La Asociación Obras del Espíritu Santo (AOES) debe ¢11,9 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por concepto de morosidad en materia laboral, y mantiene deudas ante la Municipalidad de San José, por ¢132 millones, según los registros en línea de estas entidades, con fecha 21 de noviembre.
En la Asamblea Legislativa se da trámite a un proyecto de ley que trasladará ¢162 millones que se encuentran en la Junta de Protección Social (JPS) a esta organización, que ya recibe un aporte estatal anual de alrededor de ¢215 millones, provenientes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de la JPS; y aproximadamente ¢2.500 millones anuales, por parte de donaciones privadas.
El proyecto de “Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras del Espíritu Santo” (Expediente No. 21.423) fue dictaminado afirmativamente el pasado 5 de noviembre en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea y ya puede pasar a plenario para ser votado.
Según indicó Alexander Alvarado, jefe del departamento contable de la Asociación a UNIVERSIDAD, “efectivamente adeudamos 11,9 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social que corresponde al mes de noviembre que, aclaramos venció el pasado 18 de noviembre, y nos encontramos haciendo todos los esfuerzos, como Dios manda, para estar al día pronto”.
Alvarado agregó que “es correcto que tenemos una deuda con la Municipalidad de San José, a la cual le hemos hecho formalmente y por escrito la solicitud de arreglo y forma de pago para la respectiva cancelación”. “Dicha deuda responde a la situación económica del país en general y a las limitaciones económicas de nuestra institución, donde es más lo que se necesita y gasta que los fondos que se reciben” dijo.
En un día canceló más de la mitad de la deuda
Según resumió la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), en el dictamen negativo de minoría sobre el proyecto de ley que beneficiaría a la AOES, las organizaciones no gubernamentales deben cumplir una serie de requisitos para recibir giros presupuestarios de la Junta, entre ellos, estar al día con el pago de las cuotas obrero patronales” -según establece la la Ley 8718, de la JPS.
De igual manera, estas organizaciones deben estar como patrono activo y al día o en arreglo judicial certificado por la Caja y al día con sus obligaciones ante el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), para poder recibir recursos del PANI.
En el dictamen legislativo, se consigna que al 20 de noviembre la AOES debía a la Caja ¢27 millones; pero en un día redujo su deuda a ¢11,9 millones.
Para la diputada Vega “esta Asociación ha sacado beneficios para la obtención de recursos públicos o para exoneraciones fiscales cuando se encuentra en condiciones financieras irregulares”; “no debería ser sujeto beneficiario de incentivos fiscales y, mucho menos, giros presupuestarios directos, cuando se conoce que existe morosidad y prácticas antirreglamentarias en las dinámicas presupuestarias que incluso podría estar rosando la ilegalidad”.
Alexander Alvarado, de la AOES, reconoció que estar morosos con la CCSS les impide recibir recursos de la JPS, y declaró: “al igual que toda institución de beneficencia, al no estar al día con la CCSS ninguna institución de gobierno le gira subsidio alguno, pues nosotros nunca hemos sido ni seremos la excepción”.
Sin embargo, el jueves 21 de noviembre, la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, compareció ante la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, por la investigación que se sigue de manejos de los recursos públicos destinados a la atención integral de la infancia, niñez y adolescencia.
Ante consulta de la diputada Vega, la funcionaria reconoció que la Contraloría ha aprobado presupuestos a organizaciones no gubernamentales, si se encuentran en arreglo de pago con la Caja. También respondió que después no verifican si la organización saldó su deuda.
Cinco iniciativas de ley previas
La Asociación se describe como “una institución de bien social, de inspiración católica, en pro de la dignificación y la promoción humana, para la población en vulnerabilidad social, dentro y fuera del territorio nacional; sin distingo de credo religioso, nacionalidad, raza o lengua”.
Atiende a alrededor de 70.000 personas, de las cuales 52.000 son menores de edad en condición de pobreza. Trabaja en numerosas áreas y desarrolla 14 actividades comerciales. Tiene comedores para menores, madres jefas de hogar, adolescentes, adultos y adultos mayores; y comedores ambulantes para llevar alimentos a personas en condición de calle y precarios. Distribuye “diarios” a familias en alto riesgo social y apoya con alimentos a diversas organizaciones de bien social. Opera el Centro Educativo de la Alegría, guarderías, un kínder, un centro de cómputo y una biblioteca. Tiene consultorios médicos, jurídicos y espirituales y seis albergues, entre otras cosas.
De acuerdo con la diputada Vega, anteriormente se han presentado cinco iniciativas de ley que pretendían girarle recursos públicos a la AOES.
