La idea de crear un fondo que asegure los ahorros que las personas tienen en bancos privados tanto como en los públicos genera gran controversia. Sus defensores subrayan que protegerá a las personas ahorrantes, pero los detractores afirman que más bien creará una desigualdad que perjudicará a la banca estatal y, a la larga, beneficiará a los grandes capitales detrás de los bancos privados.
En la actualidad, la banca pública cuenta con la garantía del Estado sobre los fondos de los ahorrantes, situación que le da ventaja sobre la banca privada a pesar del encaje mínimo legal que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, todas las instituciones de este tipo deben depositar en el Banco Central (BCCR).
La iniciativa de creación de un seguro bancario que cubra a la banca privada y así se nivele la cancha con la banca estatal fue planteada en el país hace años, pero ha cobrado fuerza en el contexto del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), luego de que el tema fuera mencionado en un análisis económico sobre Costa Rica elaborado por esa instancia.
En la Asamblea Legislativa llegó a ser dictaminado el proyecto de ley 17.766, propuesto por la liberacionista Viviana Martín en el 2010, pero su trámite se encuentra estancado.
“RESGUARDAR LA ESTABILIDAD”
Actualmente, en el BCCR se trabaja en un nuevo proyecto de ley que crearía el fondo, el cual se espera que en el último trimestre de este año sea presentado a la junta directiva de ese Banco y a autoridades del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), para pasar luego a autoridades de la Presidencia, quienes lo presentarían ante la Asamblea Legislativa.
Así lo informó Eduardo Prado, gerente del BCCR, quien subrayó que “no es un mandato de la OCDE”, sino que se trata de un proceso en que “voluntariamente” se busca implementar “acciones en la dirección correcta y concordantes con las buenas prácticas a nivel internacional”.
Prado detalló que lo que se busca es crear un depósito con tres compartimentos “claramente separados”: uno para la banca del Estado; otro para los bancos privados, el Banco Popular, las mutuales de ahorro y préstamo e instituciones financieras no bancarias; así como un tercer compartimento para cooperativas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Caja de ANDE.
El funcionario destacó que el proyecto, en lo concerniente a la banca Estatal, establece “de forma explícita el seguro que hoy es implícito para los depositantes y particularmente los pequeños depositantes”.
Explicó qué, en la actualidad, si se diera un problema en un banco del Estado, el gobierno tendría que activar la contingencia fiscal y “prácticamente tomar recursos para ayudar al banco”, pero que la creación del fondo permitiría que los pequeños ahorrantes “puedan tener sus recursos de vuelta con la debida oportunidad”.
Tras asegurar que con la creación del seguro de fondos los bancos estatales no pierden la garantía de la que gozan actualmente -porque ello fue establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional-, Prado aseveró el objetivo de la creación de ese seguro “no es nivelar cancha”, sino “resguardar la estabilidad del sistema financiero”, de manera que ante una eventual situación de insolvencia se proteja a los depositantes pequeños tanto de bancos estatales como de bancos privados.
Desde la dirección de Relaciones Institucionales del Banco Nacional se expresó que para esa institución “no representa un riesgo” que la banca privada conforme su propio seguro de depósitos para sus clientes, “lo cual es muy diferente a que ellos tengan una garantía estatal”.
En una respuesta por escrito enviada a este Semanario, desde esa instancia se consideró que más bien “podría ser positivo”, pues consideran la iniciativa como una “medida sana, que podría reducir el riesgo de pérdidas para los pequeños ahorrantes, en caso de presentarse alguna situación en el banco respectivo”.
La información añade que hoy en día ya algunos bancos privados cuentan con “una suma importante, que ya han aplicado en algunos casos en beneficio de pequeños ahorrantes que han entrado en problemas”.
“REFORZAR LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO”
El economista Luis Paulino Vargas observó que la banca pública se ve afectada por “algunas de las rigideces” propias de la administración pública, lo cual la pone en desventaja con respecto a la privada que tiene mayor flexibilidad. Así, explicó que actualmente la garantía estatal a los depósitos en los bancos públicos constituye un mecanismo para contrarrestar esa desventaja.
Vargas, quien funge como director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), subrayó que la supresión de la garantía estatal de depósitos y sustitución por un seguro “le bajaría las condiciones a la banca pública, reduce el aspecto en el cual tiene ventaja sobre banca privada, sin superar las desventajas que tiene asociadas al hecho de que la administración pública les impone rigideces”.
