Jorge Araya García, el magistrado recién elegido por 38 diputados para ocupar una de las plazas vacantes de la Sala Constitucional, fue oficialmente juramentado la tarde de este jueves en la Asamblea Legislativa, lugar en el que aseguró vehementemente que su nombramiento no estuvo condicionado a la posición que mantendrá de cara al plan fiscal, del que ya hacen fila tres consultas constitucionales hechas por los congresistas en el tribunal del que será parte.
“Absolutamente nadie me ha llamado. Ni pedí favores ni me los ofrecieron, lo digo categóricamente. No suelo hacer lobbies, no suelo pedir favores y, por las circunstancias de la vida, tampoco me los ofrecieron. No me ofrecieron apoyos previos, de tal manera que entro con mi único compromiso de defender la Constitución, los valores y los principios”, aseguró.
El nombramiento de Araya ocurrió ayer miércoles tras dos rondas de votaciones sin consenso entre los diputados, en medio de una movida inusual en la que diputados del PLN, del PAC y de otras fracciones se habrían sumado para elegirlo a pesar de que no era uno de los candidatos recomendados por los exdiputados de la legislatura anterior.
Además, fue el primero de una serie de nombramientos que realizarán los congresistas en las próximas semanas y ocurrió justo a pocas semanas de que la Sala Constitucional deba resolver las consultas referentes al plan fiscal, impulsado en el Congreso por la bancada del PAC, 15 diputados del PLN, ocho del PUSC y otros dos de partidos minoritarios.
García defendió su nombramiento y aseguró que nada tuvo que ver la decisión que deberá tomar la Sala Constitucional en las próximas semanas, y más bien afirmó que “cuando en sus distintas modalidades se eligen a los magistrados para los tribunales o las cortes del mundo, siempre van a tener dificultades de escoger el momento adecuado”.
Araya aspiraba por el puesto que dejó Gilberth Armijo desde octubre de 2015, mes desde el que la Asamblea Legislativa acumulaba una mora de tres años para llenar ese espacio.
En esa línea, Araya señaló que el nombramiento simplemente ocurrió cuando tuvo que ocurrir y que —desde su punto de vista— en nada se relacionó con el plan fiscal, pues lo cierto es que “los tribunales constitucionales en el mundo siempre tienen un tema de alta complejidad”.
“Esta es una situación que usted se va a encontrar en Colombia, en España, en Francia… los tribunales constitucionales siempre van a tener un tema que es muy polémico y Costa Rica no es la excepción (…) hoy es el plan fiscal y también tenemos el tema de las pensiones, pero en el pasado fue el TLC o Crucitas, más atrás la reelección presidencial y, si usted se pone a ver la agenda de la Sala, siempre ha tenido tres, cuatro o cinco temas de una alta complejidad y sumamente polémicos a nivel nacional”.
Sobre el plan fiscal, además, no quiso referirse: “Por supuesto que no puedo hablar sobre ese tema porque es un tema que vamos a resolver a finales del mes de noviembre. No me puedo referir a ese tema porque ese es un tema que es objeto de una de las consultas, por imperativo de ley no puedo adelantar criterio porque me tendría que inhibir de conocer la consulta que han presentado los señores y las señoras diputadas, si no me encantaría”.
Apenas minutos antes de ser juramentado —cuando le recibieron los diputados secretarios del Directorio legislativo— se limitó a decir a los congresistas que está “muy consciente del momento de responsabilidad en tiempos altamente atípicos”.
Pasado liberacionista
Araya también habló con este medio sobre su pasado liberacionista como viceministro de Gobernación y de la Presidencia en el gobierno de José María Figueres (1994-1998); así como sobre el periodo en el que fue asesor legislativo del exdiputado Mario Carvajal (mayo de 1986 – setiembre de 1989), a quien llamó “su amigo”.
Ese segundo puesto, de hecho, lo desempeñó hasta que salió del país para estudiar Derechos Constitucional en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.
Según Araya, se trató de trabajos que desempeñó con “honestidad, responsabilidad y mucha mística”; sin embargo, subrayó que de ese momento ya pasaron varios años y que “la vida pasa muy rápido”.
Araya, además, es doctor en Derecho de la Escuela Libre de Derecho desde el año 2007 y en los últimos años se desempeñó como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2005. También trabajó en bufetes privados, Unesco, la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y otras dependencias ejecutivas en el primer gobierno de Arias.
El nombramiento de Araya fue criticado por diputados opositores al plan fiscal como el frenteamplista José María Villalta, quien afirmó que el motivo de la votación era tener un “plan B” afín al plan fiscal si no sumaban los votos necesarios para elegir a sus magistrados favoritos.
“Ya el PUSC, PLN y una parte del PAC lo tenían cocinado por lo menos como plan B. Si no salía un candidato que apoyaban un candidato que apoyaban, iban por este candidato. Ya de alguna manera lo tenían conversado desde el momento en que decidieron acelerar la votación. Se cuidaron de elegir a uno que apoya el plan fiscal, no me cabe la menor duda”, afirmó este miércoles.
