas personas dedicadas al agro se puedan ver “desplazadas” de la actividad.
“Los programas existentes de protección social de Costa Rica (como el sistema de transferencias de dinero operado por el IMAS) podrían jugar un papel importante”, pensaba la OCDE.
Al respecto, Solís en ese momento dijo que esas recomendación busca aplicar “las fuerzas del mercado y los compromisos de apertura comercial”, y sobre la idea de que el IMAS atienda a quienes se vean desplazados, opinó que “es una ofensa, esa página debería arrancarse de los documentos y me sorprende que el Gobierno lo haya aceptado”.
Es más, el ahora representante ante la OCDE afirmó que “espero que el Gobierno coja esa paginita y la arranque de los documentos, y si le gusta a la OCDE, bien, y si no, ni vuelvan aquí”.
Otros nombramientos
Por otra parte, también se dio a conocer la designación de Hugo Rodríguez como presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Al mismo tiempo, se informó de la apertura de un órgano administrativo contra la directora de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yolanda Acuña Castro, tras una recomendación de la Procuraduría de la Ética, “por aparente falta al deber de probidad”.
No se dieron detalles, pero valga recordar que en marzo de este año el mismo Consejo de Gobierno acordó solicitar a la Procuraduría de la Ética Pública, supuestamente por exigir que se le ayudara a un conocido con un problema de facturación.