Añadió que por ello “claramente hay un cambio en favor de la banca privada”, pues en su criterio el objetivo de ese cambio es “lograr que los depósitos migren” hacia ese sector privado.
Vargas reconoció que el establecimiento de un fondo de seguro de depósitos es “una práctica usual en muchos países”, pero subrayó que Costa Rica tiene particularidades históricas respecto a la banca, y no necesariamente lo que se aplica en otros sitios es deseable.
Añadió que la iniciativa del seguro para la banca privada es algo que “se lo vengo oyendo a gente hace mucho tiempo, sectores neoliberales. Les parece que lo que se hace en Estados Unidos se tiene que hacer aquí y la OCDE está matriculada con eso, se entienden, no hay ninguna novedad en la idea”.
Un criterio similar expresó el diputado y notorio opositor a esta iniciativa Ottón Solís, quien en primer lugar reflexionó que “el activo más importante de una institución que intermedia recursos es la confianza de que no va a a quebrar”. Destacó que precisamente hoy en día la banca estatal tiene “total confianza” porque por tener la garantía del Estado, no quiebra.
Solís expresó que si se equipara el nivel de confianza en los dos bandos, “que es lo único de ventaja que tiene la banca del Estado”, el público irá hacia la banca privada porque es más eficiente: “Las instituciones del Estado tienen un montón de obstáculos para tener el mejor personal, despedir al malo, contratar al bueno, contratar un equipo de cómputo o para hacer un edificio, son las realidades del sector público”.
Así, el legislador sentenció que la propuesta en el fondo no crea un verdadero equilibrio entre la banca pública y la privada. “Por eso me opongo tan vehementemente, porque eso significaría que en pocos años, ya nivelada la cancha, un montón de gente -si ya la garantía es igual- se pasa a la banca privada. Desaparecería la banca del Estado, todos los negocios irían a la banca privada”.
En el 2016, las ganancias de los bancos Nacional, de Costa Rica, Popular y Crédito Agrícola superaron los ¢145 mil millones, según los datos que reportaron a la Sugef.
Solís recordó que la banca estatal es de todos los costarricenses. “Si se pasa a manos del sector privado, llegan a ser poquitos dueños porque ni peones de finca, ni obreros de construcción van a ser dueños de esos bancos privados, son grandes capitales”. Añadió que el efecto final sería “reforzar la concentración del ingreso”.
Sin titubear, Solís aseveró que detrás de la iniciativa hay “intereses económicos que siempre han querido nivelar la cancha”, lo cual “ha sido una disputa perenne aquí, me he enfrentado a esos intentos toda la vida, esta no es la primera vez que lo hago. Lo que hay en la balanza son miles de millones de dólares de ganancias”.
¿ELIMINAR LA BANCA ESTATAL?
UNIVERSIDAD buscó el criterio de Javier Cascante, de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Sin embargo, luego de que en esa institución se solicitara enviar las preguntas por escrito, se informó que el tema se maneja desde el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
De igual manera se buscó criterio al respecto en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), cuya oficina de prensa informó que el proyecto de seguro de depósitos no se originó en la recomendación de la OCDE, sino que “es una iniciativa que traen desde hace varios años las autoridades del sistema financiero costarricense”.
Desde esa instancia se apuntó al respecto que la OCDE “llamó la atención” sobre el nivel de protección que tienen los ahorrantes en el sistema financiero privado en Costa Rica y la conveniencia para el sistema financiero “como un todo” de mejorar dicha protección.
Adicionalmente, se informó que los expertos de la OCDE durante sus visitas al país “conocieron de la iniciativa del seguro de depósitos propuesta por las autoridades del sistema financiero. Siendo la única propuesta formalmente planteada, ellos valoraron que esta es compatible con el principio de dar protección a todos los ahorrantes en el sistema”.
Esos expertos además “valoraron positivamente” que el tema ya sea atendido por las autoridades del sistema financiero, y que estas, “como expertas, siendo los más calificados y conocedores en el país en esta materia, estén liderando este proceso”.
Como ya se mencionó, la iniciativa de creación de un seguro bancario que cubra a la banca privada fue planteada en el país hace años, pero ha cobrado fuerza en el contexto del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, pues se apuntó la necesidad de crear ese fondo en un documento titulado “Estudios Económicos de la OCDE – Costa Rica”.
Ese documento tiene fecha de febrero del año pasado y apunta que “asimetrías normativas significativas favorecen a los bancos estatales, dificultando la competencia plena entre los bancos públicos y privados”.
Especifica que la banca estatal disfruta de la garantía del gobierno sobre los depósitos bancarios, “que los bancos privados no disfrutan”.
El análisis de la OCDE añade que “es importante que el gobierno establezca un campo de juego más nivelado en el sector bancario introduciendo un sistema de garantía de depósitos que cubra a todos los bancos y eliminando todas las otras asimetrías normativas que favorecen a los bancos estatales”.
Sin embargo, el documento va más allá y propone que “eventualmente, una vez que los bancos públicos estén operando según estándares superiores de gobernanza y desempeño corporativo, las autoridades deben valorar si, con base en razones económicas, sociales y de estabilidad financiera, se justifica o no mantener la posesión pública de una gran porción de la industria bancaria”.
El gerente del BCCR expresó que “en mi opinión, no vería este país yendo en la dirección de que elimine la banca del Estado”, pues, según dijo, el país ha tenido su propio desarrollo del sistema financiero.
Añadió que lo que el proceso de adhesión a la OCDE busca es “qué acciones se pueden tomar en pro de acercarse a esas mejores prácticas internacionales, pero en ningún momento son mandatos de la OCDE”.
¿Es necesario un proyecto nuevo?
La directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras (CBF), Annabelle Ortega, informó que esa instancia no ha sido tomada en cuenta en la elaboración del nuevo proyecto de creación de un seguro bancario, pero que “obviamente lo más recomendable sería que antes de presentarse una nueva propuesta a la Asamblea Legislativa, se consulte con los operadores y los gremios”.
Ortega más bien abogó por que se impulse el ya dictaminado proyecto No. 17.766, pues “se discutió ampliamente con reguladores y regulados durante cuatro años, por lo que no consideramos conveniente plantear un nuevo proyecto, pues el trámite legislativo por más expedito que sea requiere de consultas y discusión y por tanto no sería factible tramitarlo en el corto ni en el mediano plazo”.
Tras apuntar que la garantía del Estado para los bancos estatales y un seguro de depósitos para el sector financiero privado son compatibles, la especialista consideró que lo que le interesa a la OCDE es que los ahorrantes e inversionistas estén protegidos e insistió en que ello se logra con el mencionado proyecto No. 17.766, el cual según dijo “no favorece a ningún sector en detrimento del otro”.
“Consideramos que la aprobación del Expediente No. 17.766 nos permitiría contar con este importante mecanismo de protección y a la vez cumplir con el requerimiento de la OCDE”, concluyó.
Conflicto en las huestes PAC
La iniciativa de crear un fondo que asegure los ahorros en la banca privada generó controversia entre la fracción oficialista y Casa Presidencial.
En una carta enviada al Presidente de la República por la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), el pasado 13 de marzo, desde la primera línea se manifiesta la “rotunda oposición a que se cree un fondo financiado por los bancos públicos y privados para garantizar sus depósitos”.
Apunta la misiva que ese fondo “solo serviría para fortalecer a la banca privada”, tras lo cual subraya que esa “nivelación de la cancha” ha sido promovida “por los sectores más neoliberales del país” y que la garantía estatal de la que gozan los bancos públicos “constituye la última ventaja sobre la banca privada y creemos que debe mantenerse en el marco de los objetivos distributivos sociales y geográficos que persigue el PAC”.
La respuesta a esa carta llegó del despacho del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, con fecha del 7 de abril. El funcionario reconoció que la idea no es nueva y que tiene “objetivos mucho más amplios” que lo señalado en la carta de la fracción. Apuntó que el origen de ese tipo de medidas se dio en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BSBS, por su sigla en inglés).
Detalló que no se trata de la extensión de la garantía estatal a todas las entidades financieras, sino de la creación de un fondo que permita indemnizar a los ahorrantes. Dijo que lo que se busca es “incrementar la confianza del público en la solidez del sistema financiero”.
Al explicar la relación de la iniciativa con el proceso de adhesión a la OCDE, Alfaro detalló que para poder ingresar se requiere del visto bueno de 22 comités de la organización, uno de los cuales apuntó la necesidad del aseguramiento de los depósitos de los ahorrantes.
Específicamente se trató del Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, el cual reconoció “la intención del país de contar con un sistema de seguro que cubra todos los depósitos de ahorro, tal y como lo han venido proponiendo desde el 2010 las instituciones del sistema financiero -BCCR, Conassif y Sugef-, por lo que este estudio recomienda el avance de tal iniciativa como una buena práctica para el país, que es además consistente con las mejores prácticas internacionales en la materia”.
